Ministerio de Defensa identificó la minería ilegal y el narcotráfico como motores del aumento de grupos armados en Colombia

El Ministerio de Defensa atribuyó el crecimiento de las organizaciones criminales a las finanzas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico, mientras advierte que el fortalecimiento de estas economías ilícitas permite a los grupos armados expandirse en distintas regiones, pese al incremento de las operaciones militares.

Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, señaló que la minería ilegal y el narcotráfico impulsaron la expansión de los grupos armados organizados en el país.

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De acuerdo con el diagnóstico compartido por el funcionario, las finanzas provenientes de estas economías ilícitas facilitaron la capacidad de recuperación y fortalecimiento de las organizaciones ilegales. Las declaraciones se produjeron durante una salida a medios tras su participación en el encuentro Industry Day, España + Colombia, en Bogotá.

Con base en los datos de organismos de inteligencia citados por El Tiempo, el número de integrantes de estos grupos pasó de 21.958 a 25.278 en los últimos seis meses, lo que representa un aumento del 15 % a nivel nacional.

El ministro Sánchez explicó que la minería ilegal, más allá de ser un fenómeno delictivo, involucra aspectos sociales y económicos que los grupos armados aprovechan para ganar influencia en las comunidades.

Según el funcionario, “detrás de la minería ilegal hay un problema social, un problema económico. Estos grupos están utilizando a la población para oponerse a la fuerza pública”, una afirmación que muestra cómo las organizaciones criminales buscan incidir en el tejido social para dificultar la labor estatal en las zonas afectadas.

La presencia de economías ilegales consolidó a estas actividades como la principal fuente de subsistencia en algunos territorios, generando obstáculos para las operaciones de control y presencia institucional.

Sánchez indicó que estas dinámicas complicaron las acciones del Estado, ya que las comunidades, en ocasiones, se ven presionadas o cooptadas por los actores criminales.

Pese al fortalecimiento de los grupos armados, la fuerza pública incrementó su ofensiva en un 20% durante 2025, una estrategia encaminada a contener el avance de las organizaciones y afectar sus finanzas.

Pedro Sánchez enfatizó que, de no haberse realizado estos operativos, el nivel de riesgo para la seguridad de la población habría alcanzado niveles mucho mayores.

“Este año hemos incrementado en un 20% más la afectación de estos grupos criminales”, aseguró el ministro, y agregó: “Si no lo estuviéramos haciendo, tendríamos un poder criminal enorme que estaría afectando la seguridad de los colombianos”.

A pesar del aumento de la presión estatal, algunas regiones, como el departamento del Cauca, muestran resultados mixtos. Sánchez destacó que los homicidios y el reclutamiento de menores disminuyeron, al igual que las masacres, que se redujeron a la mitad en ese territorio.

“El homicidio se ha reducido, el reclutamiento de menores también se ha reducido, las masacres se redujeron a un 50% en esa región del país, pero persiste esta amenaza criminal”, puntualizó.

El jefe de la cartera de Defensa subrayó que el desmantelamiento de las economías ilícitas y la atención a los factores sociales subyacentes son medidas esenciales para frenar el avance de los grupos armados.

Sánchez recalcó que el desafío no se limita únicamente a las acciones militares, sino que requiere una presencia integral del Estado para modificar las condiciones que han permitido la expansión de las organizaciones criminales.

El Tiempo también informó que según las más recientes cifras oficiales, el crecimiento de estos grupos se sustenta, entre otros factores, en las dificultades que enfrenta la autoridad pública para ejercer control en zonas donde las economías ilegales se han asentado como alternativa para la población local.

El funcionario reiteró que la estrategia oficial prioriza afectar las finanzas ilegales, reforzar la presencia de la fuerza pública y ejecutar acciones coordinadas con otras entidades gubernamentales para modificar el entorno social y económico en los territorios intervenidos.