Revelan alarmantes cifras que tienen a la Policía Nacional en ‘jaque’ a lo largo de los tres años del Gobierno Petro

El aumento sostenido en el retiro voluntario de soldados profesionales, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares durante el Gobierno de Gustavo Petro generó preocupación en el sector defensa, según cifras obtenidas por Semana. Este fenómeno, que se intensificó en los últimos años, llevó al Ministerio de Defensa a implementar estrategias para contrarrestar la disminución de efectivos y fortalecer la capacidad operativa frente al avance de los grupos criminales en el país.

Las estadísticas oficiales revelan que el segmento de soldados profesionales experimenta uno de los mayores niveles de retiros. En 2022, 3.585 soldados optaron por dejar la institución, mientras que en 2023 la cifra descendió a 2.721. Para 2024, el número de retiros se ubicó en 2.689 y, proyectado para 2025, se estima que 2.079 soldados profesionales abandonen las filas. Este comportamiento evidencia una tendencia descendente, aunque el volumen sigue siendo considerable.

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En cuanto a los suboficiales, el volumen de retiros también resulta significativo. Entre 2022 y la fecha actual, 4.684 suboficiales decidieron retirarse de la institución. Desglosando por año, en 2022 se registraron 2.062 retiros, en 2023 1.920, en 2024 1.192 y para 2025 la cifra acumulada alcanza los 4.684. Este grupo representa una parte fundamental de la estructura militar, por lo que su salida masiva impacta directamente en la operatividad de las fuerzas.

Respecto a los oficiales, durante el mandato de Gustavo Petro se han retirado 1.148 uniformados. El detalle anual muestra que en 2022 se produjeron 368 retiros, en 2023 385, en 2024 250 y en 2025 se proyectan 145. Dentro de este segmento, los coroneles y tenientes coroneles concentran la mayor proporción de solicitudes de retiro voluntario, lo que afecta los niveles de mando y experiencia dentro de las Fuerzas Militares.

Frente a este panorama, el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez Suárez, puso en marcha el denominado plan 16.000, una campaña orientada a incorporar ese número de nuevos efectivos a las Fuerzas Militares. Según la información proporcionada por la cartera de defensa, el objetivo es reforzar el pie de fuerza para enfrentar a los grupos criminales de alto impacto que operan en el país. El plan contempla la integración de 11.000 soldados en el Ejército, 2.700 para la Fuerza Aérea y 2.300 en la Armada Nacional.

El ministerio argumentó que la reducción de personal en las Fuerzas Militares comenzó a evidenciarse tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Esta coyuntura, sumada al crecimiento documentado de los grupos criminales en Colombia, motivó la adopción de medidas para revertir el déficit de hombres en las filas militares.

En 2024, las Fuerzas Militares informaron que el plan 16.000 busca fortalecer la capacidad de respuesta por la expansión de organizaciones delictivas, en un contexto donde diversas fuentes reportaron el incremento de estos grupos en paralelo a la disminución de efectivos en la institución.

En medio de una escasez de generales y coroneles, el presidente de la República, Gustavo Petro, mantiene bloqueados los ascensos de más de 600 uniformados, una decisión que, según documentos y testimonios recogidos, generó un deterioro en la moral y la estabilidad interna de la institución.

Entre los afectados hay 180 mayores, 240 capitanes, 140 tenientes y más de 100 subtenientes, que superaron todos los filtros de seguridad y completaron los cursos requeridos, pero llevan varis semanas esperando la firma presidencial que les permitiría asumir nuevas funciones.

“Es la primera vez en la historia que un presidente no firma a tiempo los ascensos de la Policía”, admitió un alto mando que debió responder a los reclamos de sus subalternos. La demora no solo afecta la moral y la economía de los oficiales, también reduce la cantidad de coroneles y generales a su nivel más bajo en 15 años, según datos internos de la Policía Nacional citados por Semana.

El malestar se extiende entre quienes cumplieron con todos los requisitos para ascender. Algunos interpretan la inacción de la Casa de Nariño como un intento deliberado de desestabilizar la fuerza pública y legitimar a sectores al margen de la ley, en referencia a la política de la paz total.

“Esto no es un simple trámite burocrático, es un mensaje político. Esta decisión parece alinearse con una estrategia más amplia que busca debilitar la institucionalidad, a la fuerza pública, y favorecer una narrativa que exalta a sectores que han estado al margen de la ley, como la primera línea o grupos armados ilegales”, dijo uno de los mayores que aspira a convertirse en teniente coronel.