Exembajador de Estados Unidos en Colombia recordó cómo vivió la toma al Palacio de Justicia: “Fue una situación muy desagradable”

La toma del Palacio de Justicia en Bogotá, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, dio inicio a un episodio de violencia que dejó profundas cicatrices en la historia reciente de Colombia.

Durante esos días, un enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y la guerrilla del M-19 culminó con la destrucción total del edificio y la muerte de un número considerable de personas, cuyas cifras exactas aún generan debate.

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Con el paso de los años, varias personalidades nacionales y extranjeras han narrado su experiencia ante la violencia registrada en la capital colombiana.

Uno de ellos fue Charles Anthony Gillespie Jr., exembajador de Estados Unidos en Colombia entre 1985 y 1988 que, en una entrevista concedida al historiador norteamericano Charles Stuart Kennedy en septiembre de 1995, reveló los momentos de tensión que afrontó el diplomático durante el holocausto.

Inicialmente, el hoy fallecido funcionario estadounidense aseguró que, antes de asumir el cargo como embajador en Bogotá, ya había notado la influencia de los grupos narcotraficantes en el conflicto colombiano, recalcando que ello superaba cualquier ficción literaria o cinematográfica.

“Las creaciones ficticias de Tom Clancy y otros, y la forma en que se ha retratado a estos narcotraficantes en el cine, si bien exageradas en algunos aspectos, no distaban mucho de la realidad que vimos en Colombia. Estos narcotraficantes eran hombres y mujeres que no tenían reparo alguno en exterminar o arrebatar vidas si eso les convenía”, declaró el exembajador en su momento.

Incluso, Gillespie relató la forma en la que el Cartel de Medellín adoptó la figura de sicarios jóvenes, en su mayoría provenientes de la calle, que eran reclutados y entrenados para asesinar. “Se les daba un arma y salían en motocicleta, se acercaban a la víctima y disparaban a quemarropa, muchas veces cuando el vehículo estaba detenido en un semáforo. Si el auto no tenía blindaje, era el final para la víctima”, explicó.

Además, rememoró que Tom Boyatt, embajador de EE. UU. en Colombia entre 1980 y 1983, decidió cerrar los consulados en Medellín y Cali por motivos de seguridad, una medida que Gillespie consideró justificada dada la fortaleza de los carteles en esas regiones. Durante su gestión, Gillespie solo realizó dos visitas a Medellín y nunca pernoctó allí, ya que no se consideraba seguro.

El deterioro de la situación se aceleró tras la decisión del presidente Belisario Betancur en 1984 de autorizar la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Esta medida provocó una reacción violenta en Medellín, encabezada por Escobar y su entorno, que incluyó el asesinato del ministro de Justicia y un atentado con bomba cerca de la embajada estadounidense.

Gillespie recordó que la tensión se extendió a Bogotá, donde incluso la escuela estadounidense recibió amenazas, lo que contribuyó a un clima de extrema inseguridad.

“En 1984, explotó una bomba cerca de la Embajada de Estados Unidos. Se profirieron amenazas contra la Escuela Americana, con todas las consecuencias que hemos descrito. Esto puso a Colombia en una situación de gran tensión”, indicó.

En agosto de 1985, Gillespie llegó a Bogotá para asumir el cargo como representante diplomático de Estados Unidos en Colombia, asegurando que se encontró con un país al borde del colapso institucional.

“Llegué a Bogotá en agosto de ese año y pasé el mes de septiembre familiarizándome con la zona y conociendo un poco el terreno”, manifestó.

No obstante, tres meses después de su llegada, se presentó la Toma al Palacio ubicado en el centro de Bogotá, y aunque manifestó que, al conocer los hechos, no tenía información sobre los responsables, después identificó que era el Movimiento 19 de Abril o M-19, mismo grupo guerrillero que había secuestrado al exembajador Diego Asencio durante la Toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de 1980.

“Esto ocurría a mediados de la década de 1980. El término «situación de rehenes» estaba muy de moda entonces. En este caso, se refería a la toma de un edificio del gobierno colombiano por personas armadas. Había tiroteos. Nadie sabía con exactitud qué estaba sucediendo. Sin embargo, se trataba de una verdadera crisis”, indicó.

