En el barrio Los Cardonales, en el sector de Gaira, municipio de Santa Marta, una familia se aferra a la esperanza tras conocer en medios nacionales que su ser querido podría estar entre las víctimas de un presunto ataque estadounidense en aguas del Caribe.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló a Alejandro Carranza Medina como parte de la tripulación afectada en ese episodio. Mientras tanto, las voces en el hogar del pescador reclaman al Gobierno nacional y a Estados Unidos pruebas claras sobre su paradero. Según reportó El Tiempo, los familiares no han recibido notificación oficial hasta la fecha.
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El anuncio presidencial resonó en la pequeña casa en las faldas del cerro en Gaira, donde la rutina solía transcurrir al compás de las faenas de pesca y ahora solo persisten el temor y la incertidumbre.
En el patio, don Alejandro Carranza padre sigue confeccionando la atarraya destinada a su hijo, repitiendo la intención de entregarla cuando regrese. “Yo le enseñé a pescar, desde pelao’. Esa era su vida. Yo estoy tejiendo esta atarraya para cuando vuelva, para que pueda pescar mejor”, relató el diario.
Desde el 14 de septiembre, Alejandro abandonó la vivienda familiar para embarcarse en una jornada de pesca prolongada, tal como acostumbraba, con la promesa de regresar con suficiente captura.
La familia Carranza Medina recalca que estas ausencias podían durar hasta un mes, pero, en esta ocasión, el silencio ha persistido durante un periodo inusualmente largo. No han recibido llamadas, mensajes ni ningún tipo de información directa del Gobierno que confirme el fallecimiento del pescador.
Lizbeth Pérez Carranza, sobrina del hombre desaparecido, expresó a El Tiempo la frustración de la familia por enterarse de la noticia a través de redes sociales y noticieros.
“Antes de hacer ese anuncio, debieron hablar con nosotros, mostrarnos pruebas, algo que nos ayudara a entender lo que pasó”, explicó. Para la familia, la única versión disponible sigue siendo la del presidente Gustavo Petro, difundida ampliamente, pero nunca refrendada por un contacto oficial hacia los afectados.
En Los Cardonales, los recursos son escasos y la vida gira en torno a la pesca. Los padres del pescador y otros familiares señalaron al periódico citado que carecen de medios para desplazarse por su cuenta en busca de respuestas, por lo que insisten en que el Gobierno colombiano asuma la tarea de esclarecer lo acontecido.
La sobrina del pescador detalló: “Somos gente pobre, no tenemos cómo viajar ni a dónde ir. Solo pedimos que el Gobierno nos ayude a saber la verdad”.
La madre de Alejandro Carranza, Carmela Medina, atraviesa el duelo por la pérdida reciente de otro hijo y ahora ruega que se aclare la situación de Alejandro. Según relató, el pescador era una persona dedicada a su oficio, ajena a delitos vinculados al narcotráfico.
“Mi hijo no era malo. Él vivía de la pesca, no tenía dinero, ni cargaba droga, ni nada de eso que dicen en las noticias”, explicó entre lágrimas a El Tiempo, mientras sostenía un retrato de su hijo mayor. La mujer repite que aún mantiene la esperanza de que todo se trate de un error de identificación y que su hijo regrese a casa.
En relación a antecedentes judiciales mencionados en los medios, la familia confirmó que Alejandro Carranza figuró años atrás en un proceso por el robo de armas a la Policía Metropolitana, pero recalcan que dicho caso quedó archivado y que, a partir de entonces, el pescador se centró en retomar su oficio.
“Ese caso fue hace años y él no volvió a tener problemas con nadie. Volvió a la pesca, que es lo único que sabía hacer”, aseguró Lizbeth Pérez Carranza en declaraciones recogidas por el diario. La familia insiste en que Alejandro no tenía vínculos con redes delictivas ni actividades más allá de la pesca artesanal.
Alejandro Carranza Medina es padre de tres menores: un niño de 7 años, otro de 13 y una adolescente de 16. Los tres permanecen junto a su abuela, esperando noticias concretas sobre el paradero del pescador. “Preguntan si su papá va a volver. Solo queremos saber la verdad”, dijo su madre.
En Gaira, los familiares reclaman al Estado una comunicación directa y la entrega de pruebas, ya sea para confirmar el deceso o para limpiar el nombre del pescador si existiera algún error de identificación. La incertidumbre pesa sobre la vivienda, donde cada día que pasa se torna hacia la espera y el desconcierto.
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