Ponente de la ley contra el fraude digital pidió a Gustavo Petro que firme el documento, tras el concepto favorable de la Corte Constitucional

La decisión de la Corte Constitucional de declarar ajustada a la Constitución la Ley Contra el Fraude Digital promete marcar un hito en la protección de los ciudadanos frente a la suplantación de identidad y los fraudes en entornos digitales. Así lo percibe el representante Duvalier Sánchez, autor y ponente de la iniciativa, que instó al presidente de la República, Gustavo Petro, firmar el documento para que la norma entre en vigor.

El congresista, que se ha mantenido en la línea de reconocer los logros del Gobierno y ser crítico en sus equivocaciones, fue enfático en defender la urgencia de brindar amparo a miles de víctimas que enfrentan deudas y reportes negativos por delitos que no cometieron. Más aún cuando ya existe un concepto favorable del alto tribunal, que ponderó de forma positiva el impacto que tendrá en la vida de los afectados.

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La Sala Plena de la Corte Constitucional, en su sesión del 22 de octubre de 2025, avaló el Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2022, impulsado por Sánchez. El alto tribunal verificó que el trámite legislativo cumplió con todos los requisitos constitucionales y procedimentales.

En su análisis, la Corte se centró en tres ejes fundamentales: la protección del derecho al habeas data, a caracterización del delito de suplantación y la necesidad de un marco normativo robusto para enfrentar el fenómeno en el contexto nacional. Según el magistrado ponente Juan Carlos Cortés, la decisión reafirmó que las víctimas deben contar con garantías reales para acceder, rectificar y proteger su información.

Lo anterior, en bases de datos y registros financieros, en un entorno donde los fraudes digitales han crecido de manera significativa.

Teniendo en cuenta este marco normativo avalado por la Corte, Sánchez dirigió un llamado directo al jefe de Estado para que permita su promulgación, en un acto que podría darse por descontado, de acuerdo con la importancia de lo avalado por el organismo de justicia, y el precedente que representaría para la seguridad financiera de los usuarios y también la tranquilidad de las instituciones bancarias.

“Hoy damos un paso definitivo para que en Colombia las víctimas de suplantación no sigan pagando por delitos que no cometieron”, afirmó el congresista, que explicó que la ley busca proteger a los ciudadanos de deudas y reportes negativos en centrales de riesgo derivados de la suplantación de identidad; un problema que afecta a entre 45.000 y 50.000 personas en el territorio nacional.

“Con esta ley corregimos una inmensa injusticia, y era que los ciudadanos tenían que verse en el dilema de pagar un abogado o pagar la deuda. No más de eso. Si es estafa, si es fraude, no se paga”, afirmó el legislador. El texto, ahora respaldado por la Corte, introduce medidas clave para fortalecer la protección de los datos personales y el patrimonio de las víctimas, siendo este su aspecto más representativo.

Uno de los avances más relevantes es la eliminación de la exigencia de presentar una denuncia ante la Fiscalía para solicitar la revisión de datos, lo que facilita el acceso de las víctimas a la protección de su información personal. Y también ordena la suspensión inmediata de cobros e intereses cuando se informe una posible suplantación, y se mantendrá hasta que exista un pronunciamiento judicial definitivo.

En efecto, si se comprueba la suplantación, la persona quedará exonerada de cualquier cobro o reporte negativo; en caso contrario, la entidad podrá reanudar el proceso de cobro en los términos originales. Sánchez detalló que las víctimas suelen enfrentar deudas con empresas de telefonía móvil, bancos y compañías de servicios digitales, quienes, hasta ahora, trasladaban la carga de la prueba y el pago a los usuarios.