En Nariño, técnicos en antiexplosivos del Grupo Marte del Ejército Nacional de Colombia, acompañados por observadores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), completaron la eliminación de 14 toneladas de explosivos que fueron entregados por las disidencias conocidas como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).
Según informó Blu Radio, el operativo tuvo lugar en el sector rural de La Laguna, municipio de Roberto Payán, como parte de los compromisos alcanzados en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
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La intervención incluyó la destrucción de granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, morteros caseros y cientos de minas antipersonal. El material bélico inutilizado representa uno de los decomisos más importantes en la región en los últimos años.
Los explosivos: una amenaza que cede ante los pactos de paz
De acuerdo con el capitán Mahecha, jefe del Grupo Marte, entre los artefactos destruidos había numerosas minas antipersonal y granadas que pudieron haber sido utilizadas para atacar a la fuerza pública mediante sistemas aéreos no tripulados.
El oficial aseguró al medio citado que “las minas antipersonales destruidas son artefactos muy peligrosos que no distinguen entre la población civil y la fuerza pública”, y sostuvo que estas acciones ayudan a preservar vidas en las áreas donde mantiene presencia el Ejército Bolivariano.
La destrucción de las últimas toneladas de material de guerra ocurrió bajo estrictas condiciones de seguridad, en cumplimiento del acuerdo número 12 firmado entre el Gobierno nacional y la Cneb.
De acuerdo con el cronograma fijado en la mesa de diálogo, las partes volverán a reunirse en Tumaco, en la costa pacífica de Nariño, el martes 4 de noviembre para avanzar en la definición de protocolos que permitirán establecer zonas de capacitación y ubicación temporal para excombatientes.
El impacto regional: antecedentes inmediatos en Tumaco
El operativo en Roberto Payán sigue a otro procedimiento de alto perfil registrado hace menos de una semana en la vereda El Nortal, municipio de Tumaco, también en Nariño.
Allí, el Ejército Nacional, con tropas del Batallón de Selva n.° 53 y el respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, eliminó 6,5 toneladas de explosivos y componentes utilizados para la fabricación de artefactos improvisados.
De acuerdo con las autoridades, la operación permitió retirar del área 838 minas antipersonales, 580 artefactos improvisados y más de 3.600 kilogramos de insumos explosivos.
El procedimiento fue supervisado por el delegado de la Presidencia y validado por la Mapp-OEA, bajo los lineamientos del Plan de Campaña Ayacucho Plus. En un comunicado aseguraron que estas acciones “buscan contribuir a la construcción de confianza entre las partes y brindar mayores garantías de no repetición para las comunidades afectadas, la reconciliación y el desarrollo sostenible del Pacífico nariñense”.
Próximos pasos: zonas de capacitación y desarme
La destrucción controlada de los explosivos en Nariño marca un avance concreto en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Según los acuerdos refrendados en julio, las autoridades y representantes de la Mapp-OEA establecieron la entrega, verificación y destrucción progresiva de material de guerra, proceso que incluye la definición de protocolos inmediatos.
El siguiente paso será la apertura de dos zonas de capacitación para la reintegración de excombatientes ubicadas en Nariño y Putumayo. Se prevé que inicialmente 120 integrantes de la organización armada ilegal entregarán sus armas y comenzarán su proceso de retorno a la vida civil, en lo que el Gobierno califica como un paso esencial para consolidar la seguridad y la paz territorial.
Las operaciones de destrucción de explosivos en el suroccidente colombiano cuentan con el respaldo de organismos internacionales y forman parte de un proceso supervisado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondepaz) y la Misión de Apoyo de la OEA.
Las acciones coordinadas “buscan reducir el riesgo para la población civil y las tropas en el área”, a la vez que representan uno de los compromisos más visibles en la agenda de paz vigente entre el Gobierno y estructuras armadas en proceso de desmovilización.
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