Este fue el oficio con el que la Fiscalía autorizó inspección a sede de Colombia Humana: investigan las finanzas de la campaña de Gustavo Petro

En medio del revuelo que causó en la tarde del miércoles 29 de octubre la inspección de personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a la sede del partido Colombia Humana en Bogotá, se reveló el oficio con el que el ente acusador informó del procedimiento con el que, según se precisó, se pretende recabar “soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios” relacionados con la campaña presidencial de 2022.

Según consta en el documento dirigido por Luz Ángela Giraldo López, del grupo de contadores forenses del CTI, a Andrea Vargas, secretaria general de la colectividad, la inspección responde a la necesidad de “verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales para la presidencia 2022”.

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La orden, avalada por el Juzgado 80 penal municipal con función de control de garantías, instruyó a la Policía Judicial a hacer una “búsqueda selectiva en bases de datos en el Movimiento Político Colombia Humana, con el fin de obtener todos los soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios sobre esta campaña. Los documentos incluyen contratos, facturas de venta, recibos de caja o comprobantes de ingreso.

Además de soportes de transferencias electrónicas, incluidos extractos bancarios, facturas anuladas y notas crédito, reportes contables, soportes de la prestación del servicio; además de cotizaciones, propuestas, órdenes de servicio, órdenes de producción, acuerdos de coalición y obligaciones financieras; evidencias de los productos o servicios prestados, actas de entrega o informes, certificación del estado actual de los servicios o productos vendidos.

Sobre el particular, es válido precisar que el 25 de agosto, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada determinaron que la campaña presidencial superó los topes de gasto por más de 5.300 millones, sumando la primera y segunda vuelta presidencial, y que no habrían sido reportados aportes de organizaciones como Fecode y la USO, y gastos a través de empresas como la Sociedad Área de Ibagué (Sadi), entre otras.

Todo esto, como ya se había avanzado, referente a transacciones hechas con la campaña, a nombre del gerente de la misma: el hoy presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Del mismo modo, la Fiscalía también solicitó que se certifiquen y documenten los pagos efectuados por Colombia Humana a empresas que prestaron servicios a la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico en 2022, que estarían siendo revisados con lupa por la justicia.

“Adicionalmente, se requiere que se certifique y soporte los pagos que realizó el Movimiento Político Colombia Humana a las siguientes empresas que prestaron servicios a la campaña presidencial Coalición Pacto Histórico año 2022, a nombre de su gerente Ricardo Roa Barragán: RBA LOGISTICS SERVICE S.A.S., GOOGLE LLC”, se leyó en el documento, compuesto por cinco páginas, y que respaldó la inspección que se adelantó en la referida sede política.

Para cumplir con la orden, la Fiscalía exigió a la campaña presidencial o a su gerente, Ricardo Roa, la presentación de una “certificación suscrita por el representante legal y el contador público y/o revisor fiscal, en la que se presente detalle de los contratos suscritos del año 2022. Se debe indicar si fueron objeto de modificaciones, adiciones, prórrogas, otrosíes, etc. O en su defecto, indicar si se suscribieron órdenes de servicio e informar su detalle”, se agregó.

El oficio se pide que se relacionen “los giros realizados a Movimiento Colombia Humana en el marco de los contratos suscritos entre las partes”, y que se designe una persona, preferiblemente el representante legal y el contador, para atender el requerimiento. La instrucción es clara: “Debe elaborarse un comunicado dando respuesta a cada punto y, si no se cuenta con la información o no aplica, es indispensable indicarlo, no se debe dejar ninguno sin respuesta”.

La Fiscalía enfatizó que “la información debe entregarse en medio magnético y se debe garantizar que la digitalización de la información sea de buena calidad de forma que la imagen sea legible y los archivos puedan abrirse”, y que el comunicado debe estar suscrito por la persona responsable, “indicando que es fielmente tomada de los libros de contabilidad y de la información que reposa en los archivos del movimiento”.