La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular con solicitud de medida cautelar, argumentando un riesgo inminente para el patrimonio público, la moralidad administrativa y la prestación eficiente de los servicios públicos, ante la posibilidad de que Ecopetrol venda su participación en el proyecto Permian Basin, ubicado en Estados Unidos.
La organización, sin ánimo de lucro y de carácter no partidista, busca que la justicia administrativa suspenda cualquier decisión relacionada con una eventual desinversión en ese activo estratégico, que constituye uno de los pilares financieros de la empresa estatal.
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La demanda y sus fundamentos
El documento, radicado el 24 de octubre de 2025, señala que FEDe. Colombia actúa “en defensa del patrimonio público y de la moralidad administrativa”, invocando los artículos 88 de la Constitución Política, 2 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la Ley 1437 de 2011. Los demandados son Ecopetrol S. A., representada por su presidente Ricardo Roa Barragán, y la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es Germán Ávila Plazas.
Según la demanda, “existe un riesgo cierto, inminente y grave de la enajenación de uno de los activos estratégicos más relevantes de Ecopetrol, esto es, su participación en el Permian, proyecto ubicado en los Estados Unidos”. Por ello, la fundación solicita medidas cautelares para impedir que se adelante cualquier venta sin los análisis técnicos y financieros necesarios, ni la participación ciudadana correspondiente.
La organización pide, además, que el despacho judicial oficie a entidades financieras y calificadoras internacionales como J.P. Morgan, Goldman Sachs, Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, para que remitan informes recientes sobre el desempeño financiero de Ecopetrol y la relevancia del Permian en su portafolio. FEDe. Colombia argumenta que estos documentos serían fundamentales para evaluar la razonabilidad de una eventual desinversión.
En su cuenta de X, la fundación detalló que cerca del 88% de las acciones de Ecopetrol pertenecen a la Nación, por lo que una venta afectaría directamente los recursos estatales. De acuerdo con la entidad, “defender la participación de Ecopetrol en el Permian no es ir en contra de la transición energética. Es exigir que decisiones que afectan miles de millones de dólares del patrimonio de todos se adopten con rigor técnico, información pública y transparencia”.
FEDe. Colombia sostiene que la desinversión sin estudios previos pondría en riesgo la sostenibilidad de la compañía y podría debilitar los contrapesos del gobierno corporativo, especialmente frente a reformas internas que, según la demanda, reducen los mecanismos de control sobre las decisiones estratégicas de Ecopetrol.
Contraloría pidió explicaciones a Ecopetrol
Mientras avanza el trámite judicial, la Contraloría General de la República también abrió una indagación preventiva sobre el caso y solicitó a Ecopetrol entregar en un plazo de 24 horas información completa sobre la posible venta del activo.
El requerimiento fue dirigido a Ricardo Roa, y en él se exige un informe técnico, financiero y jurídico que sustente cualquier decisión relacionada con la participación en el Permian Basin, así como las actas de junta directiva donde se haya tratado el tema y los análisis de riesgos reputacionales, fiscales y financieros.
El órgano de control advirtió que el incumplimiento del requerimiento podría generar procesos sancionatorios conforme a la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1474 de 2011, que regulan el control administrativo y la responsabilidad fiscal.
La Contraloría también recordó que el Permian representa alrededor del 15% de la producción total y el 14% del Ebitda del segmento de exploración y producción de Ecopetrol, cifras que reflejan su peso estratégico dentro del grupo empresarial.
De acuerdo con un informe del banco BTG Pactual, el Permian se ha consolidado como “uno de los pilares financieros y operativos de Ecopetrol”, y la administración había manifestado que “no se vende”. Sin embargo, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que afirmó que el Permian podría “quebrar a Ecopetrol” y sugirió la posibilidad de vender la participación, generaron inquietud entre los inversionistas y los organismos de control.
La Contraloría enfatizó que cualquier decisión sobre un activo de esa magnitud “no puede estar sujeta a debates políticos sin evaluaciones técnicas, financieras y fiscales rigurosas”, y recordó que el Permian ha aportado más de 10 billones de pesos en Ebitda acumulado hasta 2024, con utilidades de 822 millones de dólares.
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