La incertidumbre jurídica que rodea la consulta interpartidista del Pacto Histórico ha generado un escenario de confusión tanto para los candidatos como para el electorado, a solo once días de la votación programada para el 26 de octubre.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, señaló que la falta de claridad normativa y la ausencia de un pronunciamiento definitivo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) han dado lugar a interpretaciones divergentes sobre el alcance y las consecuencias de este proceso.
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En diálogo con Blu Radio, Barrios explicó que la consulta involucra a tres organizaciones políticas: la Unión Patriótica (UPE), el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, que presentaron en coalición las candidaturas de Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.
La habilitación de esta alianza se produjo tras una tutela que permitió su inscripción bajo la figura temporal del Pacto Histórico como una sola organización política.
Sin embargo, la posterior ausencia de una ratificación clara por parte del CNE ha dejado en suspenso la personería jurídica definitiva de la coalición, generando, según Barrios, “múltiples interpretaciones y una inseguridad jurídica que afecta tanto a los candidatos como a los votantes”.
Barrios subrayó que la tarjeta electoral que se pondrá a disposición de los ciudadanos especifica que se trata de una consulta para elegir al candidato presidencial de la coalición, presentando las tres candidaturas mencionadas.
“Lo que uno entiende entonces, como ciudadano, al leer esa tarjeta, es que le están consultando sobre el candidato que va a la presidencia de la República por parte del Pacto Histórico o los partidos que conforman la alianza del Pacto Histórico”, explicó.
La experta señaló que la falta de respuesta oportuna del CNE ha contribuido a la confusión. Según la directora de la MOE, si el Consejo hubiera respondido dentro del plazo de diez días que él mismo se fijó mediante resolución, aclarando los alcances y efectos de la consulta, se habría evitado la actual incertidumbre.
“La primera responsabilidad de la falta de claridad que hoy estamos frente a la consulta de las organizaciones que están en la sombrilla del Pacto Histórico es del Consejo Nacional Electoral”, aseguró Barrios, aunque también señaló que el Presidente de la República tiene responsabilidad por haber tomado decisiones contrarias a las del Comité Político de las organizaciones involucradas.
En relación con la renuncia de Daniel Quintero a la consulta, Barrios explicó a Noticias Caracol que la Ley 1475 de 2011 establece que los partidos con personería jurídica pueden participar en consultas, y que los grupos significativos de ciudadanos pueden hacerlo tras la verificación de firmas por parte de la Registraduría.
En este caso, las tres organizaciones políticas presentan tres candidaturas, y cualquier precandidato puede retirarse legítimamente de la contienda. Sin embargo, la directora de la MOE enfatizó que renunciar a la consulta no le permite a Quintero buscar aval por otra organización política ni salir a recoger firmas como candidato independiente.
“Al retirarse de la competencia electoral, el precandidato debe cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la consulta. Es decir, puede renunciar, pero tiene que respetar la decisión tomada en la consulta que se haga el próximo 26 de octubre y no podría presentarse por ninguna otra organización política o grupo significativo de ciudadanos, de acuerdo con lo que dice la Ley 1475”, aclaró Barrios.
La directora de la MOE destacó que esta situación genera preocupación no solo por la confusión que enfrenta el electorado, sino también por los derechos políticos de los precandidatos, que quedan condicionados a los términos de la consulta.
Barrios insistió en que la resolución de estas dudas depende de un pronunciamiento de fondo del CNE sobre la personería jurídica de la coalición, lo que permitiría “tener una certeza por lo menos de futuro y no tener que llegar a una tutela en medio de la incertidumbre”.
Mientras tanto, tras la renuncia de Quintero, los otros dos precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, han confirmado que continuarán en la contienda, asegurando que la coalición sigue activa y que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en la consulta.
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