El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y planteó en cambio la necesidad de un juicio político en su contra.
Según afirmó, el proceso constituyente sería una maniobra para alterar el equilibrio democrático del país y consolidar un proyecto de poder personal.
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“La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria”, expresó De la Espriella, quien advirtió que el llamado del Gobierno a un nuevo pacto constitucional busca “dinamitar las bases democráticas” desde la Presidencia.
Críticas directas a Petro y llamado a juicio político
De la Espriella sostuvo que la estrategia del presidente tiene como objetivo generar una crisis institucional. “Lo que ha venido haciendo no es solo una locura. Es un plan para dinamitar las bases democráticas y generar una situación insalvable desde la Presidencia”, señaló.
El precandidato manifestó que el país no debe caer en lo que calificó como una “trampa política” y llamó a la unión de los sectores que defienden la institucionalidad: “Constituyente, no. Juicio político, sí. Unámonos todos con el clamor del pueblo e impulsemos el juicio político al dictador en ciernes antes de que sea tarde”.
Sus declaraciones se producen luego de que el presidente Petro reviviera la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, luego de la absolución del expresidente Álvaro Uribe. El mandatario instó a la ciudadanía a “comenzar la recolección de firmas del poder constituyente”.
El Gobierno defiende la propuesta como un proceso de transformación institucional
La ministra de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que el proyecto de ley busca reformar la Constitución de 1991 para adaptar las instituciones del país a los retos del siglo XXI. En un video publicado recientemente, sostuvo que el objetivo es “derrotar el bloqueo institucional” y promover un sistema más participativo.
Según el documento divulgado por el Ministerio, la propuesta contempla que la Asamblea esté conformada por 71 delegatarios, elegidos bajo criterios de paridad y representación social, incluyendo delegaciones campesinas, indígenas y de población LGBTIQ+. De los 71 representantes, 44 corresponderían a la ciudadanía general y los restantes 27 a sectores específicos.
Petro aseguró que el texto definitivo será elaborado junto con las organizaciones sociales que integren el comité pro constituyente, encargado de recoger las firmas necesarias. “Cualquier ciudadano podrá hacer sus propuestas, y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”, señaló.
Reacciones políticas y viabilidad del proceso
La iniciativa ha generado un amplio debate entre líderes políticos y precandidatos presidenciales. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, afirmó que el plan “no tiene futuro”, mientras que Sergio Fajardo recordó que Petro prometió en campaña no convocar una constituyente.
Analistas constitucionales advierten que el proceso enfrentaría dificultades jurídicas y de tiempo. De acuerdo con la Constitución de 1991, una Asamblea Constituyente requiere primero la aprobación del Congreso, luego la revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, la ratificación mediante una votación popular en la que al menos una tercera parte del censo electoral vote afirmativamente.
En términos numéricos, serían necesarios cerca de 13 millones de votos a favor, una cifra superior a la obtenida por Petro en la segunda vuelta presidencial. Además, su mandato finalizará en menos de un año, lo que complica los plazos para completar los trámites legislativos y judiciales.
Antecedentes y perspectivas
Aunque el debate actual se ha intensificado por la postura del Gobierno, la figura de la Asamblea Constituyente no es nueva en la política colombiana. En 2016, el expresidente Álvaro Uribe planteó una propuesta similar para revisar los acuerdos de paz con las FARC, y en 2020 el Centro Democrático volvió a discutir la idea tras decisiones judiciales contra su líder.
La iniciativa de Petro amplía los alcances de las discusiones anteriores, al considerar posibles reformas estructurales a todos los aspectos de la Constitución de 1991. Mientras tanto, sectores opositores como el encabezado por De la Espriella insisten en que el debate no debe centrarse en reescribir la Carta Magna, sino en preservar los mecanismos institucionales existentes.
El abogado concluyó que su campaña seguirá enfocada en la defensa del Estado de derecho y en promover un juicio político que, según dijo, “garantice el respeto por la democracia y la libertad”.
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