Salario mínimo de 2026: este es el otro dato para el aumento que es clave para los trabajadores y empresarios

El inicio de la negociación del salario mínimo en Colombia para 2026 se perfila como uno de los procesos más observados y polémicos de 2025, con la expectativa centrada en la fecha en la que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará los datos de inflación, que con normalidad es el quinto día hábil de cada mes, así como el de productividad laboral. Este último indicador, que se dará a conocer durante la segunda semana de las conversaciones, será determinante para definir el ajuste salarial que impactará a millones de trabajadores y empresas en todo el país.

La importancia de estos datos radica en su papel como referencia clave para la concertación, teniendo en cuenta que la inflación y el crecimiento económico también figuran como variables obligatorias en la discusión.

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Como es bien sabido, el proceso de negociación salarial en Colombia está regulado por una normativa que exige considerar tres factores principales: la inflación del año anterior, la productividad laboral, que mide la eficiencia de un trabajador o de una empresa al relacionar la cantidad de bienes o servicios producidos con la cantidad de recursos utilizados (principalmente el tiempo y el esfuerzo de los empleados), y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

La estructura legal busca garantizar que el ajuste preserve o mejore el poder adquisitivo de los trabajadores, sin desatender la realidad económica de las empresas. La fecha de publicación de los datos de productividad, a cargo del Dane, se convirtió en algo clave dentro del cronograma de la negociación, ya que su divulgación suele marcar el momento en que las posiciones de los distintos sectores se definen con mayor claridad.

En 2024, por ejemplo, la entidad informó el 3 de diciembre que la productividad laboral por hora trabajada aumentó 3,43% y la productividad por persona empleada subió 1,76%, cifras que resultaron decisivas para fijar el salario mínimo de 2025 en $1.423.500. La cifras, para expertos como el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no fueron “consistentes” con la realidad económica del país.

La influencia de los datos de productividad laboral en la negociación quedó demostrada en los últimos años. Los indicadores, junto con la inflación, constituyen la base técnica sobre la que se construyen las propuestas de ajuste. Un aumento importante en la productividad puede justificar incrementos salariales superiores a la inflación, mientras que cifras más modestas suelen llevar a ajustes más conservadores. Además, el Banco de la República aporta proyecciones de inflación que, aunque no son definitivas hasta enero, orientan las expectativas de los negociadores.

Empresarios y analistas suelen insistir en que el ajuste salarial no debe superar la suma de inflación (cerró en 5,18% anual en septiembre de 2025) y productividad, para evitar presiones adicionales sobre los costos y la inflación futura.

Desde el Gobierno, la postura es clara: se buscará un ajuste “importante” que impulse el consumo y la demanda interna, con el objetivo de dinamizar la economía. La intenció, que ya confirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, generó inquietud entre empresarios y analistas, que advierten sobre los riesgos de un incremento elevado. El Ejecutivo sostiene que un aumento significativo del salario mínimo puede contribuir a la recuperación económica, pero enfrenta el reto de equilibrar este objetivo con la sostenibilidad de las empresas y la estabilidad del empleo formal.

Es más, hace algunas semanas se filtró que el Gobierno propondría un aumento del 11%, lo que llevaría al salario mínimo a estar cerca del $1.600.000.

Los gremios empresariales ya manifestaron posturas diversas, aunque en su mayoría coinciden en la necesidad de que el ajuste no exceda la inflación y la productividad. El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, por ejemplo, expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el aumento se fije por decreto, por lo que calificó la mesa de concertación como “una farsa” ante el anuncio presidencial de un posible incremento del 11%.

Un sondeo de La República a varios gremios dejó los siguientes resultados:

• Acopi: propuso un aumento del 6,5%, advirtiendo que una cifra mayor pondría en riesgo la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, incrementando la informalidad y reduciendo la contratación.
• Analdex: sostuvo que el incremento “debería corresponder a la inflación causada más productividad laboral, y no debería ir más allá”, subrayando que un ajuste superior dificultaría la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de la República.
• Fenalcarbón y ACM: alertaron sobre el impacto de un aumento elevado en los costos de producción y la competitividad internacional, mientras que
• AmCham Colombia: enfatizó la importancia de proteger el poder adquisitivo sin sacrificar la viabilidad empresarial ni el empleo formal.
• Colfecar y Fedetranscarga: advirtieron que un incremento considerable del salario mínimo elevaría los costos operativos y limitaría la capacidad de modernización del parque automotor, afectando la competitividad. En turismo,
• Anato: propuso un ajuste cercano al 5%, argumentando que porcentajes superiores resultarían excesivos ante los desafíos que enfrenta el sector.
• Asobares: señaló que un aumento por encima del 5% podría traducirse en pérdidas de empleos y cierre de pequeños negocios, especialmente en ciudades donde ya se han reducido las horas de operación.