
El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la magistrada Leonor Oviedo Pinto, que fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia tras haber salvado su voto en el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La togada, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fue la única en estar en desacuerdo con la decisión que absolvió a Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue adoptada el 21 de octubre, con el voto mayoritario de los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa Sánchez.
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A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que “la mafia se va contra los juristas decentes de la Patria y hay que defenderlos”, en respuesta a la controversia judicial que involucra a la magistrada.
“Estamos ante una arremetida mafiosa, pero venceremos. Lo que está en juego es quien gana la presidencia, eso es todo, y como perdieron el pueblo, buscan espejismos para que la gente se engañe otra vez”, agregó Petro.

La denuncia contra la magistrada Oviedo
El abogado Eduardo Castillo González presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que Oviedo habría incurrido en prevaricato por acción y omisión, al participar en la deliberación y votación del fallo pese a haber emitido supuestas opiniones públicas sobre el caso en redes sociales.
El documento radicado sostiene que la magistrada “debió haberse declarado impedida” debido a presuntas publicaciones en la red X, en las que habría manifestado críticas previas al expresidente Uribe Vélez. Uno de los ejemplos citados corresponde a un mensaje del 18 de septiembre de 2018, cuando la usuaria @LeonorOviedo6 comentó una entrevista en la que el entonces presidente de la Corte Suprema defendía la legalidad de una interceptación telefónica al exmandatario. En esa oportunidad, el perfil atribuido a la magistrada respondió: “No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número que por el contexto se hacía necesario”.
De acuerdo con Castillo, este y otros mensajes demostrarían una “animadversión” hacia el exmandatario, lo que habría comprometido la imparcialidad judicial de la funcionaria. También se mencionan publicaciones en las que Oviedo habría ironizado sobre declaraciones de Uribe y manifestado respaldo a opiniones del entonces senador Gustavo Petro relacionadas con las actuaciones de la Corte Suprema.

En su salvamento de voto, la magistrada Oviedo Pinto expresó: “Considero que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsume en los tipos penales de soborno en actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica realizada con culpabilidad. Es mi posición, contraria a la de la sala mayoritaria”.
Además, cuestionó los criterios de valoración probatoria de sus colegas al exigir la verificación de la veracidad de las declaraciones del testigo Juan Guillermo Monsalve. Según su criterio, la existencia del intento de condicionar el testimonio bastaba para configurar el delito, sin que fuera necesario comprobar la veracidad de las declaraciones del testigo.
El abogado Castillo, por su parte, sostiene en la denuncia que el salvamento de voto “trae posturas personales e ideológicas” que reproducen los mismos argumentos del fallo de primera instancia, el cual fue revocado por el tribunal. “A pesar de lo excesivo del salvamento de voto, ello no significa que existan razones que le permitieran apartarse de la decisión”, señala el documento.

La denuncia busca que la Corte Suprema de Justicia determine si Oviedo Pinto incurrió en faltas disciplinarias o penales al intervenir en la decisión. De proceder, el alto tribunal podría abrir una investigación formal para evaluar la posible vulneración de los principios de imparcialidad y transparencia judicial.
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