La ciudadana Diana Marcela Otavo Morales presentó una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, a quien señala por una posible infracción a las normas sobre publicidad en el marco de la recolección de firmas para su candidatura presidencial.
En su comunicación dirigida al CNE, Otavo sostiene que “el señor Mauricio Cárdenas Santamaría publicó primero en su cuenta de X y segundo en su página oficial de Facebook un video acompañado del texto: ‘¿Usted gana un salario mínimo o menos y quiere tener vivienda propia? Inscríbase este 31 de octubre en micasaya2.com. Los primeros 400 mil inscritos que cumplan con los requisitos serán la prioridad de este programa cuando yo sea presidente. Cuenten con mi compromiso’”.
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La denunciante aseguró que, a través de este mensaje, “el señor Cárdenas reitera esta promesa, indicando que el programa beneficiará a 400.000 familias y remitiendo al sitio web www.micasaya2.com, en el contexto de su movimiento político en formación y la recolección de firmas de su campaña presidencial”.
Según la queja, estos ofrecimientos configurarían “una promesa de beneficio particular (acceso a vivienda sin cuota inicial), dirigida a la ciudadanía y asociada a su campaña de recolección de apoyos, lo cual vulnera los principios de publicidad competencia del CNE y además podría, si ustedes lo determinan, ser causal de infracción del artículo 390 del Código Penal”.
Otavo citó el artículo 265 de la Constitución Política, que otorga al CNE la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos, movimientos y publicidad electoral, y el artículo 390 del Código Penal, que sanciona el delito de corrupción de sufragante. La norma establece que incurre en ese delito quien “prometa, pague o entregue dinero, dádiva o utilidad a un ciudadano con el propósito de sufragar por un determinado candidato o corriente política”.
En sus peticiones, la denunciante solicita al CNE “abrir investigación administrativa y sancionatoria contra el ciudadano Mauricio Cárdenas Santamaría, por la presunta infracción a las normas en materia de publicidad determinadas por el CNE y que podrían constituir violación del artículo 390 del Código Penal”. Además, pide “ordenar la eliminación de los datos personales y registros obtenidos mediante el sitio web www.micasaya2.com, en virtud de que su captura puede haberse realizado bajo información o promesas engañosas o contrarias a la normativa electoral”.
También solicita “adoptar medidas preventivas inmediatas, incluyendo la suspensión de la difusión del video y publicaciones relacionadas, en tanto constituyen un posible acto de inducción al apoyo político mediante beneficios particulares”, y pide que, de considerarlo pertinente, “se traslade el caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación penal correspondiente por el presunto delito de corrupción de sufragante”.
A través de sus redes sociales, Otavo reiteró su denuncia al afirmar que “@MauricioCard cree que la ley no es con él y por eso puede infringir toda la norma sobre publicidad en la campaña electoral”. Agregó que decidió “radicar una queja ante el @CNE_COLOMBIA, quienes son la autoridad en materia de publicidad y que, si ellos lo consideran, trasladen a la @FiscaliaCol”.
La ciudadana enfatizó que, “no se puede permitir que recojan datos de personas que seguramente tienen el sueño de adquirir casa propia jugando con sus ilusiones”, y concluyó su mensaje pidiendo que “en el CNE se pronuncien rápidamente”.
La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila también se pronunció sobre el video de Mauricio Cárdenas, calificándolo como un ejemplo de la política que “hay que acabar”. En X escribió: “Esto es la política que hay que acabar. Es la misma de la mermelada, la del santísimo puro. La politiquería”.
Dávila cuestionó que el exministro ofreciera “400.000 subsidios de vivienda” a quienes se inscribieran en su página, lo que describió como una “compra de votos disfrazada” y una “forma asquerosa de recolectar datos personales”. Añadió: “Déjeme sus datos y yo le aseguro un subsidio si soy presidente. Le pago su voto”. Según afirmó, consultó con abogados, quienes le señalaron que la conducta “podría hasta configurarse delito”.
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