El concejal de Bogotá Daniel Briceño elevó una denuncia pública sobre el manejo de recursos durante la organización de eventos oficiales en el país.
A través de su cuenta de X, Briceño criticó el gasto asociado a la fallida realización del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), que no se llevó a cabo el año pasado.
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“Petro no asistió al evento por una ‘gripa’; el evento no se realizó pero los colombianos pagaron $2.328.225.145 por la logística que se perdió”, aseguró Briceño en su publicación.
El concejal agregó que este año el evento fue contratado nuevamente, esta vez por un monto mayor: “Este año volvieron a contratar el mismo evento por $3.997.805.444”.
Briceño señala que la falta de justificación sobre el uso de estos recursos públicos debe ser investigada. “¿Quién responde por la plata que se perdió?”, preguntó en su mensaje.
Esa misma inquietud la trasladará a los organismos de control financieros del país. “Vamos a acudir a la Contraloría para que investigue”, afirmó el concejal.
Por último, el representante distrital resaltó que los eventos programados con fondos públicos que exigen transparencia y eficiencia.
Daniel Briceño denunció exceso de “burocracia” en entidad vinculada al PAE y le tiró pulla a MinDefensa: “Convirtió la plata de la comida de los niños en un fortín burocrático”
El concejal Daniel Briceño lanzó un fuerte cuestionamientos en las últimas horas sobre el aumento en la contratación de personal en el programa Alimentos para Aprender, señalando posibles excesos y desviaciones en el manejo de fondos destinados a la formación y bienestar infantil en Colombia.
En su intervención, el cabildante calificó el crecimiento en el número de empleados como un “exceso de burocracia”, al referirse a la expansión registrada en el área de apoyo y asesoría técnica.
“Esta contratación de personal en esta unidad, que únicamente es de apoyo y asesoría técnico, aumentó en un novecientos tres por ciento”, afirmó Briceño.
Según los datos presentados, tan solo entre 2024 y 2025 las órdenes de prestación de servicios crecieron 197%, mientras que el valor de los contratos subió en 109%.
El concejal detalló que estos aumentos representan una tendencia preocupante, al implicar una mayor concentración de recursos en gastos administrativos.
Briceño expresó su inquietud por la gestión de los recursos públicos, particularmente aquellos destinados a la alimentación de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
“¿Cuántas raciones de comida se pueden pagar con catorce mil millones de pesos que usted está gastando en politiquería a través de Alimentos para Aprender?”, preguntó Daniel Briceño, haciendo alusión a los fondos utilizados en contratos y nuevos cargos, que según él deberían canalizarse prioritariamente hacia el bienestar de la infancia.
El concejal sostuvo además que la situación resulta aún más grave teniendo en cuenta los recientes llamados de atención de la Contraloría.
La entidad de control fiscal ha alertado acerca de la insuficiencia de presupuesto disponible para asegurar que todos los niños y adolescentes que dependen de comedores escolares reciban su alimentación de manera adecuada y continua.
En ese contexto, Briceño denunció que las políticas actuales del Ministerio de Educación estarían desviando recursos de su objetivo principal para favorecer la creación de cargos y pagos por servicios profesionales no vinculados directamente a las necesidades pedagógicas o alimenticias de los menores.
En su intervención pública, el cabildante también mencionó la falta de claridad y transparencia en los criterios utilizados para estas contrataciones y sus posibles consecuencias.
“El señor ministro de Educación, a través de Alimentos para Aprender, convirtió la plata de la comida de los niños en un fortín burocrático”, dijo, insistiendo en la necesidad de que el ministro Aurora Rojas responda a la ciudadanía con explicaciones detalladas.
Briceño demandó una auditoría exhaustiva sobre la gestión del programa, así como la publicación de los resultados, para restablecer la confianza en la administración gubernamental y garantizar que los recursos federales lleguen efectivamente a los niños más necesitados.
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