“Van por la verdadera torta”: Cathy Juvinao alertó sobre jugoso contrato del Icetex e irregularidades en la adjudicación

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al Partido Verde, volvió a encender las alarmas sobre la forma en que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) maneja sus procesos contractuales.

A través de su cuenta oficial en X, la congresista publicó un extenso hilo en el que denunció lo que considera una nueva maniobra para adjudicar un contrato de gran magnitud sin las debidas garantías de transparencia.

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Juvinao fue contundente al advertir que el Icetex “va por la verdadera torta”, al referirse a un nuevo proceso de contratación identificado como SOI-071-2025, que busca implementar un sistema de Core Bancario con un valor que supera los $100.000 millones. Según explicó, se trata de un proyecto tecnológico de gran escala que pretende modernizar la plataforma operativa de la entidad, pero que podría convertirse —según su denuncia— en otro episodio de irregularidades.

“Después de la app inflada 11 veces su valor —que no han podido adjudicar—, el @ICETEX va por la verdadera torta: un contrato de Core Bancario por más de 100 mil millones. Quieren adjudicarlo a dedo. Abrieron un nuevo sondeo en SECOP. Aquí les explicamos todo (sic)”, escribió la congresista.

De acuerdo con Juvinao, el proceso se abrió con una convocatoria limitada en tiempo y condiciones, lo que podría restringir la participación de más oferentes y facilitar la concentración de contratos. “El proceso, identificado como SOI-071-2025, estará abierto hasta el 6 de noviembre a las 12:00 p. m. Solo hay un día, hasta mañana a las 5:00 p. m., para solicitar aclaraciones. Las empresas interesadas pueden consultar los detalles y enviar su cotización aquí”, detalló la representante.

La congresista enfatizó que su llamado no busca frenar el avance tecnológico del Icetex, sino garantizar que los recursos públicos se usen con criterios de competencia y legalidad.

“La invitación es para todas las empresas tecnológicas del país. Mientras más oferentes participen con precios reales, menor será el margen para inflar valores o direccionar la contratación. Así se frena la concentración de contratos y se protege la plata pública”, afirmó.

Juvinao señaló que el control político también debe darse desde la vigilancia ciudadana y la participación de las empresas interesadas en competir de forma transparente.

“Evitar un contrato a dedo también es hacer control político y veeduría. Cada empresa que cotiza ayuda a proteger 100 mil millones de pesos del bolsillo público. No permitamos que el Icetex repita la historia de sobrecostos y procesos amañados”, se lee en su publicación.

La representante acompañó sus afirmaciones con un documento que sustenta el proceso contractual de la entidad. Este documento indicó que la entidad busca contratar una solución tecnológica bajo el modelo de Software as a Service (SaaS), diseñada para administrar sus productos crediticios, integrar procesos comerciales, de originación, legalización y recaudo, así como servicios financieros complementarios. Además, se establece que la plataforma debe ser interoperable con los sistemas actuales de información y ajustarse a los lineamientos institucionales vigentes.

El proceso también tiene relación con la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena medidas para proteger los derechos de los niños del pueblo wayuu. Según el cronograma oficial, los plazos para la presentación de ofertas y solicitudes de aclaración ya están definidos, y la documentación técnica incluye formularios económicos para que los proveedores presenten sus cotizaciones con base en los requerimientos establecidos.

Juvinao insistió en que su denuncia busca evitar que el Icetex repita prácticas que han generado desconfianza entre los usuarios y los ciudadanos. Recordó que ya había alertado sobre una aplicación tecnológica cuyo valor, según ella, “fue inflado 11 veces”, sin que se concretara su adjudicación.

Su llamado se enfoca ahora en que más empresas del sector tecnológico participen en el nuevo proceso, con el fin de fortalecer la competencia y blindar la contratación de posibles irregularidades. “Mientras más ojos vigilen, más difícil será que la contratación pública se use como botín. La transparencia también se defiende con participación”, concluyó.