El destino de más de $9.000.000.000 recuperados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) generó inquietud entre las víctimas de La Guajira, que exigen que estos fondos se utilicen exclusivamente para resolver la crisis de agua en el departamento y no se integren a una bolsa general de la entidad.
La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a los afectados, formalizó esta petición ante la Fiscalía General de la Nación mediante un derecho de petición, solicitando que los recursos reintegrados por los procesados sean destinados de manera específica al aprovisionamiento de agua potable, en particular para la comunidad Wayúu.
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El documento presentado por el apoderado de los afectados insta a que “se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica en el aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad Wayúu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen”, reveló Blu Radio.
La preocupación de los representantes de las víctimas se intensificó tras la decisión del apoderado de la Ungrd de retirar la audiencia programada ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la que se definiría el traslado de los recursos recuperados.
Según explicó la entidad, la suspensión de la diligencia respondió a motivos procesales, ya que el Centro de Servicios Judiciales había agendado la audiencia bajo un radicado general, cuando cada preacuerdo cuenta con un radicado diferente. Por este motivo, la Unidad optó por desistir de la audiencia conjunta y solicitar la realización de tres audiencias separadas, cada una correspondiente a los radicados de los depósitos.
Para Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y apoderado de las víctimas, esta medida representa un retroceso en la gestión de los fondos. Bustos manifestó: “Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira”.
El abogado advirtió que se prevén incidentes de reparación, pero estos procesos suelen ser prolongados debido a su carácter individual, lo que podría retrasar el acceso efectivo al derecho fundamental al agua y la reparación de las víctimas.
Según sus palabras, “programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas”.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, hasta el momento se han recuperado $9.714.300.723 apropiados de manera ilegal en la primera fase de la investigación por la compra irregular de carrotanques. Los montos entregados por los procesados son los siguientes: Pedro Andrés Rodríguez Melo ($500.000.000), Olmedo de Jesús López Martínez ($724.000.000), Sneyder Augusto Pinilla Álvarez ($618.000.000), Luis Eduardo López Rosero ($7.722.300.300) y Luis Carlos Barreto Gantiva ($150.000.000).
En cuanto a los recursos pendientes, el ente acusador informó que las investigaciones contra el expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, continúan en la Corte Suprema de Justicia, con fondos comprometidos por $4.000.000.000 que corresponderían al pago de dádivas. Será esa instancia la encargada de tramitar el eventual reintegro de dichos recursos.
Respecto a la segunda fase de la investigación, en la que figuran como vinculados César Manrique Soacha y otras personas, se han documentado apropiaciones por un total de $13.164.285.901.
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