La Fiscalía General de la Nación informó al Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, que lideró la investigación contra Nicolás Petro Burgos ―hijo mayor del presidente Gustavo Petro―, no tiene investigaciones en curso por delitos relacionados con el narcotráfico.
El documento, conocido por La W, contradice las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que había señalado públicamente a Burgos Patiño de tener nexos con estructuras criminales.
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El informe fue elaborado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de un requerimiento judicial dentro de una acción de tutela interpuesta por Burgos Patiño contra el mandatario colombiano. En su comunicación, la Fiscalía respondió a la orden judicial que solicitaba verificar si el funcionario tenía vínculos o procesos asociados al narcotráfico.
“De acuerdo con la verificación, se informa que estas noticias criminales corresponden a delitos distintos a los relacionados con narcotráfico o estructuras delictivas vinculadas a dicho fenómeno. Situación que adicionalmente se constató y confirmó con los despachos fiscales a cargo de los mismos”, señala el oficio, firmado por Zeneida de López Cuadrado, coordinadora de la unidad correspondiente.
El oficio oficial, fechado el 20 de agosto de 2025, detalla que el fiscal Burgos Patiño figura únicamente en tres procesos activos relacionados con delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fraude procesal, todos derivados de denuncias interpuestas por la defensa de Nicolás Petro. Ninguno de estos casos tiene relación con actividades de narcotráfico o con organizaciones criminales.
En la comunicación dirigida al juzgado, la Fiscalía fue enfática al señalar que, tras la revisión en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), no se hallaron registros de investigaciones por narcotráfico en contra de Burgos. Además, anexó las certificaciones emitidas por los despachos fiscales responsables, confirmando que no existen actuaciones judiciales vinculadas con ese tipo de delitos.
Otro documento complementa la información, precisando que en el proceso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, liderado por Burgos, no figura el nombre del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Dentro de la investigación adelantada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, no figura el señor Sebastián Marset, ni se ha adoptado decisión de fondo alguna respecto de él”, señala el texto conocido por el medio citado.
La polémica rectificación de Gustavo Petro
El informe de la Fiscalía fue clave para sustentar el fallo del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar sus declaraciones públicas en las que acusó a Burgos de tener vínculos con la mafia. El tribunal determinó que tales afirmaciones vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad del funcionario.
“Prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia”, señala la sentencia, que también fue confirmada en segunda instancia.
En cumplimiento parcial del fallo, Petro publicó una rectificación en sus redes sociales durante la madrugada, aunque su mensaje incluyó expresiones sobre la supuesta “tensión institucional” entre los poderes públicos.
El mandatario escribió que existen decisiones judiciales que lo “obligan a hablar” y otras que le “impiden dirigirse al país”, advirtiendo sobre un posible “riesgo de censura institucional”. En el mismo mensaje, reconoció que “el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.
Los señalamientos del presidente Petro contra el fiscal Burgos se intensificaron desde que este último lideró la primera etapa de la investigación contra su hijo Nicolás Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante ese proceso, Burgos encabezó la diligencia de captura y la imputación de cargos, que incluyeron el testimonio en el que el hijo del presidente reconoció haber recibido dinero no reportado en la campaña presidencial de 2022.
La defensa de Nicolás Petro solicitó posteriormente la remoción de Burgos, alegando un supuesto impedimento, después de que la Comisión de Disciplina Judicial le formulara pliego de cargos por presuntas actuaciones irregulares, como la filtración de información reservada y presiones indebidas durante los interrogatorios.
Pese a esas denuncias, el fiscal ha defendido la legitimidad de sus actuaciones. En declaraciones previas, Burgos afirmó: “El único enemigo que hoy tengo es el presidente y el hijo del Presidente”, asegurando que su trabajo ha estado ceñido a la ley y a las competencias judiciales.
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