
El salario mínimo en Colombia podría superar el $1.700.000 en 2026, una cifra que marcaría un hito en la historia reciente del país y que ya genera un intenso debate sobre sus posibles repercusiones económicas y laborales. La negociación de este ajuste se hará en un contexto político y electoral que anticipa un aumento de doble dígito, con efectos que trascienden el simple incremento en los ingresos de los trabajadores formales.
Las estimaciones actuales señalan que, si el Gobierno decreta un alza del 10%, el salario básico mensual pasaría de $1.423.500 a $1.565.850. A esto se sumaría el auxilio de transporte, que subiría de $200.000 a $220.000, lo que elevaría el ingreso mínimo legal de un trabajador formal a $1.785.850.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la política oficial seguirá priorizando incrementos por encima de la inflación: “Vamos a mantener la tendencia de los últimos tres años, con aumentos reales del salario mínimo”, declaró tras la última junta del Banco de la República, del 30 de septiembre.

Por otro lado, un análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá revela que en los últimos cuatro gobiernos el mayor aumento real del salario mínimo se registró en el último año de cada mandato. Si este patrón se repite, el ajuste podría superar el 12%, lo que representaría un incremento real cercano al 7%, un nivel que no se observaba desde hace cuatro décadas.
El reporte del banco advierte que “existe una alta probabilidad de un aumento desbordado del salario mínimo, apuntándole a $1.600.000 millones en 2026, consistente con un ajuste de12,4%”.
Desafíos para la economía colombiana
Dicho escenario de incremento salarial plantea desafíos para la economía colombiana, de acuerdo con un análisis de Forbes. El medio anotó que un aumento de tal magnitud elevaría de manera temporal el ingreso de los trabajadores formales, pero también implicaría mayores costos para las empresas y podría dificultar el cumplimiento de la meta inflacionaria del Banco de la República por sexto año consecutivo.
Por eso, destacó que un ajuste real de 7 puntos porcentuales (pp) podría frustrar los esfuerzos del banco central para controlar la inflación, que cerró en 5,18% anual en septiembre de 2025, según el Dane.

Posibles efectos en el mercado laboral
Así las cosas, la opinión de los expertos cobra especial relevancia. El estratega de inversiones en Sura Investments, Mauricio Guzmán, advirtió al medio sobre las limitaciones que un alza de estas características impondría a la política monetaria.
“Posiblemente no haya más recortes de tasas este año”, señaló Guzmán al referirse a un escenario en el que el salario mínimo crece al 10% y la inflación se mantiene en torno al 5%. Según el analista, la situación prolongaría el costo financiero tanto para los hogares endeudados como para las empresas.
Desde la academia, el profesor de la Universidad de los Andes David Pérez-Reyna puso el foco en las consecuencias para el mercado laboral. “Si es más caro contratar, las empresas van a emplear menos trabajadores y muchos terminarán en la informalidad. Una medida diseñada para beneficiar a los más pobres puede terminar afectándolos”, afirmó.
La advertencia resalta el riesgo de que un aumento importante del salario mínimo, lejos de mejorar la situación de los sectores más vulnerables, termine ampliando la brecha de informalidad laboral, que es cercana al 60% de la población en capacidad de trabajar.

Alcance real y lo que dice la ley
El alcance real del ajuste también merece atención. En Colombia, tres millones de trabajadores perciben el salario mínimo, mientras que la mayoría recibe menos o se encuentra en la informalidad. Aunque el aumento beneficiaría de forma directa a un grupo reducido, los efectos se propagarían a toda la economía: elevaría los costos de contratación, presionaría la inflación y podría debilitar el empleo formal, según el análisis de Forbes.
Se debe tener en cuenta que el marco normativo establece que la Corte Constitucional exige que el ajuste salarial cubra, como mínimo, la inflación, y que la productividad se utilice como referencia adicional. Sin embargo, en un año electoral, la presión política para decretar un aumento significativo será un factor determinante en la negociación.
Las advertencias de Guzmán y Pérez-Reyna coinciden en señalar que un alza de doble dígito en 2026 consolidaría un incremento histórico del salario mínimo, pero también dejaría al país frente a un escenario de mayores tensiones inflacionarias, menor dinamismo en el empleo formal y un margen de maniobra más estrecho para la política monetaria, justo cuando Colombia necesita señales claras de estabilidad.
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