Editorial del Wall Street Journal destacó el fallo que declaró inocente al expresidente colombiano Álvaro Uribe: habló fuerte contra el Gobierno Petro

La absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en un caso que se extendió por 13 años y estuvo plagado de controversias, tuvo un impacto que cruzó las fronteras de Colombia y reavivó el debate político a nivel regional en torno al exmandatario.

En una editorial titulada ‘Reivindicación de Uribe en Colombia’, el Wall Street Journal analizó lo sucedido en la investigación contra Uribe Vélez, la cual calificó como lawfare ―un proceso que la Fundéu RAE describe como el “uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”―.

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El fallo de segunda instancia, dado a conocer el martes 21 de octubre de 2025, declaró inocente a Uribe Vélez de todos los cargos que pesaban en su contra —cohecho en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal—, y anuló la condena de 12 años de arresto domiciliario impuesta por la jueza Sandra Heredia. De acuerdo con el influyente diario estadounidense, este hecho representa un hito en la lucha contra el uso político de la justicia en Colombia.

“El caso contra el Sr. Uribe fue pura guerra legal. Gracias a su éxito como presidente (2002-2010) al derrotar al grupo rebelde Farc, sigue siendo influyente en la derecha. Ponerlo tras las rejas ha sido un objetivo de larga data de la izquierda colombiana, como lo demostró el actual presidente izquierdista Gustavo Petro con su tuit tras el fallo. “Así se oculta la historia del gobierno paramilitar en Colombia”, escribió. Así se politiza la justicia", expresó el mencionado medio.

Además, destacó la labor de los tres jueces que estuvieron a cargo de la decisión de absolución al exmandatario colombiano, resaltando que la Fiscalía no pudo demostrar el supuesto fraude ligado al principal líder de la oposición en Colombia.

El caso que llevó a Uribe Vélez ante los tribunales se originó en 2017, cuando el expresidente presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de intentar obtener de manera ilícita testimonios en su contra de paramilitares encarcelados, a cambio de dádivas para ellos y sus familias. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia y, en cambio, ordenó investigar al ex jefe de Estado.

El Wall Street Journal recordó que, desde entonces, el proceso estuvo marcado por controversias y cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia:

“Como escribimos en agosto, al Sr. Uribe se le negó el debido proceso antes de su juicio y en la sala del tribunal. Los abogados del Sr. Uribe afirman que se les excluyó de los procedimientos de investigación en 2018. Las escuchas telefónicas y las conversaciones grabadas sin el conocimiento de las partes no son legalmente admisibles en los tribunales colombianos. Sin embargo, el juez permitió ambas. Las filtraciones a la prensa y la manipulación de grabaciones de audio tuvieron como objetivo distorsionar el registro de la opinión pública".

Para finalizar, el diario estadounidense afirmó que el senador Iván Cepeda apelará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá mediante un recurso de casación, una figura judicial que permite impugnar fallos en instancias superiores: “El senador Cepeda afirmó que apelará ante la Corte Suprema, que acepta pocos casos, y que el obstáculo para revocar un fallo de apelación es alto. Al menos por ahora, se ha corregido una injusticia en Colombia”.

El abogado penalista Jaime Lombana, quien integra el equipo defensor del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, destacó que el fallo de segunda instancia evidenció deficiencias argumentativas en la decisión inicial, y sostuvo que esta estuvo marcada por “sesgo y subjetivismos que son inaceptables”.

Además, se pronunció sobre la dura crítica que hizo el Tribunal Superior de Bogotá a la aplicación del dolo eventual en el caso, figura jurídica empleada por la jueza Sandra Liliana Heredia para sustentar la supuesta responsabilidad penal del exmandatario.

“La jueza aplicó mal la figura del dolo frente a la determinación; no puede haber dolo eventual en un caso como el del doctor Álvaro Uribe”, aseguró el jurista en declaraciones a medios de comunicación colombianos.

Lombana también señaló que la sentencia en primera instancia incurrió en errores al combinar incorrectamente los conceptos de autoría y determinación en su análisis jurídico. “La ceguera voluntaria significa hacerse el de la vista gorda, pero no puede haber dolo directo cuando uno se hace el de la vista gorda. Es una contradicción respecto de la voluntad de la persona procesada”, explicó.

Finalmente, el togado afirmó que el fallo absolutorio en favor de Uribe Vélez representa un mensaje de respaldo a las instituciones judiciales del país: “Lo de ayer es un mensaje de confianza en la institucionalidad colombiana en estos momentos de dificultad. En los momentos de crisis que ha tenido el país, la rama judicial siempre ha sostenido el ventarrón, el huracán de las consecuencias a las que se ha visto sometido”.