Defensora de Derechos Humanos venezolana denunció que su visa fue negada por el Gobierno Petro: “Estoy en condición irregular”

Ligia Bolívar, reconocida defensora de derechos humanos de nacionalidad venezolana, denunció que su documento de visa colombiano fue inadmitido por las autoridades migratorias.

En su cuenta de X, la activista y coordinadora de la iniciativa Alerta Venezuela señaló que el impacto que esta medida tiene no solo en su vida personal, sino también en la de otros migrantes venezolanos que enfrentan obstáculos similares.

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Además, Bolívar, en un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, recordó que actualmente residía legalmente en Colombia desde hace cuatro años bajo una visa tipo M, y negó que el rechazo a su trámite obedece a una decisión personal.

“Buen día, presidente Gustavo Petro. ¿Recuerda lo que le dije sobre las inadmisiones? Bueno, tras 4 años con visa de M, ayer me tocó a mí. Desde hoy estoy en condición irregular, con riesgo de perder trabajo y EPS y, por tanto, tratamiento oncológico”, escribió la defensora en sus redes sociales.

De igual manera, la mujer detalló que, pese a mantener el mismo contrato laboral y haber residido de manera legal durante todo el periodo, las autoridades le exigieron solicitar un tipo de visa diferente, cuyos requisitos no puede cumplir.

“La narrativa que intentan imponer los responsables de visas de la Cancillería no se corresponde con la realidad, cuando afirman que la inadmisión se debe a que desistí del trámite”, mencionó.

Igualmente, Ligia Bolívar manifestó que, desde la notificación de su no renovación de la visa colombiana, ha intentado obtener un salvoconducto que permita mantener su estatus legal en el país, pero que, según ella, la página de este documento no ha funcionado.

“Le informo además, señor presidente Petro, que desde hace 2 días estoy tratando de obtener un salvoconducto SC1 para no caer en irregularidad y la página no me ha permitido agendar cita. Esta interrupción de permanencia no es imputable a mi persona”, resaltó.

En declaraciones a El Espectador, Ligia Bolívar recordó que, desde el 2024, había alertado sobre los riesgos que enfrentan los venezolanos que migraron a Colombia en el contexto pre y postelectoral, señalando que la respuesta institucional ha sido la inadmisión de solicitudes de visa y demoras en los procesos de refugio.

“Desde el año pasado advertimos los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas que huyeron a Colombia en el contexto pre y postelectoral y la única respuesta ha sido INADMITIR sus solicitudes de visa y demoras en refugio (...) Esto no solo me afecta a mí. Significa que muchos que no tienen visibilidad o respaldo institucional quedan completamente en el aire”, dijo Bolívar al diario bogotano.

Además, calificó este cambio como una muestra de “inseguridad jurídica”, advirtiendo que la problemática trasciende su caso individual, recordando que en 2026, cumpliría los cinco años de residencia continua en Colombia, lo que peligraría su solicitud de residencia en el país. “Esto puede interpretarse como una interrupción y hacerme perder ese derecho”, agregó al medio citado.

A pesar de la incertidumbre, la Superintendencia de Salud ha manifestado su disposición para garantizar la continuidad de su tratamiento oncológico.

“Agradezco la respuesta rápida de la Superintendencia, pero esto no debería depender de la buena voluntad de una entidad o de si uno tiene reconocimiento público. Es un asunto de derechos”, concluyó Bolívar a El Espectador.

El contexto en el que ocurre este episodio está marcado por una creciente preocupación por la seguridad y el estatus legal de los activistas venezolanos en Colombia.

El 13 de octubre de 2025, el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche sufrieron un atentado sicarial en el norte de Bogotá. Ambos sobrevivieron, pero el ataque puso de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes trabajan en temas políticos y de derechos humanos.

Según el último informe de la Plataforma Regional de Coordinación R4V de Naciones Unidas, citado por El Tiempo, más de 450.000 personas permanecen en un limbo jurídico en Colombia, sin posibilidades reales de regularizar su situación ni de acceder a derechos básicos como salud, educación o empleo.