El 29 de octubre, la Alcaldía de Bogotá informó que entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre regirán varias medidas restrictivas enfocadas principalmente para controlar la movilidad en torno a las posibles afectaciones que se podrían registrar durante Halloween en la capital.
Cabe recordar que, en los últimos años, los grupos moteros han organizado movilizaciones “rodadas” en las que disfrazados recorren las vías principales de la ciudad, algo que quiere evitar la administración distrital.
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Sin embargo, algunas medidas, que incluyen restricción de movilizarse con parrillero durante los días mencionados, y la imposibilidad de transitar en avenidas específicas, aunque el conductor no tenga acompañante, han provocado que los motociclistas denuncien estar siendo estigmatizados y han protestado en varias zonas de la ciudad durante el 30 de octubre.
Precisamente, en uno de los puntos de concentración se generó un altercado en el que algunos motociclistas enfrentaron a la fuerza pública, provocando que cuatro de ellos fueran arrestados por la Policía Metropolitana de Bogotá.
De manera oficial, se argumentó la detención al indicar que los moteros habían golpeado a los uniformados, lo que podría traer consecuencias importantes para los ciudadanos.
Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Jhoan Andrés Montenegro explicó las posibles consecuencias que podrían recibir los motociclistas capturados en Bogotá.
En primer lugar, resaltó que golpear a un funcionario público puede configurar varios delitos, principalmente el de “violencia contra servidor público”, tipificado en el artículo 429 del Código Penal colombiano.
La ley mencionada protege a varios servidores, lo que incluye los siguientes cargos: policías, militares, jueces, fiscales, empleados de entidades estatales, alcaldes y concejales.
El jurista recordó que el delito principal por el que podrían ser imputados es el de violencia contra servidor público, que se registra “cuando una persona emplea la fuerza o intimidación contra un funcionario público con el fin de obligarlo a ejecutar o abstenerse de algún acto propio de sus funciones, o por motivo de ellas”.
Sobre una posible sanción, en caso de que los policías agredidos inicien un proceso legal en contra de los capturados, en caso de que sean considerados culpables, podrían terminar con una condena de entre cuatro y ocho años de prisión.
“En efecto, los motociclistas que fueron capturados por la policía deberán ser llevados a legalización de captura y la fiscalía deberá imputar cargos y acusarlos para llevarlos a juicio oral”.
El jurista añadió que otro posible cargo es el de lesiones personales, que es cuando un golpe causa un daño físico, que podría agravarse si se demuestra que fue utilizada un arma o si hay un grupo de personas involucradas en la agresión contra un solo individuo. Además de prisión, otras posibles consecuencias incluye la inhabilidad para ejercer cargos públicos o el pago de una indemnización a la víctima.
Hasta el momento, ningún colectivo de motociclistas se ha pronunciado para exponer detalles sobre la captura; sin embargo, algunos grupos, como Picaminosos 420, han publicado mensajes en los que afirman que las movilizaciones seguirán.
“Cinco días sin moto, cinco días en las calles”, es la descripción de la última publicación de las redes sociales del grupo mencionado, que es uno de los que lidera las manifestaciones en Bogotá.
Mientras la administración distrital ha reafirmado que se mantendrán las restricciones mencionadas, desde el Ministerio del Interior, el viceministro de diálogo social, Gabriel Rondón, pidió que se establezca una mesa de trabajo y diálogo para controlar la situación que se registra en la capital.
“La protesta social es un derecho, pero también tenemos que pensar en las otras personas que no se movilizan”, indicó Rondón, mientras que en Bogotá se mantienen los bloqueos que han provocado que el sistema de transporte público tenga falencias para cumplir con las rutas, afectando a miles de ciudadanos.
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