La condena a Brenda Gissele Celeita Angarita por la muerte de una joven tras una liposucción practicada sin formación médica en Bogotá marca un precedente en la lucha contra la práctica ilegal de procedimientos estéticos.
El Juzgado 64 Penal de Conocimiento dictó una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, luego de hallarla culpable de homicidio culposo.
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“Condenar a Brenda Giselle Celeita Angarita y demás anotaciones personales antes referidas como autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo, conforme a lo consagrado en el artículo 109 del Código Penal, a la pena principal de cincuenta y un meses de prisión y multa de cincuenta y siete cero cuarenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a lo expuesto a la parte motivada de esta providencia”, expresó la juez 64 Penal de Conocimiento.
La decisión judicial no solo impone una pena privativa de la libertad, sino que restringe los derechos civiles de la acusada.

“Segundo, condenar a Brenda Giselle Celeita Angarita a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, conforme a lo expuesto en la parte motivada de esta providencia”, agregó la togada.
La juez enfatizó que la gravedad de los hechos impide cualquier beneficio de suspensión condicional o prisión domiciliaria. “Tercero, declarar que Brenda Giselle Celeita Angarita no se hace merecedora de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni de la prisión domiciliaria en los términos a que se refieren los artículos 6338 del Código Penal, de conformidad con lo expuesto en presidencia, debiendo descontar la pena impuesta en el establecimiento carcelario que para tal efecto determine el Inpec”, añadió la juez.
La orden de captura contra la acusada fue ratificada y su cumplimiento debe ser inmediato. “Cuarto, cúmplase con el acápite de otras determinaciones. En consecuencia, se ratifica la orden de captura número 20252309 del 16 de septiembre de 2025 en contra de la acusada, la cual deberá materializarse de forma inmediata para cumplir la pena impuesta en el numeral primero de esta sentencia condenatoria en el centro carcelario que determine el Inpec”, concluyó la juez.
Procedimiento estético clandestino en Bogotá termina en tragedia

La muerte de Laura Sofía Amaya, una joven de 23 años que viajó desde España a Bogotá con la esperanza de mejorar su figura, puso en el centro del debate los riesgos de los procedimientos estéticos ilegales.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez declarara culpable a Brenda Gissele Celeita Angarita por el delito de homicidio culposo, tras comprobar que la intervención que le costó la vida a la joven madre se realizó en un local sin acreditación sanitaria y por una persona sin formación médica.
“Nosotras dimos con ella porque muchas conocidas se habían operado con Brenda Gissel Celeita Angarita. Los resultados al inicio eran geniales, ellos se hacían notar mucho por redes sociales. Ella se nos presentó a nosotros como médica esteticista profesional, entonces nosotras confiamos. Eso no era una clínica, era un local”, relató una fuente cercana a la víctima.
El procedimiento, que habría costado cerca de siete millones de pesos, se realizó el 15 de septiembre de 2023 en un salón de belleza de la localidad de Antonio Nariño, al sur de la ciudad. Durante la intervención, Laura Sofía sufrió convulsiones y habría caído de la camilla, lo que obligó a trasladarla de urgencia a un centro asistencial. Allí, un paro respiratorio terminó con su vida. Tras el fallecimiento, las cuentas en redes sociales asociadas a la supuesta “cirujana” desaparecieron.

La Fiscalía recalcó que la mujer responsable no tenía estudios médicos ni experiencia en cirugías estéticas, y que el establecimiento no estaba habilitado para prestar servicios de salud. “La protección de la vida y la salud de los ciudadanos es prioritaria”, enfatizó la entidad, que anunció que la sentencia con la pena específica se conocerá en octubre.
El impacto para la familia de Laura Sofía ha sido devastador. La joven había emigrado a España en busca de mejores oportunidades para ella y su hijo, que hoy tiene aproximadamente seis años. Su regreso a Colombia terminó en tragedia, dejando un vacío en sus seres queridos y evidenciando los peligros de confiar en procedimientos sin respaldo médico ni legal.
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