Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

La Consejería Presidencial para la Paz y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) tienen previsto reunirse el jueves 30 de octubre, con el fin de examinar la posibilidad jurídica y operativa de trasladar a los cabecillas Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, y Digno Palomino, líderes de Los Costeños y Los Pepes, a cárceles en la ciudad de Barranquilla.

La cita busca establecer los parámetros que permitan la apertura de un diálogo socio jurídico entre las dos estructuras, como parte de la política de Paz Total que impulsa el Gobierno nacional.

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El encuentro abordará temas relacionados con seguridad, logística, acompañamiento institucional y verificación del proceso, con el objetivo de asegurar que cualquier medida se adopte dentro del marco legal. El Gobierno asegura que pretende crear un espacio de conversación que contribuya a disminuir la violencia urbana y a fortalecer la presencia del Estado en el Caribe colombiano.

De acuerdo con los planes iniciales, alias Castor y aproximadamente 45 miembros de Los Costeños serían llevados a la cárcel El Bosque, mientras que Digno Palomino y unos 30 integrantes de Los Pepes serían recluidos en la cárcel La Modelo, ambas en Barranquilla.

La propuesta ha suscitado posiciones encontradas. Algunos sectores advierten sobre el riesgo de que los cabecillas reciban beneficios indebidos o un tratamiento privilegiado, mientras que otros consideran que el diálogo con estos grupos puede ser una alternativa viable para pacificar los entornos urbanos y consolidar la Paz Total.

Sin embargo, el análisis sobre los posibles traslados se da luego de que el pasado 9 de octubre se realizaran en Barranquilla las primeras reuniones exploratorias con el fin de estudiar los mecanismos que permitan establecer un diálogo socio jurídico con ambas estructuras criminales.

El encuentro tuvo lugar en la Gobernación del Atlántico, donde el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y su delegado, Camilo Pineda, fueron recibidos por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Durante la sesión, Patiño explicó que el Gobierno ya dispone de las herramientas jurídicas necesarias para iniciar un proceso de sometimiento a la justicia.

“Ya hay un marco jurídico, y lo importante ahora es que ellos entren y comprendan ese marco. Este es un paso clave para construir la paz urbana que tanto necesita Barranquilla y su área metropolitana“, afirmó Patiño, al tiempo que destacó que el trabajo conjunto entre autoridades nacionales y locales es esencial para lograr resultados duraderos.

El alto comisionado reiteró que no se contemplan amnistías ni beneficios políticos para los cabecillas, sino la aplicación de mecanismos judiciales y de reparación. “Debemos hablar con todos, incluso con los actores ilegales, pero fortaleciendo la institucionalidad y el tejido empresarial del Atlántico,” expresó. Añadió que el proceso busca generar cambios estructurales y consolidar la autoridad del Estado en zonas afectadas por la delincuencia organizada.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano manifestó la disposición del departamento para colaborar con el Gobierno en la búsqueda de la paz. “La paz debe construirse con hechos, justicia y oportunidades reales. Estamos dispuestos a acompañar al Gobierno dentro de la legalidad y sin bajar la guardia frente al delito,” declaró. También aseguró que el Atlántico continuará reforzando a la fuerza pública mediante inversión tecnológica y apoyo logístico. “Es un trabajo de doble vía: avanzar hacia la reconciliación sin permitir que la criminalidad se fortalezca,” puntualizó.

Las gestiones del Gobierno coinciden con las declaraciones recientes de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, que desde prisión reiteró su compromiso con la tregua pactada con Los Pepes, vigente hasta el 20 de enero de 2026. El jefe de Los Costeños expresó que su organización respalda los esfuerzos de diálogo.

“Los barranquilleros pueden estar tranquilos. Este proceso no busca protagonismo ni beneficios políticos,” dijo en entrevista con W Radio. Además, negó la existencia de acuerdos con el Gobierno para obtener el nombramiento de gestor de paz, e indicó que los acercamientos actuales se centran en mantener la tregua, evitar el microtráfico cerca de instituciones educativas y erradicar la extorsión.

Aseguró también que las denuncias recientes de cobros ilegales corresponden a “estructuras independientes que usan el nombre de las bandas para intimidar a comerciantes y transportadores.”