Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia advierte sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), bajo la rectoría de Jaime Alberto Rincón Prado.
El documento sostiene que la institución opera bajo un modelo que permitiría el acceso a recursos públicos mediante convenios educativos y contratos interadministrativos con escasa o nula supervisión estatal.
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“Una fachada académica”
Según la denunciante, exempleada de la universidad, la CUN “funciona como una fachada académica que sirve al gobierno para graduar personas y meterlas en la contratación pública, generando fraudes con recursos estatales”.
En su testimonio, la fuente —que pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad— afirma que “la mezcla de recursos públicos y privados crea una cortina de humo perfecta para inflar contratos, sobrecostear servicios o justificar ingresos ficticios”.
La denunciante pidió reserva de su identidad por temor a represalias, asegurando que dentro de la institución “el maltrato hacia los empleados es terrible y las amenazas son constantes”.
El documento también advierte que los convenios de la CUN con entidades públicas “no cuentan con auditoría suficiente” y que las autoridades de control no han intervenido de manera efectiva.
De acuerdo con la denunciante, al interior de la institución “es conocido que existen irregularidades, pero nunca se investiga”. Agregó que ha puesto los hechos en conocimiento de representantes a la Cámara.
Infobae Colombia se contactó con el Ministerio de Educación para conocer si había registro de denuncias formales relacionadas con la CUN. La entidad indicó que, hasta el momento, no cuenta con denuncias registradas sobre presuntas irregularidades en la institución, aunque señaló que continuará realizando seguimiento a cualquier reporte que se presente.
La situación descrita guarda similitud con el caso revelado en 2025 sobre la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero, en el que se denunciaron estructuras académicas que operaban como plataformas para acceder a fondos estatales mediante convenios interinstitucionales.
Un modelo de negocio cuestionado
En ambos casos, los señalamientos apuntan a universidades privadas que combinan programas académicos con contratos públicos, lo que, según los denunciantes, genera un espacio propicio para la falta de control fiscal y la opacidad en el manejo de los recursos.
La denunciante subraya que el modelo de la CUN no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón que involucra a instituciones de educación superior con poca acreditación y alta participación en convenios públicos. “Este modelo de negocio educativo es perfecto para el lavado de dinero y nadie los audita”, señaló.
En el caso específico de la CUN, el rector Jaime Alberto Rincón Prado ocupa el cargo desde 2008, año en que asumió la dirección tras la firma de un convenio con la institución. Desde entonces, la universidad ha suscrito múltiples contratos con entidades estatales.
En Cúcuta, por ejemplo, fue seleccionada en 2015 para evaluar a candidatos a la Personería, lo que generó críticas por la relación comercial entre Rincón Prado y Víctor Carrillo, entonces aspirante a la Alcaldía.
En Córdoba, la Asamblea Departamental la contrató para evaluar candidatos a la Contraloría regional, pese a que la institución había recibido más de $56.000 millones en recursos de regalías mediante convenios de ciencia y tecnología con la Gobernación.
Estas operaciones, según la denuncia, se enmarcan en una estructura donde los convenios interadministrativos se utilizan para justificar transferencias de recursos sin control directo, un fenómeno que las autoridades aún no han revisado a fondo.
Los vínculos empresariales del rector Prado
En paralelo, el rector Rincón Prado aparece mencionado en una investigación del medio digital Corrupción al Día, que documenta un proceso judicial en su contra iniciado en 2008 por presunta estafa y robo.
El caso fue interpuesto por el empresario caleño José Luis Malvehy, que lo acusó de haber incumplido un contrato de inversión y de haber provocado la quiebra de su empresa S3 Wireless Colombia.
El portal señala que el expediente ha pasado por las manos de al menos 12 fiscales sin que se haya producido imputación formal, entre ellos la actual vicefiscal y candidata a la jefatura de la Fiscalía General de la Nación, Martha Mancera. Según esa misma investigación, la Embajada de Estados Unidos habría remitido comunicaciones a la Fiscalía en 2017 para solicitar información sobre el caso.
Además, Corrupción al Día detalla que parte de los recursos obtenidos por Rincón Prado se destinaron a la creación del Grupo de Inversión Filigrana, que participó en sectores como la energía y la salud.
En 2017, su nombre volvió a aparecer como uno de los socios de la EPS Medimás, a través de la empresa Prestnewco SAS, una de las integrantes del consorcio Prestasalud. La entidad fue liquidada en 2022 tras acumular deudas superiores a $2 billones.
Infobae Colombia intentó comunicarse tanto con los representantes a la Cámara mencionados en la denuncia como con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) para conocer su versión sobre los señalamientos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de ninguna de las partes.
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