La reciente decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, de ampliar la medida de embargo sobre los recursos de Nueva EPS ha generado una profunda preocupación en el sector salud colombiano.
La entidad advirtió que la ampliación de la embargabilidad, que ahora alcanza los $887.249.858 millones, representa un golpe sin precedentes al flujo de fondos destinados a la atención médica.
“Estos embargos no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, afirmó la doctora Gloria Libia Polanía Aguillón.
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La medida judicial, que duplica la cifra confirmada la semana anterior —entonces de $422.466.580 millones—, afecta especialmente a los recursos considerados inembargables por la legislación vigente.
Según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, los fondos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no pueden ser objeto de embargo.
La Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría reiteran que estos dineros, de carácter parafiscal y destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud, están protegidos de medidas cautelares.
La situación se agrava por el embargo de recursos asignados al régimen subsidiado, una acción que, según la entidad, “además de irregular, lesiona a los afiliados más vulnerables del sistema”.
El despacho judicial de Florencia concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas contra Nueva EPS y se ha convertido en el juzgado con mayor número de medidas cautelares contra la organización.
Entre las instituciones prestadoras de salud (IPS) con más procesos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, Clínica de Valledupar, Clínica San Juan Bautista S.A.S. y Medicuc IPS LTDA.
El embargo de los recursos de una Entidad Promotora de Salud (EPS) implica la retención de fondos en sus cuentas bancarias o de los que recibe del sistema de salud, con el objetivo de garantizar el pago de obligaciones judiciales.
En la práctica, esto impide que la EPS utilice libremente esos recursos mientras se resuelve la demanda o se cumple una sentencia.
Aunque la normativa establece la inembargabilidad de los fondos destinados a la salud, la aplicación de estas medidas judiciales bloquea temporalmente dineros que deberían emplearse en la atención de los afiliados y el pago oportuno a los prestadores en todo el país.
La Agente Especial Interventora de Nueva EPS ha informado a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, solicitando acciones urgentes para detener estas decisiones judiciales que, según la entidad, “ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema”.
Nueva EPS anunció que agotará todos los recursos judiciales disponibles y exhortó a los actores involucrados a considerar las consecuencias legales y sociales de sus decisiones, con el objetivo de preservar la transparencia y la sostenibilidad del sistema de salud.
Este panorama complica aún más la crisis que afronta el sistema de salud en Colombia, donde sus afiliados denuncian que presentan problemas con las asignaciones de citas con especialistas y la entrega de medicamentos, que en muchos de los casos, corresponden a enfermedades graves que requieren de un tratamiento constante.
A pesar de las quejas que han recibido las entidades responsables del manejo del sistema, las aglomeraciones y demoras en la prestación de servicios permaneces, como es el caso de los dispensarios de medicamentos, en los que los pacientes deben esperar por más de seis horas a que sea su turno, para que les digan que la referencia no se encuentra en existencia o requiere el aval de la entidad para poderse entregar.
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