Eduardo Montealegre podría ser investigado disciplinariamente por graves acusaciones tras su renunciar al Ministerio de Justicia

En la mañana del viernes 24 de octubre, Eduardo Montealegre Lynett presentó su renuncia al cargo de ministro de Justicia. La decisión se dio un día después de haber anunciado un proyecto de ley para convocar la tan polémica asamblea constituyente.

La dimisión, sin embargo, no quedó en silencio: minutos después de hacerse pública, Montealegre difundió una carta en la que formuló señalamientos directos contra diferentes instituciones del Estado y figuras políticas, lo que originó fuertes reacciones y el anuncio de una denuncia disciplinaria en su contra.

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El documento, hecho público en sus redes sociales, contiene acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el procurador general.

“Así el Ministro haya presentado su renuncia, su efecto no es inmediato; sigue siendo servidor público. Voy a presentar denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que inicie las actuaciones disciplinarias. No es posible que un funcionario ataque vilmente a la justicia y tilde de ‘criminal de guerra y corrupto’ a un presidente absuelto por la justicia”, escribió un representante a la Cámara en su cuenta de X, anunciando la primera acción formal en contra del exministro.

En la carta, Eduardo Montealegre inicia expresando su “profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez”. A lo largo del documento, el exministro atribuye a diversos sectores del Estado y del sistema judicial haber convalidado lo que considera una decisión injusta.

Montealegre señala además al “establecimiento de Colombia” y a “un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime” como parte de lo que califica como una estructura que protege la impunidad. Según el texto, su renuncia obedece a la necesidad de “recuperar la libertad para actuar como víctima del expresidente Uribe”, a quien acusa de promover “una violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”.

En otro apartado, Montealegre advierte que acudirá a instancias internacionales. “Acudiré a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su impunidad”, afirmó en la carta. También anticipa que, a su juicio, “la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absolverá”.

El texto contiene además cuestionamientos a la Fiscalía General de la Nación, de la que asegura que “no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizados por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo”. En uno de los pasajes más fuertes, el exministro escribió: “Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”.

Montealegre también hace referencia al procurador general, a quien describe como “un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia”, y asegura que ese respaldo proviene “de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia”.

El contenido del documento generó reacciones inmediatas en el ámbito jurídico y político. El abogado penalista Iván Cancino, a través de su cuenta en X, advirtió que la carta no puede considerarse una expresión privada, dado que fue suscrita por Montealegre en su calidad de ministro de Justicia. “La carta que presenta el ministro de justicia la hace aún como servidor público! Debe tener consecuencias. Contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias”, escribió.

El Código Penal colombiano establece que los delitos de injuria y calumnia pueden ser investigados cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, realiza declaraciones que atenten contra el honor o buen nombre de otra persona. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que los funcionarios tienen límites más estrictos en el uso de la libertad de expresión, pues sus pronunciamientos pueden tener consecuencias institucionales.

En ese contexto, el contenido del documento del exministro podría dar lugar tanto a sanciones penales como disciplinarias. La eventual denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación buscaría determinar si Montealegre vulneró los principios de imparcialidad y respeto institucional exigidos a los servidores públicos. De comprobarse una falta, el exministro podría enfrentar sanciones que incluyen la suspensión o inhabilidad para ejercer cargos públicos.