Más de 500 millones de pesos adeudaría Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, a contratistas de Bucaramanga por la construcción del edificio Uxmal Riviera Maya.
La deuda, alcanzada en el año 2015 y aún impaga tras una década, afecta a empresas y trabajadores que participaron en el proyecto, que han enfrentado obstáculos legales y empresariales para obtener el pago de sus servicios.
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El caso tiene como epicentro el barrio La Concordia, donde se levantó el edificio de 17 pisos y 95 apartamentos. Alexander Sandoval Delgado, ingeniero y representante de Eléctricos Asociados S.T., firmó un contrato por 637 millones de pesos para encargarse de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones.
Aunque recibió algunos pagos iniciales, las últimas tres facturas, por un total de 368 millones de pesos, habrían quedado pendientes, según un reciente informe conocido por el diario regional Vanguardia.
En 2017, tras acudir al centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se determinó que Mayax, la constructora responsable, debía abonar a Eléctricos Asociados 368 millones de pesos, más 62 millones por cláusula penal, con un plazo de diez días para cumplir la orden.
La suma nunca se habría pagado, y la deuda con Sandoval, incluyendo otros conceptos como el 10% de garantía habitual y un abono de 57 millones para la compra de un apartamento que nunca se escrituró, superaría los 500 millones de pesos.
Maniobras empresariales y legales en la deuda millonaria
La trama empresarial detrás del impago involucraría a Dansgold, compañía utilizada por González para sus negocios y de la que su esposa, Luz Dana Leal Ruiz, es socia. Dansgold financió la construcción con un préstamo de 9.683 millones de pesos a Mayax. Cuando Mayax no pudo saldar la deuda, González habría tomado el control de la empresa nombrando como gerente a su cuñado, Giovanni Heraldo Leal Ruiz, en una maniobra que el Tribunal Superior de Bucaramanga consideró ilegal por conflicto de intereses familiares.
Posteriormente, Mayax entregó el edificio a Dansgold en dación en pago, aunque la escritura pública se realizó por 603 millones de pesos, una cifra muy inferior al valor real estimado entre 10.000 y 17.000 millones.
Las declaraciones de los involucrados reflejan la complejidad y las disputas en torno a la responsabilidad del pago. Alexander Sandoval sostiene: “Nos debe la constructora, pero nos estafó Dansgold”.
Por su parte, Alirio Estupiñán Vargas y su padre, responsables de la obra de madera, tampoco recibieron los 139 millones de pesos que se les adeudaban. Estupiñán afirma: “A mí me estafó Dansgold, que maquinó todo”.
El gerente de Mayax, Guillermo Melo McCormick, explicó que la dación en pago incluía la obligación de Dansgold de asumir las deudas pendientes con los contratistas y entregar los apartamentos.
Sin embargo, según su testimonio, Dansgold no cumplió con el compromiso y se negó a cancelar las deudas, argumentando que no tenía contratos directos con los proveedores. Melo McCormick detalló que, además del edificio, Mayax entregó un lote en San Gil valorado en unos 500 millones de pesos y que se reservaron tres apartamentos para saldar las deudas con los contratistas, sin que estos recursos llegaran a los afectados.
Carlos Ramón González reconoció que Dansgold financió la obra y atribuyó el fracaso del proyecto a los administradores de Mayax, a quienes acusó de cobrar comisiones indebidas a los contratistas, aunque no presentó pruebas de estas afirmaciones.
González justificó la dación en pago como una medida para proteger a los afectados, a quienes calificó de “avivatos, prácticamente unos estafadores”. Según su versión, el negocio estaba proyectado para ventas por 14.000 millones de pesos, pero los constructores solo recibieron 5.500 millones, insuficientes para recuperar el capital invertido.
Consecuencias para los contratistas afectados
Las consecuencias para los contratistas han sido graves. Alexander Sandoval, además de la deuda principal, perdió el dinero invertido en la compra de un apartamento y no ha recibido respuesta a sus reclamos.
Eléctricos Asociados cumplió con el contrato, según confirmaron la ingeniera residente Liseth Tatiana Pinzón Hernández y la supervisora técnica Adriana Rocío Camacho Sánchez, quien señaló que solo faltaban detalles menores en la parte eléctrica y que la legalización de la energización del edificio se realizó con los documentos de Sandoval. A pesar de los fallos a su favor y de los intentos de cobro, los contratistas siguen sin recibir el pago por su trabajo.
El trasfondo personal y judicial de Carlos Ramón González añade otra dimensión al caso. Nacido en Puente Nacional en 1958, González fue miembro del M-19 y jefe de Gustavo Petro en esa organización. Su carrera política incluye una curul en el Concejo de Bucaramanga, obtenida en medio de controversias y una condena por falsedad en documento privado, así como la fundación del partido Alianza Verde.
En 2023, al asumir la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, González declaró un patrimonio bruto de 12.508 millones de pesos en 2021. Su esposa, Luz Dana Leal, exdirectora de empleo en el Sena, reportó bienes por 8.300 millones.
Actualmente, González reside en Nicaragua, donde obtuvo asilo político. Para las autoridades colombianas, permanece prófugo y enfrenta una orden de detención por su presunta participación en el desfalco a la Ungrd, el mayor escándalo de corrupción de la administración de Gustavo Petro, mientras él sostiene su inocencia.
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