Versiones opuestas sobre la muerte de Angie Tobar, estudiante que fue secuestrada en Cauca: Ejército y disidencias son señaladas

La confirmación de la muerte de Angie Pahola Tobar Calpa llegó tras dos meses de incertidumbre, cuando los resultados forenses permitieron a su familia saber que la joven estudiante de la Universidad Nacional de Medellín murió el mismo día en que fue secuestrada en el departamento del Cauca.

La noticia, conocida en exclusiva por El Tiempo a través de fuentes cercanas a la familia, puso fin a una búsqueda marcada por la ausencia de información pública y versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

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El 27 de agosto, Angie Tobar, de 26 años y oriunda de Guachucal, Nariño, emprendió su regreso a Medellín tras pasar unos días de vacaciones en su tierra natal. Viajaba en un camión de carga junto a un amigo de la familia y el ayudante del conductor, con destino a la Central Mayorista de Itagüí, en Antioquia.

El trayecto se vio abruptamente interrumpido en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, cuando un retén ilegal detuvo el vehículo. El conductor, que logró escapar, relató que varios hombres armados, identificados como miembros de las disidencias de las Farc, Bloque Dagoberto Ramos, obligaron a descender a Angie y a uno de sus acompañantes. Desde ese momento, no se supo nada más sobre el paradero de la estudiante.

A pesar de los operativos desplegados en la región para localizarla, los esfuerzos resultaron infructuosos. Mientras tanto, la familia de Angie recibió información extraoficial sobre una posible explicación de lo sucedido. Según conoció el medio citado, los padres de la joven viajaron al Cauca en los días posteriores al secuestro para participar en la búsqueda y recabar datos de primera mano.

La clave para entender el desenlace estuvo en un enfrentamiento armado que se produjo después del secuestro. De acuerdo con el relato de allegados a la familia, recogido por El Tiempo, Angie y su acompañante, Adrián Marcillo, fueron trasladados en un vehículo de las disidencias. Horas más tarde, ese mismo vehículo se vio envuelto en un combate entre el Ejército Nacional y los insurgentes, en el que ambos jóvenes murieron.

La versión de los hechos fue confirmada en un comunicado emitido por las disidencias de las Farc el 30 de agosto, apenas tres días después de la desaparición. En el documento, los insurgentes responsabilizaron al Ejército de cuatro “hechos de terror” y detallaron:

“El segundo hecho ocurrido el 27 de agosto en Piendamó, Cauca, en medio de una persecución a unidades del Frente Dagoberto Ramos que llevaban dos retenidos con fines económicos, se produce un ataque desproporcionado e indiscriminado desde el Ejército Nacional, produciendo la incineración de una camioneta con pasajeros a bordo: Un camarada de las Farc-EP y los dos civiles (Adrián Marcillo y Paola Tobar). En declaraciones de los militares, presentan a los civiles como miembros de las Farc-EP, recordando las épocas pasadas del paramilitarismo y sus ejecuciones extrajudiciales”, según el comunicado citado por el medio mencionado.

Por su parte, la institución castrense también emitió un comunicado en el que informó sobre lo ocurrido en Piendamó:

“Durante el desarrollo de la operación militar, el Batallón de Infantería N. 7 de la Vigésima Novena Brigada, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería N. 8, logró neutralizar la acción terrorista, lo que dio paso a un combate de encuentro que obligó a varios de los delincuentes a emprender la huida. En el hecho, un vehículo en el que se movilizaban tres presuntos integrantes del GAO-r resultó incinerado, ocasionando la muerte de los tres ocupantes”.

El comandante de la Vigésima Novena Brigada, el brigadier general Alirio Aponte Sepúlveda, precisó: “En el lugar de los hechos se logró encontrar un vehículo que estaba siendo incinerado; dentro de él había tres personas. Esto es material de investigación”.

Las versiones de las disidencias y del Ejército resultaron opuestas, y la única vía para esclarecer lo sucedido fue el examen forense de Medicina Legal a los cuerpos, que llegaron completamente calcinados a la morgue de Popayán.

Con base en la información obtenida por El Tiempo, a los familiares de Angie se les explicó que el proceso de identificación podría extenderse hasta cinco años debido al estado de los restos.

No obstante, la intervención de una figura política interesada en el caso, que según fuentes consultadas por el mismo medio presionó para acelerar los análisis, permitió que los resultados se conocieran en un plazo mucho menor.

La mañana del 22 de octubre, Medicina Legal emitió el dictamen forense: los cuerpos calcinados correspondían a Angie Pahola Tobar y Adrián Marcillo. Los resultados de ADN confirmaron que Angie falleció el mismo 27 de agosto, día de su secuestro y del enfrentamiento armado que culminó con la incineración del vehículo en el que era transportada, según informaron fuentes cercanas a la familia a el diario.