
Los dos soldados del Ejército Nacional que habían sido liberados pocas horas antes en el área de San Juan de Lozada, entre los departamentos de Meta y Caquetá, volvieron a ser retenidos por la comunidad local.
Según confirmaron fuentes de la institución castrense a Infobae Colombia, los uniformados apenas llegaron al punto de encuentro donde una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA) intentaba trasladarlos. En ese momento, la comunidad intervino y los retuvo nuevamente, movilizándolos unos 22 kilómetros a otro lugar.
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La liberación inicial se había pactado con la mediación de un sacerdote y la participación de observadores internacionales. Sin embargo, la entrega quedó truncada cuando los habitantes de la zona impidieron su finalización.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente a este medio, los soldados, “no alcanzaron a llegar y la comunidad vuelve y secuestra a los soldados. Y ahora exigen que la mesa de negociación que tiene el Gobierno con las disidencias allá en el Meta se desplace hasta donde ellos están”.
Condiciones de la comunidad para la nueva entrega
Las exigencias de la comunidad fueron difundidas a través de un comunicado oficial de la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí (Corpoyari), compuesto por representantes de 60 Juntas de Acción Comunal de la región de El Oasis.
El documento, al que tuvo acceso Infobae Colombia, explica que el trasfondo de estos hechos radica en un operativo realizado el 3 de noviembre en la finca Villa Valentina. Durante la operación fue capturada Liceth Daza Hoyos, que se encontraba presente en el lugar.
“Por este motivo, como prenda de garantía, las comunidades realizaron la detención de dos soldados en lugar”, señala el comunicado. La organización campesina sostiene que Daza Hoyos no era el objetivo del procedimiento policial ni figura como propietaria del predio intervenido.
Además, subrayaron que es madre cabeza de hogar con tres hijos menores bajo su custodia y argumenta su vulnerabilidad.

Por escrito solicitaron a las autoridades la “presencia inmediata de las delegaciones de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunidades, con el fin de mediar en la situación (sic)”. También piden que Liceth Daza Hoyos esté incluida en “cualquier proceso de negociación relacionado con la liberación de los soldados, en reconocimiento de su condición”.
Exigencias de canje y participación en las negociaciones
Las comunidades insisten en que la situación se destrabe mediante una negociación directa en el nuevo lugar donde se encuentran los uniformados retenidos. Además de la presencia de la Mesa de Diálogo, demandan que la mujer capturada durante el operativo sea llevada hasta ese punto para un canje, o como parte del proceso de mediación.
“Que la mujer que capturaron en flagrancia el día que secuestraron a los soldados tienen que llevarla allá para hacer una especie de canje”, puntualizó la fuente militar contactada por Infobae Colombia.
Las Juntas de Acción Comunal invocan el respeto a los derechos fundamentales tanto de los soldados recluidos como de la mujer detenida, solicitando a todas las partes una pronta respuesta con “sensibilidad, compromiso y voluntad de diálogo”.

Las delegaciones de la Mesa de Diálogo mantienen contacto con los representantes regionales, pero hasta el momento no se conoce si accederán a trasladar la mesa hasta el punto solicitado, ni si la petición de incorporar a Liceth Daza Hoyos en el proceso tendrá respuesta.
Entre tanto, el Ejército Nacional exigió la liberación inmediata de sus hombres “ y el respeto por su vida e integridad”. La situación sigue en desarrollo y las próximas horas serán determinantes para el curso y eventual desenlace de la crisis.
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