Asocapitales vuelve hacer un llamado para mejorar el hacinamiento carcelario en Colombia

La preocupación por el hacinamiento carcelario se mantiene entre entidades nacionales y locales, debido al incremento de la sobrepoblación en centros penitenciarios a lo largo del país.

En un encuentro realizado en Medellín para abordar el futuro del sistema carcelario, Andrés Santamaría, director de Asocapitales, expuso la urgencia de adoptar reformas integrales que permitan afrontar la crisis no solo desde el ámbito judicial también humanitario.

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Actualmente, Colombia cuenta con unos 80.000 condenados y cerca de 20.000 sindicados, quienes deben hacer frente a un hacinamiento promedio estimado en un 40% en instalaciones penitenciarias.

Ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Pasto figuran entre las más afectadas por esta situación, como destaca el informe recogido por Blu Radio.

Durante su intervención, Santamaría señaló la necesidad de modificar el esquema de financiamiento existente.

Explicó que “se requiere con urgencia replantear el modelo de financiamiento que obliga por igual a todos los municipios y entes territoriales a asumir los costos de un privado de la libertad, que pueden rondar hasta los 5 millones de pesos cada mes”.

Advirtió que no todas las entidades territoriales enfrentan la misma situación fiscal, por lo que urge desarrollar un mecanismo diferencial que tenga en cuenta la capacidad financiera, la tipología de los delitos y el perfil de los procesados que cada localidad atiende.

Entre las opciones que se están evaluando, Asocapitales ha propuesto fortalecer el sistema actual mediante mayor inversión, transferir la totalidad de la responsabilidad a la Nación o acudir a alternativas como alianzas público-privadas para priorizar obras de infraestructura.

“Hoy todas las ciudades terminan siendo responsables en condiciones iguales. Y yo creo que en esto hay unos temas diferenciales”, afirmó Santamaría.

Una experiencia referenciada por Santamaría es el proyecto de la Cárcel Metropolitana de Sindicados en Medellín, financiada a través de una alianza público-privada, con una inversión cercana a los 675.000 millones de pesos.

Esta iniciativa busca ampliar la capacidad penitenciaria y servir como modelo para futuras soluciones en otros municipios.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó en Bogotá un documento técnico que busca impulsar cambios urgentes en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

El anuncio se realizó el 17 de octubre de 2025 durante un foro que contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes de gobiernos locales, organismos de control y miembros del sector académico, quienes debatieron propuestas y alternativas de reforma.

De acuerdo con el comunicado emitido por la asociación, solo el 2% de las personas privadas de la libertad permanece en centros de reclusión municipales, distritales o departamentales, lo que evidencia la necesidad de repensar el modelo de gestión actual y atender la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios nacionales.

El sistema penitenciario colombiano enfrenta una crisis creciente de hacinamiento, evidenciando condiciones infrahumanas para quienes se encuentran privados de la libertad.

Según datos del Inpec al 23 de septiembre de 2025, la sobrepoblación carcelaria alcanzó el 28,6%, lo que representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales frente al año anterior. Esta realidad afecta tanto a cárceles formales como a centros de detención transitoria.

Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal, explicó que los centros de detención transitoria presentan los mayores niveles de congestión, albergando a más del doble de la población prevista en su diseño.

Escobar señaló la importancia de trabajar por la dignificación de las condiciones de vida de la población reclusa y recordó que la crisis carcelaria continúa siendo un asunto urgente para el país.

De acuerdo con el Inpec, existen 104.395 personas privadas de la libertad para una capacidad instalada de solo 81.139 cupos. El hacinamiento también golpea a las cárceles femeninas, con cifras como 40,85% en Bogotá y hasta 140% en el departamento del Cesar.

El Ministerio de Justicia reportó que, al 15 de septiembre de 2025, las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata presentan un nivel de hacinamiento del 142,56%, con 20.889 personas en espacios previstos para 9.687. Expertos advierten que estos lugares no están diseñados para estancias prolongadas, lo que agrava la problemática actual.