Las tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y Estados Unidos alcanzaron un nuevo punto de fricción luego de que el presidente colombiano acusara a Washington de “asustarse de la verdad” y de actuar bajo la influencia del uribismo, tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de recortar las funciones de la Misión de Verificación en Colombia.
El mandatario sostuvo que la eliminación del seguimiento internacional a las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al capítulo étnico del Acuerdo de 2016 obedece a presiones de Estados Unidos.
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“EE. UU. pide que no se verifique por parte del Consejo de Seguridad la verdad judicial en la JEP, simple petición uribista. Les asusta la verdad a Uribe y los gringos no se preguntan por qué. Les resultaría que están aliados a narcopolíticos y violadores de derechos humanos”, escribió Petro en su cuenta de X.
La declaración, cargada de tono ideológico y confrontacional, llega en un momento especialmente delicado para la diplomacia colombiana.
Apenas unas semanas antes (1 de octubre), el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, había acusado al gobierno de Petro de “fracasos irresponsables” en materia de seguridad, lucha antidrogas y combate al narcoterrorismo, y puso en duda la continuidad del respaldo de Washington a la misión de verificación de paz.
Durante su intervención en el Consejo de Seguridad, Waltz sostuvo que “Colombia ha sido sacudida en los últimos meses por ataques de grupos narco-terroristas contra las fuerzas de seguridad y civiles”, y cuestionó que el Gobierno colombiano haya “negado solicitudes de extradición” presentadas por Estados Unidos.
Aunque no dio cifras, sus críticas reflejaron un creciente malestar en Washington ante lo que percibe como una pérdida de control estatal sobre amplias zonas del país y un debilitamiento de la cooperación judicial.
Petro respondió con dureza, tildando las declaraciones de “mentira” y asegurando que su administración supuestamente ha ejecutado “700 extradiciones, la mayoría por narcotráfico, el mayor nivel desde que existe la figura”.
En el mismo polémico mensaje, el mandatario colombiano insistió en que la política de paz “no hace parte del examen ni del Consejo de Seguridad ni está bajo la opinión del embajador de EE. UU.”.
Pese al tono defensivo, la confrontación dejó ver un desgaste evidente en las relaciones bilaterales. La designación reciente de Colombia como país “que no coopera” plenamente en la lucha antidrogas por parte de la Casa Blanca, sumada a las reservas sobre la efectividad de la Paz Total, ha generado fricciones que Petro ha preferido traducir en términos políticos e ideológicos, antes que diplomáticos.
En lugar de moderar el discurso, el presidente optó por redoblar su narrativa de independencia frente a Washington. Anunció una campaña para el desmantelamiento de bandas urbanas mediante “acción jurídica/policial y acción sociojurídica”, prometiendo una reducción de la tasa de homicidios, y defendió sus avances en reforma agraria como prueba del éxito de su gestión.
Sin embargo, el tono confrontacional de Petro podría terminar debilitando su posición ante la comunidad internacional.
La eliminación de la verificación internacional de la JEP no fue una decisión exclusiva de Estados Unidos, sino una medida adoptada por el Consejo de Seguridad en su conjunto, donde incluso aliados tradicionales de Colombia votaron por reducir el mandato de la misión.
La embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata, lamentó la decisión, recordando que el gobierno había solicitado mantener la supervisión de las sanciones y del enfoque étnico dentro del mandato extendido.
“El deseo colombiano, compartido con la amplia mayoría de miembros, era preservar tanto la justicia transicional como el capítulo étnico”, afirmó. Aun así, el Consejo decidió renovar por un año la misión, hasta octubre de 2026, pero sin esos dos componentes clave.
Mientras tanto, en el terreno, la Paz Total enfrenta desafíos crecientes, con un aumento de ataques de grupos armados y una expansión del narcotráfico hacia nuevas rutas. En ese contexto, el distanciamiento con Estados Unidos y la pérdida de verificación internacional sobre la JEP amenazan con aislar aún más al gobierno colombiano.
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