La ministra de Transporte, Mafe Rojas, anunció la suspensión del cobro del peaje en San Luis de Gaceno hasta el 15 de enero de 2026 para todas las categorías vehiculares.
La medida, que impacta de manera directa a los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno en el departamento de Boyacá, responde a la severa afectación que la actual temporada invernal ha provocado sobre la infraestructura vial de la región, dificultando la movilidad y generando consecuencias económicas y sociales.
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Rojas dirigió un mensaje a las comunidades beneficiadas indicando “quiero compartir una información muy importante para las comunidades de Santa María y San Luis de Gaceno, en Boyacá. Y es que vamos a suspender el cobro del peaje hasta el 15 de enero de 2026 para todas las categorías, teniendo en cuenta la afectación que está sufriendo esta comunidad por la ola invernal. Seguimos trabajando desde el Ministerio de Transporte con la ANI, las autoridades locales y las comunidades para restablecer la conectividad”.

La decisión se oficializó mediante la Resolución 20253040041885 del 14 de octubre de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte. Esta disposición será válida hasta el 15 de enero de 2026 y beneficiará a los usuarios de la transversal del Sisga, un corredor vial estratégico que comunica los departamentos de Boyacá y Casanare. El peaje, ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno, ha sido durante años un punto clave para el flujo de personas y carga entre el oriente colombiano y el centro del país.
El contexto de la medida es una situación de calamidad pública declarada mediante diversos decretos y actos administrativos por las autoridades departamentales y municipales de Boyacá. El Concejo Municipal de San Luis de Gaceno, en coordinación con la Secretaría de Planeación y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd), declaró la calamidad pública el 8 de octubre de 2025. Esta decisión respondió al deterioro severo de la vía principal, resultado de intensas lluvias y una creciente súbita del río Bata, que produjo daños significativos en los kilómetros PR42+050 y PR42+580 del corredor, en jurisdicción de Santa María.
El Ministerio de Transporte detalló que la suspensión excepcional del peaje atiende la solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), formulada tras escuchar las peticiones de autoridades locales y comunidades de la zona. El objetivo es garantizar la conectividad, facilitar el tránsito de bienes y personas, y mitigar el impacto económico que sufren las poblaciones afectadas, principalmente agricultores, transportadores, estudiantes y empresarios turísticos.

La Resolución 981 de 2015, junto con la Resolución 0000981 de 2015 y la Resolución 0004875 de 2023, establecen que el valor de las tarifas de peaje debe adecuarse en función de la situación de la vía y la prestación del servicio. En este caso, el contrato de concesión y el análisis de impacto socioeconómico avalaron una suspensión temporal para salvaguardar el interés público hasta que se restablezcan las condiciones seguras de movilidad. Así, la medida busca aliviar la presión sobre localidades como Macanal, Santa María y San Pablo de Borbur, donde la economía y la conectividad resultaron gravemente comprometidas.
Además de la suspensión de las tarifas, distintos municipios del área de influencia, incluidos Santa María y San Luis de Gaceno, han emitido decretos de Alerta Roja y calamidad pública (Decretos 034 y 045 de 2025) para priorizar recursos destinados a intervenciones urgentes en la infraestructura vial.
La ministra Rojas aclaró que el compromiso del Gobierno nacional es proteger la vida, la movilidad y la economía regional. “Esta decisión es un mensaje claro: cuando las comunidades enfrentan emergencias, el Estado está presente con soluciones reales y oportunas”, enfatizó Rojas a través de un comunicado del Ministerio de Transporte.

Las autoridades nacionales y regionales, junto con la ANI, reiteraron que los trabajos de recuperación y estabilización del corredor vial continuarán de manera acelerada y coordinada a fin de restaurar la conectividad entre Boyacá, Casanare y el centro del país. La importancia estratégica de la ruta, tanto para el turismo como para el comercio y el acceso a servicios básicos, ha sido subrayada por los organismos de gestión del riesgo y los gobiernos locales, quienes insisten en la inmediata movilización de recursos y equipos.
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