La investigación por presunta corrupción en contratos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y Metroparques ha experimentado un desarrollo relevante tras la decisión de un exfuncionario imputado de solicitar acogerse a un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación.
Según información obtenida por Caracol Radio, la solicitud fue radicada el 3 de octubre de 2025 ante el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, lo que llevó a la suspensión de la acción penal contra el solicitante mientras la Fiscalía evalúa la viabilidad del acuerdo y lo presenta para control de legalidad ante un juez.
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Este paso introduce un nuevo elemento en el proceso, ya que el exfuncionario ha entregado pruebas materiales que podrían comprometer a figuras de alto nivel, incluido el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y su hermano Miguel Andrés Quintero Calle.
De acuerdo con lo reportado por Caracol Radio, el exfuncionario que busca el principio de oportunidad ya ha aportado a la Fiscalía chats, fotografías y videos.
Estos elementos, que ya están en poder del ente acusador, involucran directamente a miembros de la administración de Quintero Calle y a su entorno cercano.
La entrega de este material probatorio forma parte de una estrategia de cooperación con la justicia, lo que podría fortalecer la posición de la Fiscalía en la investigación y ampliar el alcance de las pesquisas sobre la presunta red de corrupción.
El caso, unificado en un solo proceso por decisión judicial de conexidad procesal, involucra a 16 personas procesadas.
Entre los implicados figuran exdirectivos y funcionarios del Amva y Metroparques, así como representantes legales y contratistas de empresas vinculadas y de los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La lista incluye a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Amva; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de Compras de Metroparques; Misael Cadavid y Elkin González Correa, representantes legales de Bomberos Itagüí; Yaneth Rúa García, funcionaria del Amva; Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, exsecretario general de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exjefe de la Unidad Estratégica de Negocio de Logística; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana S.A.S.; Camilo García Bustamante, contratista; y varios representantes legales de empresas asociadas.
La Fiscalía les ha imputado delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
En cuanto a los contratos bajo investigación, Caracol Radio detalla que estos fueron suscritos entre mayo de 2020 y octubre de 2022, sumando un valor total superior a $34.000 millones.
De este monto, $17.450 millones corresponden a convenios interadministrativos entre el Amva y Metroparques, destinados al mantenimiento del Parque de las Aguas y la construcción de un hangar.
Otros $17.000 millones se relacionan con seis contratos entre el Amva y los Bomberos de Itagüí, los cuales, según las pesquisas, podrían haber tenido como destino final actividades ajenas a su objeto, incluyendo campañas políticas.
Las pesquisas de la Fiscalía, según lo informado por Caracol Radio, han identificado mecanismos de presunta apropiación irregular de recursos públicos.
La red de funcionarios y contratistas señalada habría simulado la ejecución de obras y falsificado documentos para justificar pagos, lo que permitió el desvío de fondos a través de procedimientos administrativos que aparentaban legalidad.
Actualmente, el proceso judicial se encuentra en una fase clave. La Fiscalía evalúa la solicitud de principio de oportunidad y la legalidad de los acuerdos de colaboración, mientras avanza en la consolidación de pruebas y en la definición de los próximos pasos procesales.
La decisión de uno de los imputados de colaborar con la justicia podría tener repercusiones importantes para el resto de los procesados y para el esclarecimiento de los hechos.
En este contexto, las revelaciones sobre la presunta simulación de ejecuciones y la falsificación de documentos para justificar pagos refuerzan la hipótesis de una estructura organizada dedicada al desvío de recursos públicos, un aspecto que la Fiscalía continúa investigando con base en los nuevos elementos aportados al expediente, según ha confirmado el medio mencionado.
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