“Petro tiene carta abierta para jugar con las pensiones”: qué conviene y qué no con el presupuesto del Gobierno para 2026

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 con un monto total de $546,9 billones de pesos, cifra que se redujo en $10 billones frente a la propuesta original presentada por el Gobierno. El presupuesto se distribuye en tres grandes rubros: funcionamiento ($358,1 billones), servicio de la deuda ($100 billones) e inversión ($88,4 billones).

Entre los sectores con mayores asignaciones figuran educación ($88,2 billones), salud y protección social ($78,1 billones), defensa ($68,9 billones), trabajo ($59,4 billones) y hacienda ($31,8 billones). El presupuesto contempla una Ley de Financiamiento para recaudar $16,3 billones adicionales, con el fin de cubrir necesidades fiscales.

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Se dio prioridad a programas sociales como educación gratuita, salud preventiva, Hambre Cero y Renta Joven, que recibirán $32,8 billones. Además, se destinaron $30,9 billones para el desarrollo productivo y regional, y $11,6 billones para proyectos de transición energética y lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, surgieron críticas por recortes en sectores como deporte, agricultura, tecnología, vivienda y la Defensoría del Pueblo, entidad que advirtió sobre posibles impactos negativos en la atención a comunidades vulnerables y en la protección de derechos humanos.

Para desmenuzar un poco más sobre el mismo, Infobae Colombia consultó al senador por el Centro Democrático Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República, que sostuvo serios debates con los ponentes del proyecto de ley, así como con figuras importantes del Gobierno.

¿Qué conviene y qué no del PGN? ¿El Gobierno Petro esconde una reforma tributaria?

El presupuesto presentado por el Gobierno Petro no es conveniente para el país. Entre 2022 y 2026, el gasto de funcionamiento ha aumentado un 74%, mientras que el de inversión apenas creció un 27%. Esto significa que, en 2026, por cada peso destinado a inversión, se gastarán cuatro en funcionamiento.

Aunque en el Congreso se hicieron algunos ajustes durante la primera ponencia, la estructura del presupuesto sigue desequilibrada y con una tendencia creciente al gasto burocrático. Como bancada nos opusimos a los artículos que buscaban otorgar poderes excesivos al Gobierno para mover recursos, crear fondos y reprogramar inversiones sin la debida vigilancia legislativa. Gracias a la presión y al trabajo riguroso se lograron eliminar algunos, sin embargo, quedaron otros, como el artículo 90, que es un “mico” que le da carta abierta al Gobierno para jugar como quiera con las pensiones de los colombianos.

Así las cosas, con el presupuesto aprobado, el Gobierno está preparando el terreno para una nefasta reforma tributaria encubierta, buscando más ingresos para sostener su propio funcionamiento, a costa del bolsillo de los colombianos, dificultando de nuevo la creación de empleo formal, castigando a los empresarios y afectando la inversión de los territorios.

¿Hubo un acuerdo para bajar $10 billones? ¿A qué se le recortaron recursos?

Desde la oposición no participamos del acuerdo porque, a pesar de que insistimos en la disminución, los $10 billones no eran suficientes para considerarlo un presupuesto responsable con las necesidades fiscales del país. Como bancada insistimos en que se debía seguir reduciendo 1$6,3 billones más.

Ahora bien, el ajuste además de insuficiente, terminó golpeando a sectores clave para el desarrollo social, económico del país y de control institucional. Las mayores reducciones se concentraron en Hacienda, que pierde $3,7 billones, principalmente, por recortes en transferencias y manejo de deuda; Trabajo, que cae $2,6 billones, debilitando los programas de empleabilidad y formalización laboral; y la Rama Judicial, que se reduce en $695.000 millones, afectando la capacidad operativa del sistema judicial.

También se evidencian disminuciones en Defensa y Policía ($237.000 millones), Justicia y del Derecho ($317.000 millones) y la Presidencia de la República ($266.000 millones).

Uno de los recortes más preocupantes se dio en la Defensoría del Pueblo, la inversión se redujo en un 47,3% frente a 2024, afectando directamente su capacidad operativa y su papel fundamental en la defensa de los derechos ciudadanos. Este solo es un ejemplo que refuerza la percepción de un presupuesto más político que transformador, donde las prioridades siguen concentradas en el sostenimiento del Estado y no en la reactivación económica ni en la equidad territorial.

En un año clave para la democracia, el Gobierno debilita las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la vigilancia electoral

Colombia necesita más control y más garantías, no menos. El país no aguanta más el despilfarro y la improvisación de un Gobierno corrupto y derrochón que castiga a las regiones y pone en riesgo la institucionalidad.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos en el Presupuesto General de la Nación para 2026 respecto al año anterior?

El Presupuesto General de la Nación 2026, tras el segundo debate, confirma que el país atraviesa un momento de contradicciones fiscales y políticas profundas. Aunque el monto total crece un 5,9% respecto a 2025, pasando de $525,8 a $546,9 billones, el aumento no se traduce en un impulso real a la inversión ni al desarrollo regional, sino en más gasto para sostener la estructura burocrática del Estado.

El rubro de funcionamiento, que sube 8,8%, concentra la mayor parte del incremento, especialmente, en gastos de personal y transferencias, mientras que la inversión apenas crece 5,7%. El Gobierno llega a este debate en medio de tensiones por la ejecución presupuestal, la baja inversión territorial y el desgaste de su narrativa de cambio

La reducción del presupuesto inicial en $10 billones busca enviar una señal de prudencia ante el déficit, pero en la práctica mantiene intocados los privilegios del gasto corriente y castiga la inversión productiva, la que realmente impulsa empleo y crecimiento.

