Estas son las polémicas de Bernardo Camacho, que sería el nuevo superintendente de Salud, como interventor de Nueva EPS

La publicación de la hoja de vida de Bernardo Camacho en la página de aspirantes de la Presidencia de la República marca el paso previo a su posible nombramiento como nuevo superintendente nacional de Salud, en reemplazo de Giovanny Rubiano García.

Este movimiento se produce luego de la reciente renuncia de Rubiano, que había asumido el cargo en noviembre de 2024 y deja la entidad menos de un año después.

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La salida de Rubiano fue formalizada el 14 de octubre, cuando la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que el funcionario presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro Urrego, comprometiéndose a realizar una entrega ordenada y eficiente de sus funciones.

Aunque no se han divulgado los motivos oficiales de su dimisión, fuentes cercanas sugieren que la solicitud de su retiro podría haber provenido directamente de la Presidencia.

En este contexto, el nombre de Bernardo Armando Camacho Rodríguez surgió como el principal candidato para liderar la Supersalud. Camacho es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional, con especialización en Gerencia de Servicios de Salud y una maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Su trayectoria en el sector público incluye más de tres décadas en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y, desde 2017, en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (Idcbis), en el que permaneció hasta 2023.

El 15 de noviembre de 2024, Camacho fue designado como agente interventor de la Nueva EPS, la mayor del país, con 11,7 millones de afiliados.

Su nombramiento generó críticas en su momento, ya que, según dos fuentes consultadas por El Espectador, consideraban “grave” su designación por la falta de experiencia administrativa. Una de las fuentes señaló: “El aseguramiento en salud requiere de personas idóneas y técnicas. Una EPS es un mundo diferente a la prestación (IPS) y a la investigación”.

Durante los más de ocho meses que Camacho lideró la intervención de la Nueva EPS, la Supersalud destacó avances como la transformación de la entidad hacia una mayoría de capital público, la implementación de un sistema de auditorías médicas y el inicio próximo de una auditoría forense internacional.

Sin embargo, persistieron críticas sobre el manejo de la EPS. Un diagnóstico interno reveló un deterioro acelerado en la atención a los pacientes: los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160% y los traslados entre hospitales tardan, en promedio, casi 20 horas más que el año anterior.

Además, durante la gestión de Camacho, no se presentaron de manera completa los estados financieros de 2023 y 2024, lo que impidió conocer el monto total de las obligaciones pendientes y dejó sin consolidar un informe financiero de la entidad, situación que podría haber influido en su salida.

En julio, Camacho aseguró que había superado la etapa de verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas detectadas en febrero de 2024, y que esperaba la aprobación de la contralora delegada para dar a conocer las cifras a finales de ese mes.

El valor de dichas facturas ascendía a $4,3 billones, correspondientes a servicios represados desde 2023 y años anteriores.

Además, aseguró que aguardaba la autorización de la contralora delegada para divulgar las cifras definitivas.

Entre los factores que explican los retrasos en los pagos, Camacho señaló que las transferencias a las IPS se realizaban “conforme a los promedios de radicación mensual de la facturación presentada y no por la facturación procesada y auditada que se registraba en la contabilidad”.

También advirtió que los archivos Rips (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) se eliminaban tras su inclusión en las bases de datos, lo que impedía la verificación oportuna de la información.

A esto se sumaba la carencia de soporte tecnológico adecuado para el procesamiento de facturas, lo que, según sus palabras, afectaba “la integridad de la información y los tiempos”.

Durante el periodo de intervención, la Contraloría denunció irregularidades en la Superintendencia de Salud, como el aumento de anticipos, la existencia de facturas sin revisar y cuentas sin pagar, hechos que se registraron entre 2022 y mediados de 2025.

El 22 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Laboral de Sogamoso impuso a Camacho una sanción de dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales por incumplir una sentencia judicial que protegía el derecho a la salud de un paciente de 75 años con cáncer.

El fallo exigía la entrega de medicamentos, insumos y la asignación de una enfermera durante las 24 horas. El juez Javier Andrés Chaparro fundamentó la decisión al afirmar que “hubo desidia y desatención no solo respecto al cumplimiento a la orden de tutela previamente ordenado, sino a los múltiples requerimientos que realizó este Despacho Judicial en desarrollo del presente trámite incidental”.

Además, el juez subrayó que el silencio de la intervención ante los cuatro autos enviados entre junio y julio evidenció “el desinterés de los incidentados en acatar las decisiones proferidas por esta Judicatura en prejuicio de los intereses iusfundamentales del señor Eccehomo Castillo Pulido”.

La hoja de vida de Camacho, publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, lo perfila como el próximo superintendente nacional de Salud, en un momento en que la Supersalud enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y la crisis de las EPS continúa sin resolverse.