Subcomandante de la Policía de La Guajira tenía orden de captura por delitos sexuales: se entregó a las autoridades

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional, luego de que el Comando de Región de Policía No. 8 del departamento de La Guajira confirmara que el teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos fuera retirado de sus actividades el 16 de octubre de 2025, por tener una orden de captura por delitos sexuales.

El hombre, que se desempeñaba como Subcomandante del Departamento de Policía Guajira, de manera voluntaria acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, al estar presuntamente vinculado con episodios que habrían ocurrido en el tercer trimestre del año en curso.

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Actualmente permanece bajo custodia en un centro asistencial de Riohacha, a la espera de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, programadas para el 22 de octubre.

Las diligencias judiciales se realizarán de manera virtual y bajo reserva, dada la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a las víctimas.

Desde la Policía del departamento le confirmaron que: “En el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Así mismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes”.

Siete auxiliares de Policía vieron truncadas sus aspiraciones profesionales tras denunciar haber sido víctimas de abuso sexual dentro del comando. Hasta el momento, solo cuatro de ellas han formalizado su denuncia ante las autoridades competentes, mientras que las demás reciben acompañamiento psicológico y legal, y se prevé que en las próximas horas también acudan a la Fiscalía.

Entre los testimonios recogidos por la Unidad Investigativa del medio de comunicación, La Guajira Hoy, se destaca el caso de una de las jóvenes que debió someterse a un procedimiento de legrado en un centro médico de Riohacha, autorizado por ella misma.

Las muestras obtenidas serán analizadas por Medicina Legal para determinar si existe coincidencia genética con el oficial investigado. Las fuentes cercanas a las víctimas confirmaron que este procedimiento forma parte de las nuevas pruebas incorporadas a la investigación.

El escándalo se hizo público cuando el padre de una de las afectadas, tras recibir una llamada desesperada de su hija, acudió de inmediato al comando de Policía. Allí, exigió respeto y justicia, y puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Uno de los padres, que solicitó mantener el anonimato, relató que la situación familiar se tornó insostenible tras conocer los hechos, informó el medio de compunción local.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la condena de 14 años de prisión contra Stevan Andrés Rosero Derazo, miembro de la Policía Nacional, por el abuso sexual cometido contra un compañero en una base policial de Neiva, Huila, en noviembre de 2013.

El ataque ocurrió en los baños de la sede del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), aprovechando un corte de energía eléctrica que dejó las instalaciones a oscuras. Rosero Derazo sorprendió a la víctima, lo golpeó y cometió el abuso sexual, según el relato del afectado.

La decisión judicial se fundamentó en la contundencia de las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, que permitieron establecer la responsabilidad penal del uniformado. El caso fue investigado por un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Huila, quien reunió los elementos probatorios que sustentaron el proceso penal.

Durante el proceso, la magistrada Juana Alexandra Tobar Manzano destacó que el agresor “doblegó su voluntad y usó el enjuiciado para hacer caso omiso a la renuencia del ofendido para sostener con él relaciones sexuales”, según información publicada por el diario La Nación.

La funcionaria también subrayó que la víctima negó “categóricamente haberle dado su consentimiento para sostener relaciones sexuales”, y que el uniformado ejerció violencia física y psicológica sobre su compañero.