Antioquia atraviesa una compleja crisis de seguridad. La disputa entre grupos armados ilegales, los ataques contra la fuerza pública y el desplazamiento forzado mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades rurales del departamento.
Según un informe publicado por El Tiempo con base en datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2023 y 2025 se han registrado 32 masacres que dejan más de 100 víctimas.
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En lo que va de 2025, la violencia colectiva se ha intensificado. Indepaz contabiliza 10 masacres con 34 personas asesinadas, una cifra que iguala la totalidad de casos reportados en 2024. Las víctimas son principalmente hombres —26 de los fallecidos—, además de cinco mujeres y tres personas aún sin identificar.
El informe de El Tiempo destaca que el Suroeste antioqueño concentra la mitad de los hechos ocurridos en el año, con municipios como Andes, Betulia, Urrao y Santa Bárbara entre los más afectados. Agosto fue el mes con mayor número de masacres, registrando cuatro ataques en distintas subregiones.
Entre los casos más recientes figura el crimen perpetrado el 26 de octubre en El Carmen de Viboral, cuando cinco hombres encapuchados abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en una zona rural. Tres de ellas murieron y varias resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades, el hecho estaría vinculado a enfrentamientos entre las estructuras criminales ‘El Mesa’ y el ‘Clan del Golfo’ por el control territorial y el tráfico de estupefacientes.
En enero de 2025, tres personas —entre ellas dos mujeres previamente reportadas como secuestradas— fueron asesinadas en la vereda La Loma, de Yarumal. En marzo, un ataque armado en Urrao dejó tres muertos y marcó el inicio de una escalada violenta en esa zona del Suroeste, donde la Defensoría del Pueblo había advertido riesgos de homicidios selectivos.
El mismo mes, en el municipio de Andes, cuatro trabajadores agrícolas fueron asesinados en una finca del corregimiento Santa Rita. El Tiempo señala que dos de las víctimas eran padre e hijo, mientras que los otros dos hombres, de nacionalidad venezolana, trabajaban como recolectores de café.
Los hechos continuaron en Anorí, donde en abril fueron encontrados tres cuerpos en diferentes puntos rurales, y en Yondó, el 17 de julio, con un ataque armado que dejó tres fallecidos y un herido en medio de enfrentamientos entre el Eln y el ‘Clan del Golfo’. En agosto, Santa Bárbara registró una de las masacres más impactantes del año: cinco restos humanos fueron hallados en fosas comunes en el sector de Palestina, presuntamente de personas desaparecidas desde 2022.
Ese mismo mes se reportaron masacres en Betulia, con tres víctimas; en San Pedro de Urabá, con otras tres; y en La Unión, donde fueron asesinados cuatro hombres en la vereda San Juan, algunos con antecedentes judiciales.
Los datos recopilados por El Tiempo muestran que la violencia no es un fenómeno nuevo en Antioquia, aunque en los últimos tres años ha dejado un saldo especialmente alto. Desde 2023, el departamento suma más de un centenar de víctimas mortales producto de masacres, con picos en regiones como el Suroeste, el Nordeste y el Oriente.
Según Indepaz, en 2024 se registraron 10 masacres en Antioquia con 36 víctimas, dentro de un total nacional de 76 hechos violentos. En 2023, el número ascendió a 11 eventos con 39 muertos, mientras que en 2022 fueron siete las masacres reportadas, que dejaron 22 fallecidos. En 2021 se contabilizaron 14 con 52 víctimas, y en 2020 se presentaron 21 masacres que cobraron la vida de 82 personas.
El informe de El Tiempo advierte que los municipios de Urrao, Andes, Betulia, La Unión y Santa Bárbara se han convertido en epicentros de una disputa constante entre grupos ilegales como las disidencias del Frente 36, el Eln y el ‘Clan del Golfo’. Estas estructuras buscan controlar los corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico y la minería ilegal.
De acuerdo con Indepaz, una masacre se define como el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. Bajo esta definición, muchos hechos inicialmente clasificados por las autoridades como homicidios múltiples son incluidos por el observatorio en sus registros oficiales.
Pese a los operativos de la fuerza pública, las cifras reveladas por El Tiempo evidencian que el conflicto armado no cede en Antioquia. Las comunidades rurales, en especial en el Suroeste, viven entre el miedo y el desplazamiento forzado, mientras las autoridades buscan articular respuestas efectivas frente a la expansión de los grupos armados que hoy disputan el control del territorio
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