¿Qué sectores recibirán un aumento o disminución importante en la asignación de recursos?

Al comparar el presupuesto total de 2025 ($525,9 billones) con el aprobado en segundo debate para 2026 ($546,9 billones), se observa que el aumento de recursos no es proporcional ni equitativo entre sectores. Mientras algunos ministerios estratégicos reciben leves incrementos, otros sufren recortes que revelan las verdaderas prioridades del Gobierno. Sectores clave para el bienestar ciudadano como Trabajo, la Rama Judicial y Justicia y del Derecho registran caídas significativas, lo que evidencia un presupuesto que recorta en institucionalidad, justicia y empleo, mientras protege el gasto político y burocrático

En la práctica, el presupuesto de 2026 no se perfila como un año de transformación ni inversión, sino como un año de ajuste y cálculo político, donde no se habla de austeridad, sino que se sigue premiando la estructura central del Estado.

¿Cómo garantiza este presupuesto el cumplimiento de las metas de desarrollo social y reducción de la pobreza?

Es muy difícil garantizar algo cuando este gobierno se ha dedicado a tener escándalos de corrupción y a derrochar el dinero. La ejecución de la inversión pública apenas supera el 35% a agosto de 2025, lo que refleja la ineficiencia y falta de gestión del Gobierno. El Gobierno de Gustavo Petro gasta sin invertir y promete sin cumplir.

Piden más recursos, pero sectores clave como vivienda y transporte, que movilizan el empleo formal, son los más castigados.

¿Qué mecanismos de control se implementarán para asegurar la transparencia en la ejecución presupuestal?

Legalmente, la ejecución del presupuesto se evalúa mediante un sistema de seguimiento que involucra al Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y los órganos de control. A través de herramientas como el Suifp y el Sistema Nacional de Evaluación (Sinergia), se mide si los recursos asignados realmente se traducen en resultados concretos.

Además, la Contraloría y el Congreso ejercen control fiscal y político sobre la ejecución, verificando que el dinero público se use de forma eficiente. Es así como desde la oposición utilizaremos estos mecanismos para ejercer nuestra función de control y seguiremos poniendo la lupa a la ejecución.

¿Cómo contempla el presupuesto la financiación de la educación y la salud pública en 2026?

Desde hace más de una década, Educación y Salud son de los rubros más grandes del presupuesto y este año no es la excepción. Esto no se debe a un compromiso real de este Gobierno por apalancar estos dos sectores clave, se debe a las transferencias obligatorias del Sistema General de Participaciones, que destinan un porcentaje fijo de los ingresos de la nación a educación básica y media, y en salud sobre todo para cubrir el déficit del sistema, los giros a las EPS y la atención de la población migrante.

Por esto, considero que se deben tomar precauciones y evitar caer en discursos vacíos. No poemos olvidar que la crisis en el sistema de salud fue inducida por el Gobierno, producto de decisiones erróneas e improvisadas. Las EPS siguen en crisis, los hospitales al borde del colapso y la corrupción sigue drenando los recursos que deberían servirle a los colombianos.

¿De qué manera se abordarán las prioridades regionales dentro de la distribución de recursos?

Para este gobierno, los territorios no son una prioridad. Más de 15 departamentos han sido abandonados mientras el centralismo sigue decidiendo a quién llegan los recursos. El problema de este presupuesto desfinanciado por $45 billones es que el Gobierno aumenta el gasto en burocracia, la nómina estatal sube 10,3% ($10,9 billones), solo la Rama Ejecutiva incrementa $571.000 millones y se crean 1.250 nuevos cargos, concentrados principalmente en el Ministerio de Igualdad y Equidad. Es decir, el Gobierno prefiere engordar su nómina antes que invertir en los territorios que necesitan infraestructura, salud y empleo.

¿Cómo impactará este presupuesto a la inversión en infraestructura y generación de empleo?

Este presupuesto demuestra que el país perdió el rumbo fiscal. En tan solo tres años, el presupuesto ha crecido más de $200 billones frente a 2022, pero ese aumento no se traduce en inversión. La mayor parte de los recursos se ha destinado a gastos de funcionamiento, en una burocracia cada vez más costosa y un aparato estatal que no produce resultados.

Tenemos un Gobierno que no prioriza las necesidades de los colombianos.

¿Qué diálogo hubo con otros partidos y sectores sociales antes de la presentación del proyecto al Congreso?

Con las jugadas del Gobierno Petro es imposible hablar de un diálogo transparente. Desde el inicio del trámite presupuestal, el presidente intentó promover reuniones por fuera del Congreso, a las cuales, como partido de oposición, decidimos no asistir, porque el debate debe darse en el escenario institucional que corresponde.

En el segundo debate, el presupuesto regionalizado fue entregado tarde, impidiendo un análisis serio y responsable. A esto se suma que cerca de 50 senadores del Gobierno decidieron acoger el Presupuesto General de la Nación aprobado por la Cámara, aun cuando el texto final no había sido publicado en la Gaceta del Congreso.

Este tipo de maniobras vulnera el debate democrático y debilita el control político que el Congreso tiene que hacer.