El último fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia marcó un nuevo capítulo en la crisis del sector energético colombiano. En la sentencia No. 170 de 2025, el alto tribunal resolvió una demanda interpuesta por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A. contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con vinculación de la empresa Air-e S.A.S., intervenida desde 2024 por su grave situación financiera.
Aunque el caso giraba inicialmente en torno a la deuda millonaria de Air-e con las compañías generadoras, transmisoras y térmicas, la decisión del Tribunal fue mucho más allá, cuestionó directamente la actuación del Gobierno nacional en materia regulatoria.
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El Tribunal declaró la nulidad de tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía —40307 del 5 de agosto, 40359 del 30 de agosto y 40409 del 30 de septiembre de 2024— al considerar que fueron emitidas sin competencia y con desviación de poder. Según la sentencia, el ministerio invadió funciones propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) al adoptar medidas regulatorias que no estaban dentro de sus facultades.
En consecuencia, el fallo ordena restablecer la legalidad administrativa en el sector, aunque negó el restablecimiento económico solicitado por ISA, Intercolombia y Transelca, al no demostrarse un perjuicio directo derivado de dichos actos.
La decisión también ratifica la legalidad de la Resolución No. SSPD 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024, mediante la cual la Superintendencia asumió la posesión de los bienes y negocios de Air-e. El Tribunal concluyó que la entidad actuó dentro de su competencia y descartó cualquier responsabilidad patrimonial del Estado.
El fallo envía un mensaje claro sobre los límites institucionales y la necesidad de decisiones equilibradas en el mercado energético. Así lo interpreta Julio César Vera Díaz, presidente de la Fundación XUA Energy y gerente general de Valjer Energy, que advirtió sobre los riesgos de las medidas improvisadas.
“Al tener no tener estas limitaciones creo que puede generar en un determinado momento que si no hay recursos se vean sometidas a las limitaciones y eso termine derivando en un posible, llamémoslo así, corte en el suministro a varias regiones del de la costa atlántica que ellos atienden”, dijo Vera Díaz en entrevista a Portafolio.
El experto destacó además que el fallo es una advertencia al Ejecutivo sobre la importancia de actuar con equilibrio técnico y legal. “Esto no es simplemente tomando decisiones que beneficie a una de las partes, sino que cualquier decisión que se tome debe ser equilibrada desde el punto de vista técnico, equilibrada desde el punto de vista legal y respecto digamos con el amplio respeto de la Constitución y la ley, que es lo que la Corte le está diciendo, que no se cumplió en este caso”, añadió.
La intervención de Air-e no logró frenar el deterioro financiero. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), con corte al 12 de septiembre de 2025, la empresa acumula una deuda de $1,4 billones:
- $900.000 millones con plantas térmicas,
- $300.000 millones con hidroeléctricas,
- y $200.000 millones con empresas de transmisión.
El pasivo sigue creciendo mientras la compañía permanece bajo control estatal. Desde su intervención pasaron cuatro interventores, sin que se vislumbre una salida clara.
“Por un lado, tenemos un tema de que no hay recursos para invertir y como no hay recursos para invertir, entonces tienes un tema de pérdidas muy graves, tienes un problema grande de poder hacer contratos a mediano o largo plazo de compra de energía, entonces te toca estar expuesto al mercado de bolsa”, explicó Vera Díaz.
Ante la falta de resultados, la Superintendencia de Servicios Públicos propuso un plan para nacionalizar Air-e, respaldado en un documento Conpes que contempla un capital público por $1,48 billones. La iniciativa busca garantizar la continuidad del servicio y estabilizar las finanzas de la empresa, pero genera controversia entre los expertos, que advierten sobre los riesgos de asumir una compañía con tanto pasivo.
El fallo del Tribunal de Antioquia no resuelve la crisis eléctrica de la Costa Atlántica, pero reordena las responsabilidades. Mientras el Ministerio de Minas recibe un llamado de atención por extralimitarse, la Superintendencia mantiene su papel legal en la intervención.
Entre tanto, el futuro de Air-e —y de miles de usuarios en la región— depende de que las decisiones que vengan estén guiadas por la transparencia, la técnica y la legalidad que el propio Tribunal acaba de exigir.
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