Petro se queda sin tiempo para que el Congreso le apruebe los nuevos impuestos que quiere cobrarle a los colombianos

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una cuenta regresiva en el Congreso de la República para lograr la aprobación de la reforma tributaria, una iniciativa que busca recaudar $16,3 billones y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.

Con solo entre 12 y 18 sesiones ordinarias restantes en el calendario legislativo de este año, la administración se encuentra bajo presión, debido tanto a los plazos ajustados como a la resistencia política y a las críticas de expertos, quienes han advertido con dureza sobre los riesgos económicos y sociales de la propuesta.

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Y es que el proceso formal para la discusión de la reforma tributaria se activó el 1 de noviembre de 2025, fecha en la que se designó el equipo de coordinadores y ponentes encargado de redactar la ponencia para el primer debate.

Desde ese momento, según explicó la abogada Juliana Ocampo, máster en Administración de Empresas (MBA) por la MIT Sloan School of Management, a El Colombiano, el Congreso dispone de 15 días para presentar el documento, lo que fija como fecha límite el 15 de noviembre.

El plazo es muy relevante, ya que la iniciativa debe superar cuatro debates y obtener la sanción presidencial antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, previsto para el 16 de diciembre. Si el articulado no logra avanzar en ese lapso, el Gobierno tiene la facultad de convocar sesiones extraordinarias, una alternativa que se contempla ante la posibilidad de que la falta de voluntad política impida el uso efectivo de todos los días hábiles restantes.

El calendario legislativo indica que las Comisiones Económicas suelen sesionar entre dos y tres veces por semana, lo que deja un margen de entre 12 y 18 sesiones ordinarias para tramitar el proyecto de ley durante lo que resta del año. Si se considera el periodo hasta el 20 de junio de 2026, el Congreso dispondría de 231 días calendario, de los cuales 124 corresponden al próximo semestre.

En términos de días efectivos de sesión, esto equivale a entre 48 y 72 jornadas disponibles; sin embargo, la urgencia del trámite exige que la mayor parte del proceso se resuelva antes de que finalice 2025.

La importancia de la nueva reforma tributaria radica en su papel central para la estabilidad fiscal del país. El proyecto original, presentado el 1 de septiembre de 2025, contemplaba un recaudo de $26 billones, pero tras el trámite presupuestal en el Congreso, la cifra se redujo a $16,3 billones.

Dicho ajuste responde a la necesidad de cubrir el déficit dejado por la caída de la ley de financiamiento de $12 billones en diciembre de 2024, que dejó desfinanciado el presupuesto de 2025. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que, de no aprobarse la nueva reforma, el monto previsto se congelaría, con lo que se repetiría el escenario de déficit y se comprometería la ejecución de las políticas públicas del Gobierno Petro para el próximo año.

Así las cosas, la lista de coordinadores y ponentes adquiere especial relevancia. Los coordinadores designados para liderar la discusión en la Comisión Tercera de la Cámara son Wilmer Castellanos (quien además preside la comisión), Saray Robayo, Jorge Bastidas, Kelyn González y Carlos Arturo Vallejo. Como ponentes figuran Diógenes Quintero, Katherine Miranda, Ángela María Vergara, Carlos Alberto Cuenca, María Elamar Pizarro y Olmes de Jesús Echeverría.

El ambiente político, sin embargo, no resulta favorable para el Gobierno. Desde la presentación del proyecto, numerosos congresistas mostraron su rechazo al argumentar que la solución a la apretada situación fiscal no pasa por aumentar la carga tributaria, sino por recortar el gasto público.

Dicha postura demuestra la baja voluntad política que podría limitar el uso de los días de sesión disponibles y dificultar la consecución de las mayorías necesarias para aprobar la reforma.

Las críticas más contundentes provienen de figuras como el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño.

Gaviria, por medio de un video, calificó la reforma como “altamente inconveniente por varios motivos”, y argumentó: “Afecta, y el principal, el bolsillo de los colombianos. Está afectando con el IVA bienes de consumo. Además, aumentando el impuesto a los combustibles, lo que aumentará los costos de transporte y, por supuesto, de muchos bienes de consumo de las personas más vulnerables económicamente”.

El exgobernador también cuestionó el impacto sobre sectores productivos y culturales, y añadió: “Tal vez lo que me parece más negativo de la reforma es que no es una reforma para avanzar a tener más recursos para inversión, sino para tapar los huecos que está dejando en el Gobierno el despilfarro y la generación de cuantiosa burocracia”.

Por su parte, Londoño instó a las Comisiones Económicas de Cámara y Senado a rechazar la iniciativa, al afirmar: “Todo el sector productivo del país debe solicitar a las comisiones económicas de Cámara y Senado negar la reforma tributaria del gobierno que acaba con la inversión, aumenta el costo de vida, destruye el sector extractivo y nos condena al estancamiento económico”.

En medio de este panorama, la advertencia de Londoño resalta el riesgo de que la reforma provoque un deterioro en el sector extractivo, con repercusiones tanto para la ciudadanía como para las finanzas públicas del país.