La llegada ilegal de indígenas a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá obligó a las autoridades a implementar medidas para garantizar la continuidad de las actividades académicas en la institución de educación superior pública más importante del país. Adicionalmente, las medidas buscan atender las demandas de los manifestantes que se encuentran asentados en el campus universitario.
El ingreso de los manifestantes, pertenecientes al Congreso de los Pueblos, se produjo durante la madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, cuando accedieron al campus sin autorización formal y se instalaron en la concha acústica del recinto. El personal de vigilancia notificó de inmediato a la Vicerrectoría de sede, que contactó a entidades estatales como el Ministerio Público, los ministerios del Interior y Educación, y la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de coordinar una respuesta institucional ante la contingencia.
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“Pasadas las 6:30 a.m., este grupo, que se identificó como el Congreso de los Pueblos, ingresó sin autorización al campus y se dirigió a la Concha Acústica, dónde se instaló, anunciando que en el transcurso de la jornada se sumarían para pernoctar en el campus unas 2.000 personas, provenientes de diversas regiones del país, para participar en una movilización nacional”, se lee en el pronunciamiento de la Universidad Nacional.
La reunión de las entidades dejó como conclusión la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para el monitoreo de las manifestaciones que se desarrollaran en la ciudad a partir del 14 de octubre. Con la medida, las autoridades pretenden garantizar el derecho a la protesta de los miembros de las comunidades indígenas, así como el derecho a la educación y a la movilidad de los ciudadanos ajenos a la movilización.
El objetivo de la medida es anticipar posibles afectaciones al orden público que puedan comprometer el desarrollo de las actividades al interior de la universidad, así como la integridad de estudiantes, especialmente de los menores de edad, que adelantan su formación profesional en la institución.
La cartera fundamentó la instalación del PMU en el Decreto 053 de 2023, que protege el derecho a la protesta social sin afectar la libre movilidad ni los procesos internos de la universidad y de la ciudad. Este marco jurídico también establece mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de los manifestantes y de terceros, así como la prevención de actos violentos o daños a bienes públicos y privados.
“Esta movilización que tendrá lugar a partir del martes 14 de octubre, no interrumpa el ejercicio académico desarrollado en el claustro universitario y amparados en el Decreto 053 de 2023 se pueda garantizar la protesta social, sin afectar la libre movilidad o los procesos que se desarrollen aquí y en toda la ciudad”, indicó el Ministerio del Interior.
Del PMU harán parte delegados del Gobierno nacional, la Administración distrital, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá. Sumado a esto, la Policía Nacional también participará de la medida, con el fin de evitar afectaciones a la infraestructura pública a nivel nacional.
De acuerdo con voceros de la organización indígena, su presencia en la capital tiene como objetivo exigir protección estatal y denunciar la violencia que afecta a sus territorios, donde operan grupos armados al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Organizaciones sociales y comunitarias de todo el país llegamos hoy a Bogotá, a la sede de la Universidad Nacional, para instalar un Refugio ante la Emergencia Humanitaria que sufrimos en los territorios que habitamos. Colombia vive una Emergencia Humanitaria por la violación sistemática de DD HH y un proceso genocida contra movimientos sociales, sus líderes y lideresas”, indicó el colectivo indígena a través de sus redes sociales.
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