El abecé de la crisis entre Colombia y EE. UU.: sanciones a Petro, renuncia ministerial y despliegue militar estadounidense

La inclusión del presidente Gustavo Petro y parte de su familia en la lista de sanciones de Estados Unidos es apenas un coletazo de los que ha significado la crisis, quizá más grave, entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas.

El anuncio, realizado el 24 de octubre de 2025, se produjo en medio de una crisis diplomática con Washington, bajo el liderazgo de Donald Trump, y desencadenó una serie de eventos que sacudieron el panorama político y social colombiano, por ejemplo, la renuncia del ministro de Justicia Eduardo Montealegre ese mismo día, lo que añadió una nueva dimensión a la convulsión institucional que atraviesa el país.

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El 19 de octubre, Donald Trump denunció públicamente a Gustavo Petro señalando que es “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. La declaración incluyó el anuncio de la suspensión de ayudas económicas y subsidios estadounidenses a Colombia, una decisión que dio un giro radical en la política exterior de la administración republicana con respecto al país sudamericano

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, comentó Trump.

Ese mismo día, el mandatario colombiano respondió a las acusaciones del líder estadounidense, asegurando que vivía “engañado” por supuestas malas asesorías e informes de droga erróneos.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, comentó Petro.

Sin embargo, el lunes 20 de octubre, el madatario colombiano fue más allá y aseguró que, además de los recursos que dejaría de percibir el país, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también estaba fuertemente afectado.

"El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU“, señaló el mandatario.

A la crisis internacional, también se sumó un episodio de relevancia nacional, cuando el martes 21 de octubre la justicia colombiana absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, de los cargos de fraude procesal y soborno.

Este fallo permitió a Uribe regresar a la arena política y respaldar abiertamente a los precandidatos de su partido, lo que reconfiguró el escenario electoral de cara a las elecciones de 2026.

Mientras tanto, Gustavo Petro, en actos públicos en varias ciudades, impulsó la movilización de sus bases y defendió la necesidad de una asamblea constituyente para reformar el sistema judicial, una propuesta que generó tensiones dentro de su gabinete y culminó con la salida de Montealegre.

Sin embargo, todo se volvió a oscurecer el viernes 24 de octubre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton, bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Esta decisión se produjo tras semanas de acusaciones de Donald Trump sobre el aumento de la producción de cocaína en Colombia, que superó las 3.000 toneladas anuales, impulsadas por cerca de 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Un día antes, el 23 de octubre, el presidente Donald Trump ya había vaticinado la decisión al referirse a Petro como un “matón” y señalarlo de generar una fuerte crisis de seguridad en Colombia.

“Ahora tienen un líder terrible, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes y la venden de vuelta aquí”, señaló Trump.

“Él lastima su país de forma muy grave, lo están haciendo muy mal en Colombia, hacen cocaína, tienen fábricas de cocaína. Cultivan un montón de coca que se convierte en drogas que entran a los Estados Unidos a través de la frontera con México”, añadió el nortemericano.

La escalada de tensiones entre Petro y Trump se manifestó en declaraciones cruzadas y en la intensificación de la política antidrogas estadounidense. Trump ordenó el despliegue de fuerzas militares en aguas del Caribe y el Pacífico, con operaciones que incluyeron bombardeos a embarcaciones presuntamente cargadas de cocaína, acciones que dejaron más de 30 muertos.

Mientras la Casa Blanca justificó estas operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano, organizaciones internacionales y entidades como Human Rights Watch las calificaron de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional. Petro, en actos públicos, advirtió sobre los riesgos que estas acciones representan para la soberanía nacional y la estabilidad regional.

En paralelo, Petro llamó a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, y encomendó a la canciller Rosa Villavicencio la redefinición de las alianzas internacionales. Según fuentes del Ejecutivo citadas por El Espectador, se evalúa la posibilidad de retirar a los militares estadounidenses de las bases en territorio colombiano, aunque esta opción aún no se ha concretado.

En el plano interno, la crisis diplomática exacerbó la polarización política y social. Petro intensificó su confrontación con la Corte Constitucional, el Congreso y otras instituciones, a las que acusó de obstaculizar las reformas estructurales propuestas por su gobierno.

Durante una movilización en la Plaza de Bolívar, el presidente expresó: “Espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte”, en referencia a la resistencia de sectores conservadores y a la necesidad de avanzar en cambios profundos.

El impacto de la crisis se extendió al ámbito regional. La relación de Colombia con Venezuela, gobernada por el autoproclamado presidente Nicolás Maduro, y con Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, se vio afectada por la política de sanciones de Estados Unidos y por la presencia de grupos armados en la frontera colombo-venezolana.

Mientras la Casa Blanca mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información sobre Maduro, a quien acusa de liderar una organización criminal, Petro ha negado la existencia de dicho cartel y ha buscado fortalecer la cooperación con Caracas para combatir la ilegalidad en una frontera de más de 2.200 kilómetros.

Según información conocida por El Espectador, la crisis ha sido objeto de análisis en varias reuniones de alto nivel en la Casa de Nariño, donde se evalúan los posibles escenarios para la reelección de la izquierda en 2026 y la necesidad de redefinir la política exterior colombiana.

Mientras tanto, Petro anunció que no volverá a referirse públicamente a Trump, y desde Washington se descartó la posibilidad de un diálogo directo entre ambos mandatarios. La administración colombiana apuesta ahora por diversificar sus alianzas internacionales y enfrentar desde las calles la creciente oposición interna, en un ambiente de aislamiento regional que ni siquiera los gobiernos de izquierda de Brasil, México o Chile han experimentado con tal intensidad.