El jueves 30 de octubre se conocerá el destino de la Misión de Verificación en Colombia: Consejo de Seguridad de la ONU tomará una decisión

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se apresta a definir el jueves 30 de octubre de 2025 el futuro de la Misión de Verificación en Colombia, un organismo central en el acompañamiento y seguimiento a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Por primera vez desde la creación de la Misión, la continuidad de su mandato enfrenta incertidumbre, impulsada por la postura de Estados Unidos, país miembro permanente con poder de veto en el organismo, y tras la decisión de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, sumada a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton.

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La relevancia de la votación radica en que la Misión de la ONU respalda tareas fundamentales para el proceso de paz, como la verificación de la reincorporación de ex combatientes, el monitoreo de las garantías de seguridad, la aplicación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el seguimiento a la reforma rural y la implementación del capítulo étnico del acuerdo.

Además, la labor de la Misión ha cobrado nuevo valor en el contexto de la llamada ‘paz total’, por su papel en la verificación del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el acompañamiento a las discusiones con el Estado Mayor de los Bloques, la disidencia liderada por alias Calarcá, señaló un informe del diario El Tiempo.

La situación actual es especialmente delicada debido a las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

Durante la más reciente sesión del Consejo celebrada a inicios de octubre de 2025, el representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sugirió que el mandato de la misión habría sido ampliado “para reflejar prioridades políticas excesivas”, citando como ejemplo la justicia transicional.

Waltz advirtió que Estados Unidos evaluaría “detenidamente” si la Misión merece seguir contando con el respaldo del Consejo de Seguridad, frase que dejó en el aire la posibilidad de un veto norteamericano en la próxima votación.

Las dudas se agravan en el contexto de la crisis bilateral, marcada por el señalamiento de Washington al gobierno del presidente Gustavo Petro por “socavar el progreso hacia el logro de una paz duradera” y recurrir a una “retórica incendiaria” en territorio estadounidense.

La relación entre los dos gobiernos atraviesa el momento más crítico en décadas, luego de la inclusión de Petro y su círculo más cercano en la Lista Clinton, un mecanismo que Estados Unidos utiliza para sancionar a individuos y entidades sospechosos de participar en actividades ilícitas.

En contraste, voceros del gobierno colombiano han insistido en la importancia de mantener el apoyo internacional.

Por ejemplo, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, declaró: “EE.UU. ha sido un socio clave de la paz en Colombia. Participó del proceso y por eso esperamos que haya consistencia en su voto. Tenemos confianza de que prevalecerá la sensatez para renovar uno de los principales activos del Consejo de Seguridad y del sistema ONU en general, la verificación de los acuerdos de paz en Colombia”.

A pesar de los retos, la expectativa del Gobierno se mantiene en que la continuidad de la Misión será aprobada.

Según el sistema de votación del Consejo de Seguridad, integrado por quince Estados miembros —cinco permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) y diez temporales electos—, las resoluciones de fondo requieren al menos nueve votos afirmativos, incluyendo el de todos los miembros permanentes. Si alguno de los cinco emite un veto, la resolución queda bloqueada de manera automática.

En ocasiones anteriores, la renovación del mandato ha contado con respaldo unánime de los miembros del Consejo, incluidas las potencias con poder de veto, sin importar el gobierno en ejercicio en Colombia o la coyuntura política internacional.

Sin embargo, este año confluyen diversos factores que han puesto en duda la histórica unanimidad. Algunas fuentes señalaron al mismo medio colombiano que, al margen de la actual administración, existe presión de congresistas colombianos sobre legisladores estadounidenses —especialmente republicanos— para condicionar el voto a la Misión, una práctica que ha tenido antecedentes en años previos.

En la sesión del jueves 30 de octubre la delegación colombiana estará representada por la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata, ya que la canciller Rosa Villavicencio permanece sin visa y en territorio de Oriente Medio junto al presidente Petro.

El diplomático eslovaco Miroslav Jenča, actual jefe de la Misión, señaló que los otros catorce miembros del Consejo han manifestado “muy claramente” su apoyo a la renovación.

Jenča agregó que existen llamados a realizar ajustes al mandato, como suele ocurrir cada año, pero enfatizó que se requieren fondos y voluntad política para concretarlos.

“Hablé con varios actores políticos, incluyendo la oposición en Colombia, y lo que oí allá fue un apoyo para la continuación del trabajo de la Misión. También tengo que añadir que algunos actores mencionaron la necesidad de ciertos ajustes”, sostuvo el diplomático.

En su último informe trimestral, la ONU urgió al Gobierno colombiano a reforzar las garantías de seguridad para las elecciones y a cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz, llamando la atención sobre la persistencia de crisis humanitarias en diferentes regiones del país.

Un veto estadounidense a la renovación del mandato tendría consecuencias directas en la legitimidad y efectividad de los procesos de paz en Colombia.