La JEP dio nuevos detalles del expediente contra el general (r) Henry Torres, investigado por más de 300 ejecuciones extrajudiciales en Casanare

El reconocimiento de responsabilidad por parte del general (r) Henry William Torres Escalante en 318 casos de ejecuciones extrajudiciales en Casanare ha sido catalogado un hito en el proceso de justicia transicional en Colombia.

Sin embargo, para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este paso, aunque relevante, resulta insuficiente y requiere mayor profundidad. Así lo expresó el magistrado Óscar Parra Vera en entrevista con la revista Cambio, al destacar que el aporte de Torres Escalante es “significativo, pero debe seguirlo ampliando”, en referencia a la necesidad de un reconocimiento más pleno y detallado de su papel en la estructura criminal que operó en la Brigada 16 del Ejército.

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El proceso ante la JEP ha puesto de manifiesto tanto los avances como las limitaciones del reconocimiento de Torres Escalante. Según explicó Parra Vera al diario nacional, el excomandante admitió haber instrumentalizado su cargo para dirigir una organización dedicada a satisfacer las exigencias de bajas en combate impuestas por sus superiores.

Torres Escalante reconoció haber utilizado expresiones que presionaban a sus subordinados, haber impuesto competencias entre unidades y haber facilitado medios y estrategias para encubrir los crímenes.

No obstante, el magistrado señaló que, aunque el general reconoció la mayoría de estas conductas, inicialmente negó toda responsabilidad y solo posteriormente aceptó una posible omisión en su control. Fue a través del proceso restaurativo que finalmente se identificó como líder de la organización criminal, llegando a admitir el uso de frases como “un bandido con un radio ya es objetivo militar”.

A pesar de estos avances, la Sala de Reconocimiento de la JEP identificó inconsistencias y deficiencias en el relato de Torres Escalante. El magistrado Parra Vera detalló a Cambio que el general tiende a negar su instrumentalización de los grupos especiales Delta y su intervención en el Gaula y el Batallón de Infantería 44 Ramón Nonato Pérez (Birno 44) para la comisión de asesinatos.

Torres Escalante atribuyó los crímenes a la iniciativa de los tenientes al mando de estos grupos, aunque reconoció haber recibido reportes de personas asesinadas sin armas y haber solicitado informes falsos para encubrir hechos.

“Admite que pidió en una ocasión al director del DAS enviarle un informe falso que señalara a algunas víctimas de pertenecer a la guerrilla para encubrir un hecho y que usaba expresiones que privilegiaban la presentación de muertes en combate sobre otro tipo de resultado”, señaló el magistrado.

Además, admitió haber privilegiado la presentación de muertes en combate sobre otros resultados y haber presionado a sus tropas para obtener bajas, lo que, según la Sala, evidencia su rol central en la estructura criminal, incluso en los aspectos que pretende minimizar.

El papel de otros altos mandos militares también ha sido objeto de escrutinio. El teniente coronel (r) Henry Acosta Pardo, que comandó el Birno 44 entre diciembre de 2006 y junio de 2008, fue señalado por la JEP como responsable de un aumento drástico en las bajas ilegítimas, que pasaron de 28 a 75 durante su gestión.

Acosta Pardo consolidó grupos especiales dedicados a la presentación de bajas en combate, impartió órdenes directas para cometer asesinatos, dispuso de recursos y personal para ejecutar estos crímenes y estableció incentivos y presiones para asegurar resultados. Además, ordenó archivar investigaciones administrativas y promovió la producción de documentación falsa para encubrir los hechos.

En el caso de Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare entre junio y octubre de 2007, la Sala determinó que, de 83 personas reportadas como bajas en 60 operaciones, 82 fueron asesinadas de manera ilegítima, y 49 de ellas fueron presentadas como NN. Soto Bracamonte controló una suborganización criminal dentro del Gaula, coordinó la selección de víctimas mediante engaños y reclutadores, y dispuso la ejecución y el encubrimiento de los crímenes. Utilizó fondos reservados, superiores a 150 millones de pesos de la época, para garantizar la continuidad de la práctica y amenazó a quienes se negaron a participar.

Las modalidades de los crímenes incluyeron la selección de víctimas en estado de indefensión, el uso de engaños para llevarlas al lugar de los hechos, la ejecución de asesinatos y la posterior manipulación de pruebas y documentación. Los incentivos para los perpetradores iban desde viajes al exterior hasta calificaciones y cursos, mientras que las amenazas y traslados se emplearon como castigo por la falta de resultados. El encubrimiento se completaba con la producción de informes falsos y la desaparición de la identidad de las víctimas.

La JEP también imputó crímenes de guerra, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según relató Parra Vera a Cambio, durante el proceso restaurativo y la Audiencia de Reconocimiento de 2023, familiares de víctimas insistieron en que se reconocieran los sufrimientos físicos y psíquicos infligidos antes de la muerte.

Aunque la Sala no encontró pruebas suficientes para calificar la tortura como una práctica generalizada, sí evidenció casos en los que se ejerció una violencia que superó toda condición de humanidad, reduciendo la capacidad de defensa de las víctimas.

El proceso restaurativo en Casanare ha estado lleno de tensiones y fracturas. El magistrado Parra Vera reconoció que algunas víctimas manifestaron su descontento y, en momentos críticos, incluso consideraron retirarse de la JEP.

Estas voces críticas se reflejaron en el documental “Siembras de Impunidad”, que cuestiona la verdad revelada y el modelo de justicia restaurativa. A pesar de las dificultades, la participación de las víctimas ha crecido de cerca de 20 al inicio del proceso a unas 610 en la actualidad, y organizaciones como la Asociación Casa Paz han fortalecido los espacios de encuentro y diálogo.