Las investigaciones sobre de la toma del Palacio de Justicia, episodio violento que transformó la historia de Colombia, vuelven a ocupar el centro del debate público. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, subrayó que las pesquisas para determinar la participación del cartel de Medellín en el hecho quedaron inconclusas.

“Jamás se adelantó, prosiguió o culminó investigación alguna contra los miembros del cartel de Medellín por las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y por la presunta participación en la autoría intelectual y/o financiación de la toma del Palacio de Justicia”, sostuvo en un evento que se llevó a cabo en la Universidad del Externado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Y agregó: “El Estado fue condenado por sus omisiones y excesos, pero muchos de los responsables nunca fueron investigados. Hay verdades que aún permanecen en la penumbra. No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido”.

En reacción a las opiniones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez planteó en sus redes sociales una propuesta legislativa que busca modificar el tratamiento judicial de los militares involucrados en aquel operativo de noviembre de 1985.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario anunció que solicitará a la bancada del Centro Democrático impulsar en el Congreso una iniciativa que otorgue a estos uniformados “todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”, abarcando incluso a quienes ya han fallecido.

De igual manera, el líder político del Centro Democrático enfatizó la necesidad de que el texto legal que se proponga no comprometa el honor militar, al tiempo que lamentó la tardanza de esta iniciativa. En sus palabras: “Debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia”, escribió Uribe Vélez en la citada red social. Su planteamiento se orienta a reivindicar a los miembros de la Fuerza Pública que fueron procesados por su participación en la retoma del Palacio de Justicia, un episodio que resultó en la muerte de magistrados, empleados judiciales y civiles.

El exmandatario también precisó que, de prosperar la medida, esta no supondría desconocer los derechos de las víctimas ni las obligaciones del Estado colombiano. “Para no afectar las víctimas, la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar”, reafirmando que la propuesta no busca eximir al Estado de sus compromisos legales y morales.

En este contexto, volvió a tener relevancia una entrevista que Belisario Betancur concedió en 2010 a la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia, en la que habló durante más de tres horas sobre su gobierno, la política de paz y las decisiones tomadas en torno a la crisis del Palacio.

En dicha conversación, el exmandatario reconoció errores, explicó los desafíos de su gestión y reflexionó sobre las tensiones con las fuerzas armadas. Durante su intervención ante la Comisión, Betancur comenzó relatando su llegada al poder en 1982 y el cambio que quiso implementar en la política de paz:

“Al llegar yo al Gobierno en 1982 encontré que la política de paz llevaba ya muchos años sin que se hubiera avanzado mayor cosa, con la metodología que se traía, y entonces opté por un cambio de metodología. Ese cambio de metodología consistió en devolverle el poder a la palabra. En llano, tratamiento militar primero y después diálogo, si no diálogo de entrada”, afirmó en el video de la entrevista revelado por El Tiempo.