Jota Pe Hernández lanzó dura advertencia a Guillermo Alfonso Jaramillo, por campaña de Gustavo Petro en 2022: “El país tiene derecho a saber”

Al igual que otros miembros de los partidos de oposición, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, ha denunciado las aparentes irregularidades frente a la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, en 2022. En un expediente que reposa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin mayor avance.

Durante su intervención en la Comisión Primera del Senado, Hernández reiteró sus denuncias públicas respecto a supuestas irregularidades financieras que, según sus palabras, “aún deben esclarecer las autoridades judiciales del país”. Este episodio, detallado por Infobae y otros medios nacionales, ha impulsado investigaciones que continúan generando repercusiones en el ámbito político colombiano.

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Ante la Comisión Primera, Hernández expuso la que considera una de las irregularidades más sensibles de la contienda electoral pasada: la presunta recepción de recursos de origen dudoso en la campaña de Petro. El senador presentó como fuente central las afirmaciones de Nicolás Petro, hijo del mandatario, ante la Fiscalía General y la prensa, y advirtió sobre presunta financiación ilícita.

El legislador oficializó la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, órgano responsable de investigar a los presidentes por posibles actos ilícitos antes o después de su elección, y solicitó la apertura de un expediente que incluyera el testimonio del primogénito del mandatario y el de otros testigos que participaron en los eventos electorales descritos en detalle por diferentes fuentes de información.

El senador centró también su intervención en otra denuncia relevante: el posible uso indebido de recursos por parte de senadores afines al Pacto Histórico para apoyar la campaña presidencial. De hecho, detalló que en octubre de 2023 interpuso una queja ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por lo que sería fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

En denuncia, adjuntó documentos que constatan cómo se declararon gastos personales de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) que, en realidad, habrían sido destinados a actividades proselitistas. A su vez, indicó que “el país tiene derecho a saber si la máxima autoridad incurrió en una falta tan grave”, tratándose -ni más ni menos- que del jefe de Estado y su investidura.

Y aseguró que aportó material probatorio, incluyendo extractos de planillas de vuelos y contratos de transporte, para sustentar su acusación sobre el supuesto reporte de $1.215 millones de pesos por trayectos que, según él, nunca fueron utilizados por los legisladores. La denuncia también involucró a Jaramillo, actual ministro de Salud, por su rol como exgerente de la campaña del Pacto Histórico.

Durante su intervención, el congresista enfatizó la importancia de que la justicia actúe y entregó un mensaje directo al ministro. “Jaramillo tendrá que responder ante la justicia y el Pacto Histórico tendrá que regresar ese dinero que es de los colombianos”, expresó Hernández. Y añadió que junto a su abogado Holman Ibáñez seguirán el proceso hasta que existan consecuencias para los responsables.

Frente a este caso, es oportuno decir que dirigencia del Pacto Histórico ha respondido a las afirmaciones de Hernández, calificándolas como una maniobra política, y defendió la legalidad de los gastos reportados. A pesar de ello, el caso permanece en etapa preliminar y la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de avanzar hacia una investigación formal sobre los hechos denunciados.

El que aún no se ha pronunciado sobre el particular es, justamente, el primer mandatario: al que le restan 296 días en el poder, pero que en ocasiones anteriores ha insistido en su defensa, al considerar que las inconsistencias evidenciadas, entre otros, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), están relacionadas con una especie de persecución contra su proyecto político.