Mientras Shakira disfruta del suceso de su participación en Spotify Anniversaires celebrando los aniversarios de Pies Descalzos y Fijación Oral con la presencia de invitados como Ed Sheeran y Beéle para realizar una nueva versión de Hips Don’t Lie, un pleito judicial tuvo lugar durante los últimos meses afectando directamente a la colombiana.
Según reportó el paparazzi Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca de Univisión, un hombre de 80 años de nombre David Rashidian, presentó una demanda contra Shakira en la Corte de Miami, acusándola de fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor, y reclamando una demanda millonaria.
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La demanda, presentada el 30 de marzo, señalaba que el demandante habría entregado a la cantante aproximadamente USD 140.000 para cubrir supuestos gastos de hoteles e imprevistos médicos de su familia, además de USD 3.500 para un viaje a Cuba.
El hombre también afirmaba haber firmado con Shakira un contrato para publicar juntos un libro de memorias y organizar una gira internacional de 100 conciertos. En total, el monto reclamado ascendía a los 116 millones de dolares.
Entre las pruebas aportadas por el demandante figuraban capturas de pantalla de conversaciones mantenidas a través de una cuenta de Facebook llamada “Shakira personal”, mensajes de texto, una supuesta licencia de conducción de la artista, tiquetes de avión, una tarjeta de regalo de 500 euros, correos electrónicos y una carta en la que acusaba a la cantante de incumplir el contrato.
Además, las capturas mostraban que la persona con la que interactuaba lo llamaba “marido oficial”, “amor de mi vida” y “socio comercial”, según relató Jordi Martin.
De acuerdo con lo informado por 20 Minutos, la defensa de Shakira, encabezada por el abogado José Luis Becerra, argumentó durante la audiencia celebrada el jueves 23 de octubre que la artista nunca tuvo contacto con el demandante y que todo el caso se basaba en “una clara suplantación de identidad”. El equipo legal de la cantante subrayó que la cuenta de Facebook utilizada por el demandante no era la oficial ni estaba verificada, lo que evidenciaba que la persona con la que interactuó no era la verdadera Shakira.
Tanto el abogado criminalista Carlos González, consultado por El Gordo y La Flaca, como el propio Jordi Martin, indicaron que todo apuntaba a que el demandante fue víctima de una estafa perpetrada por alguien que se hizo pasar por Shakira durante tres años.
El desarrollo judicial del caso culminó cuando el propio demandante envió un correo la noche del 22 de octubre, anunciando su intención de retirar la acción legal. Ante esta situación, el juez de la Corte de Miami aceptó la solicitud de la defensa y desestimó la demanda. La defensa de la artista también pidió al tribunal que evaluara los perjuicios ocasionados a Shakira por la difusión de este caso.
No es la primera vez que Shakira tiene que lidiar con problemas judiciales. En varias oportunidades recibió demandas por supuesto plagio en sus sencillos Hips Don’t Lie, Waka Waka, Loca y La Bicicleta, mismos que terminaron siendo desestimados por la justicia.
Otro pleito recordado fue con Antonio de la Rúa, su pareja y mánager durante años. Luego de su separación, las partes enfrentaron dos años de litigio debido a que el empresario argentino exigía una compensación económica atribuyéndose su responsabilidad en el éxito de la cantante. El juzgado desestimó la causa y la cantante contrademandó por daños y perjuicios.
En 2012 recibió la demanda de dos exempleados que la acusaron por despido injustificado y le exigían una suma de entre 130.000 y 190.000 euros por no haberles notificado de la finalización de su contrato y por supuestas amenazas de muerte si hablaban. Shakira respondió afirmando que estos la extorsionaron con videos íntimos suyos con su entonces nueva pareja, Gerard Piqué. Al final, la barranquillera se vio obligada a pagar 1.900 euros.
Adicionalmente, está el caso que formuló la Hacienda española en contra de la cantante, acusándola de fraude fiscal durante el periodo 2012-2014. Pese a que alegó su inocencia y afirmó haber pagado el monto exigido originalmente por la entidad, finalmente alcanzó un acuerdo con el ente fiscal tasado en 7,3 millones de euros y una pena de 3 años de prisión que no se vio obligada a cumplir, sumada a una multa de 432.000 euros para cerrar el caso.
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