Tras conocerse el ataque al Palacio de Justicia, el exembajador informó al Gobierno norteamericano sobre el hecho, y recordó la política frente al terrorismo y los secuestros por parte de Washington.

“En esas circunstancias, por supuesto, Estados Unidos tenía una postura política muy definida sobre terrorismo, secuestros y toma de rehenes. Por lo tanto, informamos de esta situación a Washington. El Departamento nos pidió que siguiéramos de cerca la evolución de la situación. Estaba autorizado a ofrecer al Gobierno colombiano toda la asistencia que necesitara, dentro de lo razonable, para ayudarle a afrontar la situación. Queríamos saber cómo iba a manejarla el Gobierno colombiano, qué medidas iba a tomar, y luego ver cómo podíamos ayudarle”, explicó.

Posteriormente, el exembajador evocó que, en medio de la tensión, solicitó una cita con el entonces presidente colombiano Belisario Betancur, donde le expresó su respaldo con las capacidades necesarias de Estados Unidos para afrontar la situación.

“Siguiendo instrucciones, ofrecí específicamente comunicaciones u otro equipo técnico —no tropas armadas ni nada parecido, aunque sí mencioné que podíamos poner a su disposición expertos en terrorismo y situaciones de rehenes— si lo deseara. Estábamos en contacto con el Comando Sur (Southcom), el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Panamá, que contaba con personal en su cuartel general bastante capacitado, o supuestamente capacitado, para manejar este tipo de situaciones”, comentó.

Gillespie mantuvo un diálogo directo con el mandatario y su jefe de gabinete, que coordinaba la gestión de la crisis, pero no dudo en calificar lo sucedido en el Palacio de Justicia como “desagradable”.

Las demandas y amenazas de los insurgentes se sucedieron mientras se reportaban ejecuciones de magistrados dentro del Palacio. “Era evidente, por las comunicaciones interceptadas durante la ocupación, que quienes estaban en el edificio estaban ejecutando personas”, relató Gillespie.

Finalmente, recordó la forma en la que conoció cuando el Ejército ingresó al edificio. “La represión terminó cuando el ejército colombiano atacó el Palacio de Justicia, entrando por los tejados, la puerta principal y cualquier abertura disponible en el edificio. Incluso utilizaron tanques (…) más de 100 personas perdieron la vida”, apuntó.

Tras el holocausto, Charles Anthony Gillespie Jr. indicó que, en representación del Gobierno de los Estados Unidos, indagaron sobre los motivos por los que se produjo la Toma al Palacio de Justicia.

“Con el tiempo, se hizo bastante evidente que esta acción podría haber tenido un contenido revolucionario o rebelde por parte del grupo M-19. Sin embargo, existían pruebas contundentes de que Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, así como quienes se oponían a su extradición a Estados Unidos, estaban involucrados”, mencionó.

Igualmente, detalló que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de la época, sostuvo una conversación privada en la que le alertó sobre su vida en el país.

“El Presidente del Tribunal Supremo se acercó a mí en privado, casi en secreto, para decirme: «Tiene que sacar a mi familia de aquí. Ustedes en Estados Unidos deben ayudarme. No tengo adónde ir». Traía consigo una cinta de audio que le habían enviado los narcotraficantes, en la que se oían las voces de su esposa e hija hablando por teléfono. El mensaje era claro: «Como ve, sabemos exactamente dónde está su familia. Si no actúa a nuestro favor, no volverá a ver a su esposa ni a su hija. Nos encargaremos de ellos»”, dijo.

Ante esta situación, la embajada estadounidense facilitó la salida del magistrado y su familia, al lograr establecerse en el extranjero y mantenerse a salvo.

Por último, Gillespie reconoció que nunca se pudo determinar con certeza el grado de control ejercido por los civiles o los militares durante la crisis, ni el alcance de la revisión histórica de los acontecimientos, lo que dejó el episodio abierto a nuevas interpretaciones y sin un cierre definitivo.