La Procuraduría General de la Nación envió una advertencia urgente al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, sobre los riesgos que podrían comprometer la legalidad y la transparencia en la ejecución del contrato por 120.000 millones de pesos destinado a mejorar la malla vial del Distrito.
La comunicación, fechada el pasado 20 de octubre, fue firmada por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa.
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El organismo de control identificó posibles irregularidades en la transferencia y manejo de los recursos de la sobretasa a la gasolina, que fueron asignados para financiar el ambicioso proyecto de infraestructura vial. En el documento, conocido por Semana, se advierte que el Distrito debía transferir de manera anual y directa esos recursos a la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano de Santa Marta (EDUS), encargada de ejecutar las obras.
Según la Procuraduría, esa modalidad podría configurar una “evasión de la normativa de contratación estatal”, ya que el Distrito asume la totalidad del financiamiento y la EDUS actúa únicamente como ejecutora. En criterio del ente de control, esa estructura desnaturaliza la figura del convenio interadministrativo, cuyo propósito es distribuir responsabilidades y no delegar completamente la ejecución a otra entidad.
El procurador Melgosa precisó en su comunicación que “tales previsiones documentadas en el convenio y en su modificación muestran una distribución de aportes donde el distrito financia, en su práctica presupuestal, la mayor parte de los recursos y la EDUS actúa como ejecutora administrativa/operativa del proyecto”. Por ello, recordó los pronunciamientos del Consejo de Estado que limitan este tipo de convenios, pues no es viable que “una parte permanezca como mero concedente de recursos y la otra actúe como ejecutora sin corresponsabilidad”.
De acuerdo con la información analizada por el Ministerio Público, la EDUS debía asumir compromisos adicionales en la planeación y control del contrato, más allá de ejecutar los recursos. No obstante, la entidad fue señalada de funcionar como intermediaria operativa del Distrito, lo que —según el concepto de la Procuraduría— podría vulnerar los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública.
El procurador delegado también solicitó al alcalde Carlos Pinedo que informe de manera detallada las acciones adoptadas para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que el manejo de los recursos derive en eventuales sanciones disciplinarias. “El Distrito no puede limitarse a transferir recursos sin asumir una responsabilidad directa sobre la ejecución del proyecto”, subrayó Melgosa.
El contrato cuestionado tenía como propósito mejorar la malla vial y las estructuras urbanas de Santa Marta, una de las principales prioridades de la administración distrital. Los fondos provienen de la sobretasa a la gasolina, mecanismo que genera ingresos para proyectos de movilidad y mejoramiento de vías. Sin embargo, el ente de control considera que la manera en que se estructuró el convenio podría dar lugar a conflictos de competencia y control fiscal.
En respuesta a la advertencia, el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano Sostenible de Santa Marta, Jorge Luis Sarmiento, informó el 30 de octubre que el proceso de selección fue declarado “desierto” mediante la Resolución No. 088. El funcionario explicó que, aunque se había recibido una manifestación de interés de la Unión Temporal Malla Vial, esta no presentó en tiempo el certificado sobre la Guía de Indisponibilidad del SECOP II, requisito indispensable para la evaluación de la propuesta.
Sarmiento detalló que la Unión Temporal argumentó fallas e intermitencias en la plataforma, pero que esas justificaciones no eran suficientes para habilitar la oferta fuera del plazo establecido. En consecuencia, la EDUS procedió a declarar desierta la licitación, impidiendo la adjudicación del contrato y suspendiendo temporalmente el inicio de las obras.
Pese a la decisión administrativa, la Procuraduría mantuvo la advertencia y señaló que continuará vigilando el proceso. El ente recordó que la eventual reactivación del contrato deberá cumplir estrictamente con las disposiciones legales sobre los convenios interadministrativos, así como con los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
El alcalde Carlos Pinedo aún no se ha pronunciado públicamente sobre el alcance de las observaciones hechas por el Ministerio Público, aunque fuentes cercanas a la administración indicaron que se revisarán los procedimientos para garantizar que los recursos sean ejecutados conforme a la ley.
La Procuraduría enfatizó que este tipo de advertencias no implica una sanción inmediata, pero sí busca prevenir la materialización de posibles irregularidades que comprometan los intereses del Distrito y de la ciudadanía samaria.
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