Se ha convertido en paisaje que, en medio de operativos policiales en Bogotá principalmente, las autoridades encuentren bares que funcionan irregularmente bajo la figura de sindicato, lo que ha puesto en el centro del debate la falta de control a este tipo de beneficios a esas asociaciones de trabajadores.
A propósito, las autoridades distritales y nacionales de la capital colombiana se reunieron en la tarde del martes 14 de octubre para abordar las dificultades en la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio que operan amparados bajo la figura de sindicatos.
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La convocatoria fue realizada por el personero de Bogotá, Andrés Castro, que explicó que el encuentro busca coordinar acciones que permitan intervenir estos negocios, dado el incremento de situaciones irregulares en varias localidades de la ciudad.
Durante la mesa de trabajo, Castro señaló la identificación de al menos 20 establecimientos en dos localidades donde se evidenció la presencia de menores de edad, tenencia de sustancias psicoactivas y armas blancas.
El personero destacó que estos casos ilustran los problemas derivados del funcionamiento sin controles adecuados. El pasado 24 de agosto, por ejemplo, se encontró a 20 menores de edad dentro de un “bar sindicato” ubicado en la zona de Primera de Mayo, hecho que alertó a las autoridades.
Según el relato de Castro recogido por El Espectador, la principal preocupación radica en el uso irregular de la figura sindical. Los sindicatos, definidos legalmente como asociaciones de trabajadores que promueven y defienden derechos laborales, poseen sedes bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, la ausencia de operativos sistemáticos por parte de las autoridades locales ha permitido que estos lugares realicen actividades comerciales —prohibidas por la ley para las sedes sindicales— sin cumplir con horarios, regulaciones ni restricciones, lo que facilita la comisión de ilícitos.
Las localidades que concentran el mayor número de bares ilegales relacionados con sindicatos son Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo. Residentes de estos sectores han elevado reiteradas denuncias por problemas derivados del ruido, expendio y consumo de alcohol y drogas, además de reportar casos de prostitución.
El fenómeno ha generado un cruce de responsabilidades entre entidades distritales y nacionales, lo que, según la concejala Diana Diago, se traduce en quejas no resueltas.
“La Secretaría de Ambiente hace las mediciones de ruido, pero la licencia la otorga Planeación; las inspecciones corresponden a la Secretaría de Gobierno, y los sindicatos dependen del Ministerio de Trabajo”, señaló la cabildante, citada por el medio, al detallar la fragmentación institucional que dificulta el abordaje eficiente del problema.
De acuerdo con datos respaldados por la concejala Diago, del Centro Democrático, se han presentado al menos 26 quejas formales contra estos bares, sin respuesta efectiva hasta la fecha.
La concejala afirmó que la estrategia jurídica y legal impulsada junto con la comunidad de Chapinero busca que se tomen medidas que garanticen tranquilidad a los residentes. No obstante, resaltó que actualmente no existe normativa distrital que ampare a las comunidades frente a las vibraciones y otras afectaciones generadas por bares y discotecas.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró, en declaraciones consignadas durante el encuentro, que han precisado a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana que “ninguna figura legal, ni siquiera la sindical, puede ser utilizada para impedir que la fuerza pública cumpla con su deber de inspeccionar y garantizar el cumplimiento de la normativa en los establecimientos de comercio”.
Sanguino añadió que la Oficina de Archivo Sindical de la entidad custodia la documentación de los sindicatos, pero no certifica las actividades económicas que se realicen bajo la figura sindical, en virtud de la libertad de asociación. El ministro también expresó su disposición para respaldar futuras intervenciones y fortalecer la inspección sobre organizaciones sindicales que no cumplan la reglamentación laboral.
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