Carlos Medellín alertó por un “desequilibrio judicial” entre exintegrantes del M-19 y militares juzgados por la retoma del Palacio de Justicia

Durante la inauguración de la exposición “Rostros, huellas y voces” en la Universidad Externado de Colombia, el abogado y exministro Carlos Eduardo Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, asesinado en los hechos del Palacio de Justicia, se refirió a la forma en que el Estado colombiano resolvió las responsabilidades judiciales derivadas de la tragedia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“Los desmanes y delitos que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia, esos sí tuvieron investigaciones y juzgamientos. Se condenó al Estado, por ejemplo, se hicieron investigaciones penales y hasta hay un general de la República en la cárcel”

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Y agregó: “Ese desequilibrio no es bueno para el país. Yo ya alguna vez, hace muchos años, dije: ‘¿Por qué no se promueve una ley de amnistía y de indulto para todos con verdad, justicia y reparación? Pero para todos, porque si no va a haber un desequilibrio, que es lo que estamos viviendo hoy: unos en la cárcel y otros en el gobierno’”, señaló Medellín ante estudiantes y asistentes al homenaje.

Sus palabras aludieron directamente a la diferencia entre el tratamiento jurídico que recibieron los exmiembros del Movimiento 19 de Abril (M-19), responsables de la toma del Palacio, y los militares involucrados en la retoma.

Y es que, cuatro años después de la tragedia, en 1989, la jueza 30 de instrucción criminal, Uriella Maya, dictó un histórico auto de detención contra toda la cúpula del M-19, incluyendo a Antonio Navarro Wolff, Vera Grave, Ever Bustamante y Gustavo Petro, por delitos de terrorismo y homicidio relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.

Esa decisión judicial representó el intento del Estado por llevar ante los tribunales a los responsables de la incursión armada que dejó más de cien muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y decenas de desaparecidos.

Sin embargo, el proceso no avanzó, pues pocos meses después el Congreso de la República aprobó la Ley 77 de 1989, que concedió amnistía e indulto a los exguerrilleros del M-19 que se desmovilizaron y firmaron la paz con el Gobierno de Virgilio Barco Vargas. Con esa ley, las órdenes de captura fueron suspendidas, los procesos penales archivados y los exintegrantes del M-19 reincorporados a la vida civil y política.

Algunos de ellos, como Antonio Navarro y Gustavo Petro, ocuparon posteriormente altos cargos de elección popular, entre ellos alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República. En contraste, durante las décadas siguientes, fiscales y jueces reabrieron procesos contra varios miembros de las Fuerzas Militares, alegando excesos en la retoma del edificio.

En esos juicios fueron condenados altos mandos del Ejército y el Estado fue declarado responsable en distintas sentencias del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el mismo evento, el exministro de Justicia Yesid Reyes, hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, también recordó el legado de su padre y su incansable búsqueda de la paz.

“La historia de Colombia ha sido desafortunadamente una historia de violencia. Desde que mi padre era estudiante en el colegio vivió la violencia, estudió Derecho en el Externado e hizo su tesis de grado sobre la violencia en el Tolima y Sumapaz. Y, como han recordado hoy varias veces, hizo lo posible desde la academia y desde la Corte Suprema de Justicia y desde el Viceministerio de Justicia por buscar la paz. Y esa grabación de la que hoy escuchamos algunos fragmentos era una invocación más a la paz en Colombia”, afirmó Reyes, refiriéndose a la conocida grabación en la que, en medio de la toma del Palacio de Justicia, pide un “cese al fuego” al entonces presidente Belisario Betancourt.

Consultado sobre cómo ha cambiado la justicia en estas cuatro décadas, señaló: “La justicia se transforma diariamente, mejoran muchísimos aspectos, tenemos jueces muy bien formados, tenemos mucha tecnología al servicio de los jueces, pero sobre todo sigue siendo uno de los poderes que más se esfuerzan en hacer su trabajo, que más sufre con el trabajo que realiza y que probablemente es menos valorado por la ciudadanía”.