El debate sobre la política de Paz Total en Colombia sumó un nuevo capítulo el miércoles 22 de octubre de 2025, con la radicación de una ponencia de archivo al proyecto de ley de sometimiento, impulsado por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. La iniciativa buscaría hundir la proposición con la que se le darían, según sus opositores, una serie de prebendas a los miembros de estructuras criminales.
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, miembro de la Comisión Primera de la corporación, formalizó el documento con el que propondrá que se le dé trámite al archivo, al argumentar que la iniciativa promueve la impunidad y contraviene los principios constitucionales. La decisión sobre el futuro del proyecto se discutirá en la citada célula legislativa, en el que las posiciones estarían divididas.
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Uscátegui, que como miembro del partido Centro Democrático ha sido conocido por su postura crítica frente a las políticas de paz del actual gobierno, dejó en claro que no se puede establecer un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, así como nuevas reglas para la consolidación de la paz y la seguridad ciudadana; como se lee en el referido proyecto.
En ese orden de ideas, el congresista sostuvo que la propuesta repite los errores de la Ley 2272 de 2022 y profundiza su fracaso al otorgar beneficios judiciales desproporcionados a personas procesadas por delitos relacionados con la protesta social y a estructuras criminales; lo que les permitiría conservar, según se ha previsto en el articulado, hasta el 12% de los bienes obtenidos de actividades ilícitas.
Las observaciones de José Jaime Uscátegui al proyecto de ley de sometimiento
Entre los argumentos centrales de la ponencia, Uscátegui advirtió sobre ambigüedades jurídicas que, a su juicio, equiparan a organizaciones criminales con grupos políticos armados. Y señaló la ausencia de mecanismos efectivos de control y verificación, lo que, según él, ha derivado en incumplimientos sistemáticos y nuevas violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional; durante los últimos tres años.
Además, el congresista del Centro Democrático cuestionó la inclusión de grupos reincidentes o sin voluntad real de desmovilización dentro del tratamiento de justicia transicional, lo que consideró una violación al principio constitucional de justicia. E hizo especial énfasis en cómo este proyecto registra la falta de garantías para las víctimas, al no establecer rutas claras de reparación, verdad ni justicia restaurativa.
“Este proyecto nace de una política mal concebida, que se presentó como un camino hacia la paz, pero que termina fortaleciendo a las estructuras criminales y generando más violencia e inseguridad. La llamada Paz Total ha sido un fracaso jurídico, político y operativo”, afirmó Uscátegui, que insistió en que el Gobierno “no debe ser “cómplice de una política que solo genera impunidad”, ni negociar con el crimen organizado.
Los datos con los que se soporta la ponencia de archivo de la ley de sometimiento
Las críticas a la política de Paz Total se apoyan en cifras oficiales y reportes de la Defensoría del Pueblo. Uscátegui destacó que, desde la entrada en vigor de la Ley 2272 de 2022, se han incumplido más de 15 ceses al fuego y las disidencias de las Farc y el ELN han incrementado su control territorial en más de un 30%. Y habló de cómo existen más de 14.000 hombres en armas y cerca de 250 municipios con control ilegal.
Todo esto, advirtió, a la par de los secuestros, que aumentaron un 27% en los últimos dos años. “Es evidente que esta política no pacificó el país, lo fragmentó aún más”, remarcó el representante, que fue claro en señalar que esta norma no logró los objetivos de pacificación y, por el contrario, facilitó el fortalecimiento de estructuras al margen de la ley en regiones en las que han vuelto los episodios violentos.
La ponencia de archivo será debatida en los próximos días en la Comisión Primera de la Cámara, en la que Uscátegui y otros sectores opositores esperan que el Congreso rechace lo que consideran un intento de legalizar la impunidad bajo el discurso de la Paz Total. Es por tal motivo que hizo un urgente llamado a los legisladores para que detengan la iniciativa, y no se favorezca de esta manera la impunidad.
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